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22.06.10

PERU. La consulta previa y sus enemigos. Las insólitas opiniones del antropólogo de IEP Jurgen Golte



Nota: Reproducimos articulos de prensa peruana que exponen una nueva e insólita argumentación contra la consulta previa y el Convenio 169. Si Ud creía que lo habia escuchado todo vea aqui:

“Ley de Consulta Previa menoscaba la autoridad del Estado peruano”.Norma debería ser observada por el Ejecutivo, de lo contrario inversiones en minería se frenarán.
La Ley de Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Pleno del Congreso de la república, menoscaba la autoridad del Estado ya que les brinda la posibilidad de vetar cualquier proyecto que no deseen en sus jurisdicciones, advirtió Jurgen Golte, antropólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

“La palabra consentimiento incluida en el artículo 3 de la ley da a entender que la población tiene que aceptar o rechazar determinada consulta, ese es el meollo del problema porque da mucho poder a las comunidades indígenas cuando es el Estado quien tiene la supremacía en todas las decisiones que se adopten en cuanto a inversiones y claro de las riquezas naturales existentes en el subsuelo”, manifestó a EXPRESO.

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01.03.08

PARAGUAY. Mayoría de ONG trabajan al margen de las leyes indígenas

Categorías: Paraguay, Indigenismos, ONGs

La mayoría de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que asisten a indígenas activan en forma ilegal debido a que no informan ni rinden cuenta al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), tal como establecen la Ley 904/81 y el Decreto 8545/06. Las entidades privadas reciben miles de dólares a nombre de los nativos; sin embargo, estos cada día viven en la extrema pobreza.

Más de un indígena trató en su momento de “chupasangres” a las ONG que trabajan en nuestro país; y tal afirmación surgía de la realidad que atravesaban. Nos decía el nativo: “Nosotros vivimos sumidos en el hambre y ellos viven en camionetas 4 por 4 a costilla nuestra”.


De acuerdo al registro del Indi, en nuestro país activan más de 40 organizaciones no gubernamentales (ver infografía), pero solo tres entidades, la Asociación de Servicios de Cooperación Indígena Menonita (ASCIM), Grupo de Apoyo a los Totobiegosode (GAT) y el Servicio de Asistencia al Indígena (SAI) cumplen el requisito de informar sus actividades al Indi.


LA LEGISLACION

La Ley 904/81 dice claramente que una de las funciones del Indi será “coordinar, fiscalizar y evaluar las actividades indigenistas del sector público y privado” (Art. 32). El Decreto 8.545/06 crea, en cambio, el registro de liderazgo y personería jurídica, de inmuebles, organizaciones indígenas e indigenistas, dependiente del Instituto Paraguayo del Indígena. Esta instancia es para “establecer un sistema de información de proyectos y actividades realizadas a fin de facilitar la aplicación de políticas de Estado referentes a los pueblos indígenas en cuanto a la seguridad jurídica de la tierra, seguridad alimentaria, ingreso, educación y salud, de comunidades indígenas y la coordinación de actividades públicas y privadas”.

El decreto aparece como una reglamentación del artículo 32. Establece, además, que el Registro de Liderazgo y Personería Jurídica dependerá del Indi y luego dispone una serie de requisitos obligatorios que deben cumplir las ONG para trabajar con los nativos. Por ejemplo, deben informar al Indi de su personería jurídica, los títulos transferidos a los indígenas y los adquiridos para ellos con las referencias como N° de finca, padrón, ubicación y distrito, entre otros datos.

Igualmente, se establece la inscripción de la organización indígena, naturaleza jurídica y datos del Registro de las Personas Jurídicas, el domicilio, área de influencia, directivos, duración de mandato y objetivos, acompañando copia de la escritura de constitución y los estatutos.

En otro artículo se establece que las ONG y las entidades que realizan actividades relacionadas con pueblos o comunidades indígenas presentarán al Instituto Paraguayo del Indi un informe inicial o informes semestrales de las actividades que realizan. El informe inicial deberá contener el área temática de intervención: defensa legal, apoyo a la seguridad alimentaria e ingreso según corresponda, educación, salud y otros. Los informes semestrales, en cambio, deben contener datos de las evaluaciones y monitoreos efectuados, cuadro demostrativo de los resultados con relación a los objetivos y otros requisitos.


Y finalmente, establece que las instituciones públicas darán participación activa al Indi en la preparación, monitoreo y evaluación de planes y programas en materia indigenista, teniendo en cuenta los lineamientos de política y la visión de los indígenas afectados. La vigencia de este decreto fue comunicada a las organizaciones que trabajan con los indígenas el pasado 8 de enero de 2007; sin embargo, solo las tres ONG mencionadas más arriba cumplieron el requisito.


En la nota remitida estableció un plazo de 60 días para remisión de los datos, pero la mayoría hizo caso omiso a este requisito. Los indígenas, que conformaron organizaciones para reivindicar reclamos o gestionar fondos, también deben registrarse y no cumplen con la ley.

La negativa de las ONG y de los mismos nativos son ejemplos de la falta de política indígena para enfrentar sus necesidades.
Lo ideal sería distribuir los trabajos y no generar interminables conflictos. Hasta el momento, el mayor interés es el aseguramiento de la tierra. Y en algunos casos hasta prolongan el drama de los nativos al obligarlos a no aceptar las propuestas que no son del agrado de los asesores. Pero así como hay reclamos de tierra, hay comunidades que necesitan acompañamiento productivo para salir de la miseria y también deberían preocupar a las ONG.

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Facsímil de las organizaciones indígenas que también deben informar sus objetivos al Indi para coordinar actividades.

19.01.08

COLOMBIA. Sobre la “oenegización” del movimiento social

Categories: Colombia, ONGs

Transcurrían los primeros años de la década de los 80 cuando el Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Socorro y San Gil (SEPAS), con recursos de la agencia de cooperación alemana Missereor, contrató un promotor (tal era el nombre que recibían los funcionarios de la entidad en aquellos años) como presidente del Sindicato de Campesinos Fiqueros de Santander (Sintraprofisan). Muy pronto, otros funcionarios pagados por SEPAS presidieron las organizaciones campesinas de tabacaleros (Agrotabaco), jóvenes (Ajusan), mujeres (Asomujer), campesinos sin tierra de Charalá, y finalmente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Campesinas del Sur de Santander “El Común”. Estos funcionarios orientaban y representaban a cientos de campesinos santandereanos, en un extraño sincretismo que no permitía saber dónde terminaba la organización campesina y dónde empezaba la Ong.

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31.07.05

NICARAGUA. ¿Por qué hay tan poca movilización social? (William Grigsby)

Categories: Nicaragua, ONGs

A pesar de que han ocurrido y ocurren tantas tragedias sociales en Nicaragua, los tres últimos gobiernos han gozado de bastante estabilidad social. ¿Qué queda de la organización popular de hace unos años? ¿Por qué la apatía de hoy, por qué tanta desmovilización social? Son muchas las respuestas, todas entrelazadas.

Una de las mayores experiencias de participación, organización y capacidad de decisión del movimiento social en la historia de América Latina ha sido la Revolución Popular Sandinista. No se puede explicar ni su triunfo ni sus logros ni su imbatible resistencia frente a la descomunal agresión militar de Estados Unidos sin aquellos contingentes de pobladores, obreros, campesinos, mujeres y jóvenes disciplinadamente organizados para defender lo suyo y a los suyos. 26 años después, ¿qué queda de aquellas organizaciones populares y de su capacidad de movilización? ¿Qué nos ha pasado? ¿Hemos perdido la conciencia? ¿Nos cansamos de luchar? ¿Tanto nos han decepcionado la democracia y sus portavoces políticos? ¿Tan poco nos importa el futuro? ¿Quiénes son los responsables?

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