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07.07.10

PERU. Tribunal Constitucional declara improcedente amparo interpuesto por AIDESEP contra la operación petrolera en los Lotes 67 y 39

Con fecha 25 de junio del 2010, el Tribunal Constitucional (TC) publicó en su página web el fallo de la sentencia recaída en el expediente 06316-2008-PA/TC que declara improcedente la demanda de amparo interpuesta por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la cual afirmaba que las empresas titulares de los Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de hidrocarburos de los lotes 67 y 39 de la Región Loreto vulneraban los derechos a la vida, la salud, bienestar, integridad cultural, identidad étnica, a un ambiente equilibrado, propiedad y posesión ancestral, así como el derecho al territorio de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y solicitaba la suspensión de las operaciones en dichos territorios.


En su sentencia, el TC rechaza las imputaciones sobre la supuesta amenaza a los derechos de los Pueblos en Aislamiento Voluntario y la prueba de la existencia de los mismos manifestando que, “si bien el demandante ha presentado una serie de estudios, documentos y testimonios, las empresas emplazadas, así como el Ministerio de Energía y Minas, han puesto en duda tales documentos de sustento, presentando una lista extensa de estudios y otras documentos que demostrarían la no presencia de las Comunidades o Pueblos No Contactados o en Aislamiento Voluntario en las zonas materia de los proyectos de exploración y explotación a que se refiere la demanda”. Concluye el TC que “el proceso de amparo no es la vía adecuada para este reclamo al carecer de estación probatoria respecto de cuestiones tan controvertidas como las expuestas, resultando de aplicación el artículo 9º del Código Procesal Constitucional”.

Con relación a la supuesta amenaza al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, el TC señala que, “al no haber la demandante presentado documentación que demuestre que ello haya ocurrido y al haber presentado los demandados documentación sobre el cumplimiento de las etapas de los diversos procedimientos ambientales que han completados, así como los protocolos correspondientes, hace suponer que se vienen tomando las medidas legalmente previstas a efectos de no incurrir en actos ilegítimos”.

Respecto del Derecho de Consulta reconocido por el Convenio 169 de la OIT y vinculante al suscribirse los Contratos de Licencia antes mencionados, el TC establece que, “si bien se vienen ejecutando acciones sin la participación ni la consulta a las comunidades y sus organizaciones que resultarían incompatibles con la Constitución, desde la aprobación de dichos Contratos se han sucedido una serie de actos de buena fe por parte de las empresas contratistas, las cuales han actuado basadas en la seguridad  y confianza que razonablemente podían transmitir las propias autoridades estatales a través de los órganos competentes”. El TC señala, además, que “el fallo debe ser producto de la ponderación de sus efectos a fin de no generar mayores sacrificios que los que derechos que se pretende cautelar, más aún si los contratistas vienen operando al amparo del marco de los contratos-ley firmados con el Estado Peruano y garantizados por el artículo 62º de la Constitución”.

En tal sentido, el TC considera que, en el presente caso, “el Derecho de Consulta debe ser puesto en práctica de forma gradual por parte de las empresas involucradas y bajo la supervisión de las entidades competentes, disponiendo que se ponga en marcha un plan de compromisos compartidos entre las empresas privadas involucradas, que no verán paralizadas sus acciones, con las propias comunidades y sus dirigentes, que tampoco pueden renunciar a sus derechos y que deben ser restablecidos en el más corto plazo posible, abriendo el diálogo a efectos de construir un espacio de armonía y confianza mutua”.

Finalmente, el TC señala que “el Ministerio de Energía y Minas deberá convocar a las empresas involucradas a efectos de implementar en el marco de la legislación vigente y de la sentencia No.022-2009-PI/TC, mecanismos adecuados y eficaces de consulta que permitan que las comunidades expresen sus preocupaciones y sean debidamente informadas sobre el avance de los procesos de exploración de los recursos, así como sobre el impacto que estos procesos generan en su vida”.

Para mayor información sobre el tema tratado contactarse con los abogados de nuestra Área Energética- Ambiental:

Alberto Varillas Cueto                           avarillas@garciasayan.com.pe
José Luis Agreda                                    jagreda@garciasayan.com.pe
María Soledad Gastañeta                     msgastaneta@garciasayan.com.pe

FUENTE

http://www.garciasayan.com/blog-legal/tribunal-constitucional-declara-improcedente-amparo-interpuesto-por-aidesep-contra-la-operacion-petrolera-en-los-lotes-67-y-39/

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