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22.07.10

PERU. El derecho a la consulta durante el gobierno aprista

Las protestas indígenas y hechos violentos que se desarrollaron durante el 2009 reflejaron que en el Perú, a pesar del desarrollo normativo y los compromisos internacionales sobre protección de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, (como el Convenio 169 de la OIT), existía alta insatisfacción de la población indígena con la actuación del actual gobierno por el incumplimiento de estas obligaciones.


El Derecho a la Consulta era un tema olvidado y obviado por el gobierno durante el 2009 (fue así desde que se suscribió), hasta que se dio el “Baguazo”. Es lamentable que recién tras ese suceso el gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil reaccionaran de una manera más afirmativa. La falta de predisposición del gobierno en legislar y desarrollar el Convenio 169 de la OIT y en específico, el Derecho a la Consulta, fue el principal problema y causante de este suceso.

Problemas por incumplimiento de normativa internacional sobre derecho a la consulta

En los últimos años, el Perú ha promovido la inversión privada en el desarrollo de actividades extractivas en las zonas andina y amazónica, donde habitan los pueblos indígenas, conocidos en el Perú como comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos indígenas aislados.

A partir de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos el año 2007, el Poder Ejecutivo aprobó 99 Decretos Legislativos en el marco de la delegación de facultades dada por el Congreso mediante la Ley Nº 29157 (publicada el 19 de diciembre de 2007).

Del total de estos decretos legislativos, 63 de ellos fueron promulgados durante la semana previa al término de la delegación de facultades, sin que fueran pre publicados ni revisados por alguna comisión del Congreso, y sin la posibilidad de hacer un control posterior de las materias legisladas. Entre los decretos legislativos más cuestionados se encontraban los Nº 994, 1015, 1020, 1059, 1060, 1064, 1073, 1079, 1080, 1081, 1089 y 1090, entre otros.[1]

Antes de ser promulgados, estos decretos debieron ser sometidos a un proceso de consulta, en el marco de lo establecido por Convenio 169 de la OIT, que regula el derecho a la consulta (artículo 6.1), considerado la base fundamental para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, los decretos legislativos antes nombrados no debieron emitirse sin antes haber sido consultados con los pueblos indígenas directamente afectados por los mismos.

El derecho a la consulta es un derecho plenamente exigible en los tribunales nacionales e internacionales, pues el Convenio 169 entró en vigencia en nuestro país el 02 de febrero de 1995.[2] Al igual que otros instrumentos internacionales relacionados a la participación de los pueblos indígenas referente a las acciones que afecten sus derechos, ha sido vulnerado de manera flagrante por el Estado peruano, teniendo como consecuencia directa los lamentables acontecimientos ocurridos en Bagua el 05 de junio del 2009.

El Tribunal Constitucional ha afirmado que los“tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, ostentan rango constitucional”.[3] De este modo, habiéndose aprobado el Convenio N° 169, su contenido pasa a ser parte del Derecho nacional, tal como lo explicita el artículo 55º de la Constitución, siendo obligatoria su aplicación por todas las entidades estatales.

Lamentablemente los operadores jurídicos y los diferentes órganos del Estado, no tenían conocimiento (o no querían tenerlo) sobre la eficacia directa y vinculante de este tratado internacional, ya que supuestamente esto generaría retrasos en los proyectos de la inversión privada.

Debido a los problemas existentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la denuncia realizada por el IDL sobre la vulneración sistemática del Derecho a la Consulta en el Perú. Siendo este un avance, ya que la jurisdicción internacional fue notificada de esta violación a los derechos de los Pueblos Indígenas.[4]

Resistencias a desarrollar una ley de consulta

Tras los sucesos de Bagua, se crearon diversas mesas de diálogo y mesas de trabajo en diferentes comisiones del Congreso para la creación de una Ley de Consulta. Como consecuencia, después de un largo proceso legislativo, el congreso aprobó una ley. Sin embargo, este avance se ha visto neutralizado debido a que el gobierno no ha querido promulgar, observándola y remitiéndola a la Comisión de origen en el Congreso.

Las razones invocadas por el gobierno para observar la autógrafa evidencian falta de voluntad política del gobierno para aprobar esta ley. Entre estas razones esta que en la ley se debió de expresar que los pueblos indígenas no tienen derecho de veto[5]. Otras observaciones están ligadas a los temores que las empresas inversoras decidan alejarse del país, por los posibles retrasos que generen los procesos de consulta, así como los posibles conflictos que se generen entre los derechos económicos de los privados y los derechos de los pueblos indígenas[6]. Observaciones que tanto el Tribunal Constitucional como la realidad misma han contradicho y dejado en claro que es la falta de compromiso que posee este gobierno de cumplir con los deberes y obligaciones de los tratados internacionales que el mismo Estado peruano ha suscrito.

No obstante, el Tribunal Constitucional resolvió en el Exp. 03343-2007-PA/TC, Caso Cordillera Escalera, el rango constitucional del Convenio 169, así como la vinculatoriedad y eficacia de todas sus normas. Asimismo, el TC ha emitido dos sentencias donde desarrolla el derecho a la consulta (STC. Nº 0022-2009-PI/TC y STC. Nº 06316-2008-PA/TC). Estas han pueden permitir una forma de consolidar la vigencia del mismo derecho, dotándolo de un contenido mínimo esencial y de una investidura constitucional.

A pesar de estas sentencias, se necesita la promulgación de una Ley de Consulta, pues se trata de una obligación internacional cuyo cumplimiento generaría mayor seguridad para los derechos de los pueblos indígenas. Esperamos que el gobierno, así como los representantes del oficialismo en el Congreso lo tomen en cuenta y no perjudiquen más los derechos de los pueblos indígenas.

[1] DAR. Informe: Hechos y Aspectos Vulneratorios de los Decretos Legislativos 1090 y 1064. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR. Junio 2009
[2] Entró en vigencia tras su ratificación mediante Resolución Legislativa N° 26253 de fecha 05 de diciembre de 1993 y depósito internacional realizado el 02 de febrero de 1994.
[3] STC. N° 0025-2005-PI/TC. F. J. 33.
[4] El 3 de Noviembre de 2009 en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el IDL representado por el Dr. Javier La Rosa, expresó que el Gobierno de Perú violaba de manera sistemática el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y que a su vez, carecía de la voluntad política suficiente para aprobar una legislación interna que garantice su efectivo cumplimiento. Ver: http://www.rpp.com.pe/2009-11-03-denuncian-que-en-peru-se-viola-el-derecho-a-consulta-a-pueblos-indigenas-noticia_219987.html
[5] Esto ha sido ampliamente debatido y ha quedado claro, y además ha sido reconocido por la OIT, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por los expertos, por la jurisprudencia comparada, y por la reciente sentencia del TC recaída en el exp. Nº 00022-2009-PI/TC
[6] http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc24062010-195634.pdf

Autor(a): Luis Roel Alva
Perú
22-07-2010

FUENTE

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=332

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