Las empresas salmoneras han negociado sus millonarias deudas con los bancos, y no aceptan más regulación para que cumplan las leyes laboral, ambiental y sanitaria. En tanto, el Ministro de Economía ha comunicado al Senado que las prioridades son legislar otros 4 proyectos y en vista de la oposición ciudadana y de empresarios locales, le ha quitado interés a las modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura que privatizan el mar y favorecen a una cuestionada industria.
Los parlamentarios consideraron que dicha disposición vulnera la garantía constitucional del derecho a la intimidad y privacidad de las personas.
Un contundente rechazo le dio el Senado, en el último trámite legislativo, al informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que regula la tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos, que entre otras medidas permitía que los fiscales del Ministerio Público pudieran solicitar a las compañías telefónicas, sin autorización judicial previa, datos sobre el tráfico de llamados de sus clientes.
2 /11/2009. Con el fin de iniciar su discusión en la Comisión de Gobierno Interior -que preside el diputado Germán Becker (RN)- se recibió al Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien expuso los fundamentos que sustentan la iniciativa con esta nueva institucionalidad, cuyo fin es el diseño, coordinación e implementación de la Política Nacional Indígena.
Viera Gallo: "para ser efectivos los derechos que entrega la legislación a favor de los indígenas es necesario “que ellos se inscriban en el registro indígena y participen de una comunidad”. (sic)
En la foto se ve a Enrique Correa ¿Asesor de Viera Gallo?
Luego de una maratónica votación de 1.048 indicaciones , en el marco de un acuerdo político entre el gobierno, la Concertación y la Alianza, la Comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales del Senado aprobó en la madrugada del miércoles, 4 instituciones ambientales: la Ley que crea el Ministerio y la Superintendencia ; los Servicios de Evaluación Ambiental, y el de Biodiversidad y Áreas Protegidas; dejando además espacio y voluntad política para la tramitación y aprobación de Tribunales Ambientales en los meses que restan del presente gobierno.