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22.09.10

COLOMBIA. Proyecto de Ordenamiento Territorial no fue consultado a comunidades étnicas

Aunque hay consenso en cuanto a que esta consulta debe realizarse antes de la radicación del proyecto, algunos especialistas señalan que si no fue así hay posibilidad de hacerla antes de la ponencia.

MIENTRAS QUE por estos días el proyecto de ordenamiento territorial avanza en su etapa de audiencias públicas antes de su primer debate en el Congreso, han surgido algunas dudas en cuanto a si la iniciativa está cumpliendo plenamente con los términos de la consulta previa a las comunidades étnicas que establece la Constitución.



El pasado 23 de agosto el ministro del Interior Germán Vargas radicó este proyecto en la Cámara y luego comenzó el proceso de las audiencias públicas en Cartagena (Bolívar), Cartago (Valle), el lunes anterior en Manizales (Caldas) y luego sigue Leticia (Amazonas). Sin embargo, hay quienes consideran que primero debieron realizarse las audiencias para concertar las principales propuestas de este proyecto de ley con los diferentes sectores de la sociedad y luego su radicación en el Parlamento.


La consulta previa a las comunidades étnicas es fundamental en el trámite de determinados proyectos, pues por su inobservancia el año anterior la Corte Constitucional tumbó el Estatuto de Desarrollo Rural e igual suerte corrió la Ley Forestal.


Hay un referente más inmediato en que la Corte Constitucional concluye además que los actos legislativos también son sujetos de esta consulta previa. El pasado seis de septiembre publicó la sentencia C-702/10 por medio de la cual declaró inexequible el inciso octavo del artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2009, Reforma Política, por la falta de consulta previa a las comunidades étnicas.


Al respecto la Corte señala que “la Sala Plena no observó evidencia de la realización de una consulta a las comunidades étnicas concernidas directamente, antes o durante el trámite del inciso 8 del artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2009. Además, la Corte solicitó al Presidente del Congreso información al respecto, y éste tampoco aportó prueba de la realización de la consulta previa. Por tanto, el inciso acusado resulta inconstitucional”.


El inciso ocho del artículo segundo de la Reforma Política que fue declarado inexequible señalaba: “Los partidos y movimientos políticos que habiendo obtenido su personería jurídica como producto de la circunscripción especial de minorías étnicas podrán avalar candidatos sin más requisitos que su afiliación a dicho partido, con una antelación no inferior a un año respecto a la fecha de la inscripción”.


Además en su sentencia la Corte dijo quecomo lo ha señalado la jurisprudencia, la omisión de consulta previa es un vicio de forma que se proyecta sobre el contenido de la medida legislativa respectiva y que, por tanto, puede viciar la constitucionalidad de un acto legislativo. En efecto, aunque la consulta es un procedimiento dirigido a garantizar derechos fundamentales, no por ello abandona su naturaleza procedimental”.


También la Corte Constitucional estipula en su sentencia que “la consulta previa es un requisito que debe surtirse antes del trámite de cualquier medida legislativa y no se subsana con la existencia de espacios generales de participación dentro o fuera del trámite legislativo”.

Sin embargo, una alta fuente del Gobierno nacional le dijo a este Diario que el Ejecutivo seguirá con las audiencias públicas en diferentes regiones para hacer conocer los alcances del proyecto y escuchar a las comunidades.


Si hay vicio, puede ser subsanable


El ex magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández considera que primero es la consulta y luego viene la radicación del proyecto, aunque opina que si no se siguió este orden, no necesariamente el proyecto presenta un vicio de trámite. “Yo creo que según la jurisprudencia de la Corte tiene que ser anterior al trámite, y si el trámite comienza con la presentación del proyecto, lo que se concluye es que debe ser anterior a la presentación del proyecto. Aunque creo que el Congreso puede, dentro de su facultad, proceder a tramitar lo correspondiente a la consulta antes de cualquier aprobación”.


Al respecto, el presidente de la Comisión Primera de Senado Eduardo Enríquez Maya, célula legislativa a la que debe arribar el proyecto de ordenamiento territorial, dijo que “yo estoy de acuerdo con el pronunciamiento que ha hecho sobre el particular la Corte Constitucional, por lo tanto si en el futuro no se consulta a las comunidades indígenas o a las negritudes, el contenido y el alcance de un proyecto de ley corre el riesgo de que la Corte Constitucional pueda declararlo inexequible”.


Sin embargo, el senador Enríquez considera que en el caso del proyecto de ordenamiento territorial “eso puede ser subsanable si se realiza una audiencia pública antes de rendir la ponencia, es un criterio muy personal sin haber leído la providencia, porque la audiencia pública además de consultar la opinión del pueblo, según la misma Corte tiene efectos vinculantes con el proyecto de ley”.


Mientras tanto, el ex procurador General Jaime Bernal Cuellar argumenta que si bien es obligatoria la consulta a grupos sociales cuando se presentan reformas que afectan determinados sectores o derechos de la sociedad para “tomar la opinión de contenido sustancial a la cual aspiran los intrigantes de determinadas etnias para saber si se puede regular o no se puede regular, no creo que tenga un poder vinculante sustancialmente o de manera material; lo que tiene poder vinculante es el requisito formal de que si la ley establece que se debe hacer la consulta previa, necesariamente es un requisito para continuar el trámite de una ley”.


Gustavo Gallón, representante de la Comisión Colombiana de Juristas y quien demandó ante la Corte el Estatuto de Desarrollo Rural, dijo que esta ley se cayó  por no consultarse a las comunidades indígenas, ni a las comunidades afrodescendientes antes de su radicación en el Congreso de la República ni durante el trámite del proyecto de ley,

Indígenas reclaman consulta

El senador indígena Marcos Avirama manifestó que ha sido escasa la participación de las comunidades indígenas en las consultas que hasta el momento se han hecho del proyecto de Ordenamiento Territorial, porque muchas, por lo lejos que habitan, no tienen cómo costear los gastos de desplazamiento de sus representantes. “Lo que nosotros hemos planteado es la necesidad de que se haga la consulta previa antes de que se elabore cualquier tipo de proyecto para presentarse, sobre todo el de Ordenamiento Territorial, que afecta ostensiblemente a las comunidades indígenas porque hay que hacer un deslindamiento con los campesinos al igual que con los colonos en los territorios nuestros. Y nosotros vemos que el ordenamiento territorial, planteado como está, no menciona por ninguna parte a las entidades territoriales indígenas.



Objetivos
La Ley de Ordenamiento Territorial tiene por objeto dictar las normas orgánicas para el ordenamiento del territorio colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa; establecer los principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; distribuir competencias entre la Nación y las entidades territoriales y establecer las normas generales para la organización territorial.

 

Miércoles, 22 de Septiembre de 2010

Por Gabriel Sonny Cubillos
Periodista de EL NUEVO SIGLO

FUENTE

http://elnuevosiglo.com.co/politica/politica-nacional/14196-proyecto-de-ordenamiento-territorial-no-fue-consultado-a-comunidades-etnicas-.html

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