El diputado Hugo Gutiérrez, quien fue elegido de forma unánime por sus compañeros, agradeció su designación y dijo que “este reconocimiento que me hacen todos los integrantes de esta comisión, sólo me lleva a desempeñar de manera adecuada esta labor que se me ha otorgado y espero ser digno de todo el apoyo que este día se me ha dado”.
El parlamentario del Partido Comunista (PC) dijo además que esto significa para él un reconocimiento a la lucha que ha desarrollado por la defensa de los derechos humanos en Chile y adelantó que sus prioridades serán avanzar en proyectos que están pendientes como el del defensor del ciudadano.
La privatización del mar y el borde costero nacional es lo que un grupo de parlamentarios de la Concertación alega ocurrirá, con la aplicación del punto que permite constituir hipotecas de las concesiones acuícolas y que está contenido en el proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura. Por ello, en los próximos días, anunciaron que enviarán al Tribunal Constitucional un requerimiento en contra de dicha norma.
Dirigente afirma que el sector requiere, además, inversiones por entre US$ 500 millones y US$ 600 millones.
Nueva normativa en la industria salmonera elevaría en 30% los costos de producción
"Nos queda un trabajo tremendo todavía por hacer, que es toda la regulación que emana de la nueva ley".
Categórico es César Barros, presidente de SalmonChile, gremio que reúne a la industria acuícola, al analizar el futuro del sector, luego de la aprobación por parte del Congreso de la Ley de Pesca y Acuicultura. La nueva ley, que actualmente está siendo revisada por la Contraloría, instaura nuevas exigencias ambientales y refuerza las facultades de fiscalización, entre otras materias.
El senador PPD Guido Girardi en conversación con Radio Bío-Bío anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional tras la aprobación de las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
El punto conflictivo en dichas modificaciones a la ley es el que promueve la constitución de hipotecas con lo cual se cae, según el senador, en la inconstitucionalidad.
Con plazo para realizar indicaciones hasta el lunes 12 de abril, al mediodía quedó el proyecto, en primer trámite, que permitirá a las empresas constituir garantías mediante instrumentos financieros para el cierre de faenas mineras.