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06.11.10

COLOMBIA. En Plan de Desarrollo pueblos indígenas plantean un Estado Plurinacional

Categorías: - Convenio169, Colombia

4. nov.2010 A partir de ayer, la responsabilidad política de que el país cuente con un Plan Nacional de Desarrollo para la prosperidad, inclusión y respeto a la diversidad étnica y cultural del país, se encuentra en manos del gobierno. La propuesta de los indígenas fue entregada al Viceministro del Interior, Aurelio Irragorri Valencia, como representante del Gobierno de Juan Manuel Santos ante la Mesa de Concertación.

La propuesta indígena para el Plan de Desarrollo, concebida como un Plan Integral de Permanencia y Pervivencia de los Pueblos Indígenas, propone un “Pacto de conservación y restitución del equilibrio de la madre tierra para el buen vivir”. Este documento, es producto del ejercicio de consulta en las cinco macroregiones en que están organizados los pueblos indígenas de Colombia, recogido en el espacio autónomo de la Mesa de Concertación.

El Movimiento Indígena Colombiano que reclama la restitución de los derechos conculados, el restablecimiento de derechos y resarcimiento de daños históricos, ha estado atento a la disposición de diálogo. El discurso dado por el Presidente de Colombia en el II Congreso de la Nación Emberá, en el Dovio, Valle del Cauca, quedará en la historia como el ofrecimiento de un nuevo pacto entre el Estado colombiano y los pueblos indígenas.

Confiando en la palabra y en la voluntad política expresada por parte de Juan Manuel Santos, de concertar, reconocer a los 102 pueblos indígenas y respetar sus derechos, los pueblos indígenas plantean en este documento en particular,  tanto la adopción de normas internacionales a la legislación interna del país, que protejan sus derechos, como la modificación de algunas normas vigentes para que permitan realmente el pleno goce de autonomía en los asuntos de gobierno para la administración de la salud, la justicia, la educación y el territorio.

Además, el documento contiene otras importantes propuestas de fondo. Se plantea, por ejemplo, la institucionalización de la consulta llevándose a cabo con consentimiento previo e informado, tanto para normas como para megaproyectos. A continuación el documento señala que se deben adelantar consultas para el otorgamiento de licencias mineras, sin las cuales no se llevarán a cabo ninguna ejecución minera o de megaproyectos en territorios indígenas.

Una propuesta de especial interés es el planteamiento de un marco del tránsito hacia un Estado Plurinacional, que queda esbozado en el documento original.

De gran expectativa serán igualmente las propuestas de creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, un Fondo de Desarrollo Indígena y una Banca Financiera propia, sin perjuicios de que los sectores del Gobierno deban tener sus propios programas, planes, proyectos, estrategias y acciones con su respectivo rubro presupuestal sujeto a la cofinanciación con el propuesto Fondo y los acuerdos que se lleguen en la mesa de concertación sobre ejecución, focalización y priorización de programas y regiones.

También se señala el apoyo a las iniciativas productivas y empresariales de los pueblos indígenas.

A continuación, presentamos la propuesta preliminar de los pueblos indígenas al Gobierno de Juan Manuel Santos:

DOCUMENTO PRELIMINAR SOBRE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL CAPÍTULO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

PLAN INTEGRAL DE PERMANENCIA Y PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”

Noviembre 03 de 2010.

INTRODUCCIÓN.

“Pacto de conservación y restitución del equilibrio de la madre tierra para el buen vivir”.

Para los Pueblos indígenas la esencia de la vida es la conservación del territorio, porque de él surge todo lo necesario para vivir, allí se nace, se vive y se retorna. El territorio es un ser viviente, que piensa, siente, enseña, y es la fuente de nuestra vida espiritual y material.

El buen vivir para nuestros Pueblos, es fortalecer la cultura, la unidad y la autonomía, es respetar, mantener, proteger, conservar y potenciar la vida en su integralidad. El buen vivir ha sido concebido para el futuro y no solo para el presente, y debe tener en cuenta que la defensa, no es solo para los seres humanos, es para todos los seres de la naturaleza, y comprende el respeto al ordenamiento natural establecido, con el cual nuestros pueblos aprendieron a convivir. En nuestros pueblos existe la ley de origen, Derecho Mayor, Ley Natural y Derecho Propio, que fue dejado para que los Pueblos Indígenas viviéramos en armonía y en equilibrio con la naturaleza y el entorno.

El buen vivir es así para los Pueblos Indígenas, no crecer económicamente mediante acciones que desangren, enfermen y acaparen a la Madre Tierra, implica defenderla frente a todas las formas de violencia que atentan contra su permanencia, por ello es determinante que el Plan Nacional de Desarrollo (PND), incluya y potencie la concepción de los Planes de Vida de los Pueblos Indígenas, depositarios de conocimientos ancestrales, necesarios para la pervivencia digna. Contemple a los Pueblos Indígenas no contactados, ya que constituye el equilibrio armónico en lo social, ambiental, económico y cultural del Estado Colombiano.

Es así como, el Estado desde el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación, asumirá la condición de preexistencia del Derecho Mayor, Ley de Origen, Ley Natural y Derecho Propio de los Pueblos Indígenas.

1. PRINCIPIOS GENERALES

Todas las políticas, acciones, proyectos y presupuestos acordados en el PND, se implementaran en concertación con los pueblos indígenas teniendo como referentes la declaración de las naciones unidas sobre derechos de los pueblos indígenas de 2007, el convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia de la corte interamericana de la OEA, la Resolución de la Unesco que Declara a los Pueblos Indígenas como Patrimonio de la Humanidad, los Objetivos del Milenio contenidos en el Informe CEPAL, Atención Prioritaria a los Pueblos Indígenas, todo ello en lo referente a las acciones que el Estado Colombiano deberá implementar para atender a la población más vulnerable – Pueblos Indígenas.

El dialogo político, es y continua siendo el principio de relación entre los Pueblos Indígenas y el Estado, el mismo que se adelanta, de Autoridad a Autoridad, de Gobierno a Gobierno, siempre en procura del fortalecimiento de su autonomía, en lo social, económico, político y cultural, todo ello enmarcado en un pacto de conservación y restitución del equilibrio de la Madre Tierra.

El respeto por la diversidad étnica y cultural de la nación, que permita y garantice la vigilancia legitima de las Autoridades Indígenas, a todos los acuerdos celebrados entre el Estado y los Pueblos Indígenas.

Garantía a la autonomía de los Pueblos Indígenas que conduzca a la construcción de un Estado Plurinacional.

Lo anterior, acompañado de la necesaria adecuación y articulación institucional, de manera que su actuación consecuente y coherente, se corresponda con el firme propósito de garantizar el goce efectivo de derechos para los Pueblos Indígenas, en una clara demostración por el respeto a la identidad cultural, donde la objeción cultural forma parte integral de la actuación de los Pueblos, como el consentimiento, en todo aquello que estimen contrario a lo expuesto.

El resarcimiento a los daños históricos propiciados a los Pueblos Indígenas, solo es posible en atención y respuesta al conjunto de componentes de todo lo señalado en la presente ley. El restablecimiento de los derechos conculcados, será la voluntad manifiesta del presente Gobierno.

En consecuencia con lo fijado por la H. Corte Constitucional, el Gobierno actuara en relación con los Pueblos Indígenas como la Población más vulnerable de los vulnerables, y en todo lo relacionado con sentencias judiciales, asignara las partidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo que correspondan, para el cumplimiento de las mismas, sin perjuicio de la apropiación de los recursos requeridos, para atender los demás asuntos relacionados en el presente Plan, y producto del acuerdo entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno.

Para dar cumplimiento a los objetivos y metas acordadas en el Plan Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, se constituirá un Fondo de Desarrollo Indígena, correspondiente al 4% del total del presupuesto general de la nación para cada año, sin perjuicio de los recursos que el Gobierno Nacional en cada sector debe apropiar para el cumplimento de los acuerdos anteriores a este plan y los recursos que del SGP se destinen obligatoriamente para el SEIP, el SISPI y los recursos especiales para los resguardo indígenas. Todos los recursos destinados para el Fondo de Desarrollo Indígena, serán ejecutados por las mismas Autoridades Indígenas.

Fundamentos del Plan

La Constitución Política define un conjunto de derechos para la totalidad de la población colombiana, en su artículo 7o establece el reconocimiento y protección por parte del Estado de la diversidad étnica y cultural de la Nación, y de manera específica, establece un conjunto de normas que reconocen y garantizan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

Las normas reconocen el derecho de los pueblos indígenas y sus comunidades a establecer sus propios objetivos y metas de desarrollo, lo que han venido haciendo los pueblos a través de sus planes de vida y el ejercicio del derecho propio.

Que busca el Plan

El Plan de Desarrollo tiene como objetivo la prosperidad democrática de la nación. Respecto de los pueblos indígenas el Plan Integral de Permanencia y Pervivencia de los Pueblos Indígenas busca que las acciones adoptadas sean incluyentes, equitativas y efectivas. En esa dirección el Plan se propone entre sus objetivos fortalecer las comunidades de los pueblos indígenas en lo político, social, económico y cultural, mejorando sus condiciones de vida y la capacidad de sus autoridades y organizaciones para la gestión de sus propios objetivos y metas de bienestar y desarrollo.

Estos objetivos demandarán del Estado en su conjunto estrategias orientadas a:

  1. El mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de los pueblos indígenas a partir de sus derechos y particularidades culturales y regionales
  2. La reestructuración de sistema administrativo y de atención pública que el Estado presta a los pueblos indígenas creando un Ministerio de los Asuntos de los Pueblos Indígenas, asegurando la participación indígena en las decisiones que se adopten.
  3. La consulta y concertación de las acciones de bienestar y desarrollo que impliquen a las comunidades de los pueblos indígenas
  4. El fortalecimiento de la capacidad social de los pueblos indígenas, sus autoridades y organizaciones para la gestión y decisión sobre las acciones de bienestar y desarrollo que los impliquen.

Para la consecución de estos objetivos el Plan realizará las siguientes acciones:

ACCIONES 1. TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES

1.1 Territorios

En materia de territorios se formulará en los primeros seis meses luego de aprobado el PND un Programa Nacional para la Constitución, Ampliación y Saneamiento de Territorios Indígenas, el cual será definido por el Gobierno Nacional en conjunto con las organizaciones indígenas incluyendo lo acordado en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI. Para la formulación, implementación y desarrollo de este programa que tendrá metas e indicadores definidos por regiones, el Ministerio de Agricultura y las entidades adscritas habilitará los recursos económicos, técnicos y logísticos necesarios para su cumplimiento. Esto comprende las siguientes acciones:

  • Ratificación y Reafirmación de los Títulos Coloniales y Republicanos.
  • Constitución y ampliación de resguardos con tierras suficientes.
  • Protección de los sitios sagrados de los territorios indígenas.
  • Un programa de restitución de tierras a las Comunidades Desplazadas y despojadas de sus tierras.
  • La adquisición de las mejoras y la restitución de las tierras ocupadas al interior de los resguardos por terceros no indígenas.
  • El Gobierno Nacional cumplirá los acuerdos regionales firmados con los pueblos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, Guajira, Tolima, Cauca, U’was, Nariño y la Mesa Regional Amazónica.

1.2 Recursos naturales

Este programa busca apoyar, a partir de los sistemas tradicionales de uso y manejo, el desarrollo de iniciativas y proyectos de conservación, recuperación y uso sostenible de los recursos naturales, ejecutados por los pueblos indígenas, el fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental de sus autoridades y organizaciones a través de acciones de capacitación y financiamiento de proyectos, y garantizando el derecho fundamental de consulta y consentimiento Informado previo, frente al acceso y explotación de recursos naturales que puedan afectar la vida y los territorios de los pueblos.

  • El Ministerio del Medio Ambiente sensibilizará a las instituciones del SINA para el reconocimiento de las autoridades indígenas como autoridades ambientales en sus territorios.
  • El Ministerio del Medio Ambiente y las instituciones públicas del SINA apoyarán a las organizaciones y autoridades indígenas con recurso técnicos y financieros para la formulación e implementación de las agendas ambientales propias de los resguardos y territorios indígenas.
  • De igual manera el Ministerio y las entidades adscritas estudiarán concertarán con las comunidades que habitan en ecosistemas estratégicos para la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, para que éstas tengan acceso a los benéficos que puedan derivarse de la conservación y de los servicios ambientales que tales ecosistemas prestan a la nación y al planeta.
  • Construir programas de uso de energías renovables como la solar e hidráulica y alternativas, es decir incentivar el uso de paneles solares y aprovechar la energía de las caídas de agua para minimizar el impacto de contaminación ambiental.
  • Creación de Bancos de Semillas que será la reserva para garantizar la soberanía alimentaria de los Pueblos indígenas.
  • Prohibición de las fumigaciones en los territorios indígenas y Reparación por daños y perjuicios provocados.
  • Derogar todos los proyectos de concesiones mineras y de explotación de recursos naturales que no han sido consultados con los Pueblos indígenas.
  • Diseño e implementación de programas para la Conservación, recuperación y manejo adecuado los recursos hídricos y las cuencas hidrográficas, procurando en especial la conservación integral de los nacimientos de agua, los páramos, humedales y acuíferos, entre otros, y desarrollando acciones efectivas para evitar su contaminación y deterioro por contaminación, deforestación y uso indebido.
  • Protección de la propiedad intelectual colectiva, salvaguarda del conocimiento tradicional asociado al manejo de la naturaleza y protección de los recursos fitogenéticos desarrollados históricamente por los pueblos indígenas para la alimentación y la salud.

2. ECONOMIA PROPIA DE PUEBLOS INDÍGENAS: PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, RESPETO DE LA MADRE TIERRA Y GENERACIÓN DE INGRESOS COMPLEMENTARIOS.

Teniendo en cuenta los saberes propios de los Pueblos Indígenas y las leyes de origen, en este campo se busca, el fortalecimiento de una economía diferencial propia para pueblos indígenas, lo que implica procesos integrales y sostenibles de producción- conservación, integridad territorial, manejo y conservación de territorios, manejo del bosque y sus productos, manejo de los ríos y sus recursos y manejo de la biodiversidad en general, para el buen vivir de los pueblos.

La economía propia de Pueblos Indígenas debe ser vista, de manera integral, desde la cosmovisión y la cultura, para garantizar un uso respetuoso del territorio, un buen uso de los bienes de la Madre tierra y de sus recursos buscando fortalecer la integralidad de los territorio indígenas, el equilibrio y armonía en el uso y manejo de los recursos naturales y en consecuencia, alcanzar la metas de un buen vivir para los pueblos y sus comunidades garantizando su soberanía y autonomía alimentaria. Esto implica por parte de las comunidades y de las instituciones públicas, un alto sentido de la responsabilidad social y ecológica y la práctica de valores como la solidaridad social, la reciprocidad con la naturaleza, la equidad en el acceso a los beneficios económicos y el respeto entre los pueblos.

  1. El Estado y todas sus instituciones deberán reconocer a las autoridades tradicionales indígenas como autoridad ambiental, económica y territorial.
  2. El gobierno nacional a través de las instancias encargadas de la formulación y adecuación de la política pública de seguridad alimentaria, garantizará la concertación, implementación y financiación efectiva, de una línea específica de política pública de seguridad y autonomía alimentaria, que responda a las particularidades socioculturales y espirituales de los pueblos indígenas y que garanticen el derecho a la alimentación con autonomía y pertinencia cultural, el control y la autonomía territorial y ambiental
  3. El Estado no podrá bajo ninguna circunstancia, promover el uso de productos o cultivos transgénicos, en territorios indígenas.
  4. El Estado no podrá bajo ninguna circunstancia, otorgar títulos o concesiones mineras a empresa privadas nacionales o transnacionales, en territorios indígena.

Esta línea de política, se deberá incorporar en la estructura de la política y del plan nacional de seguridad alimentaria, y se le deberá asignar recursos específicos. En desarrollo de esta línea de política pública, el gobierno nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, ICBF, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial, INCODER, Acción Social, DNP, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Comercio, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, concertará con los Pueblos Indígenas, la formulación e implementación de planes de seguridad y autonomía alimentaria para los Pueblos Indígenas con enfoque diferencial.

Para garantizar la concertación, financiación e implementación efectiva de los planes territoriales de seguridad y autonomía alimentaria con adecuación sociocultural y enfoque diferencial para Pueblos Indígenas, el gobierno nacional destinará recursos técnicos y financieros específicos, con el objetivo de complementar los aportes presupuestales y de planeación de las Entidades Territoriales. Ese proceso deberá dirigirse al fortalecimiento de los Pueblos Indígenas, sus autoridades e instituciones.

La ejecución de todas las acciones de seguridad y autonomía alimentaria con los Pueblos Indígenas, deberá ejecutarse directamente con las propias organizaciones y autoridades indígenas de los PI. En desarrollo de este principio, las instituciones deberán incentivar la producción interna, mediante la compra de alimentos a los PI, promoción de tecnologías limpias, créditos blandos, subsidios y fortalecimiento territorial, con el fin de implementar los programas concertados de seguridad y autonomía alimentaria.

Para la implementación de los planes territoriales de seguridad y autonomía alimentaria para los Pueblos Indígenas, el gobierno nacional y entidades territoriales deberán:

3.1Promover de manera concertada con los pueblos indígenas planes de seguridad y autonomía alimentaria, que permitan la reconstrucción de lo sistemas agroalimentarios propios, que revitalicen las economías indígenas, los sistemas de producción propios, los intercambios, las prácticas y saberes relacionados con el mejoramiento de semillas y de manejo respetuoso de ecosistemas (bosques, suelos), entre otros. Lo cual contribuiría a avanzar en la autonomía y a disminuir la dependencia de los programas asistencialista, los problemas de desnutrición en las comunidades y garantizar la autosuficiencia alimentaria de los pueblos indígenas en sus territorios.

3.2El proceso de construcción de los Planes de Seguridad y Autonomía Alimentaria de los Pueblos Indígenas, debe estar acompañado de investigación local de los procesos productivos propios y con base en ello, orientar proyectos productivos que aumenten los niveles de autonomía alimentaria, favorezcan los modelos de desarrollo propio y modelos económicos mixtos.

3.3 El apoyo a proyectos piloto, ajustados a los planes de vida y sistemas de producción propios, los cuales tendrán en cuenta las propuestas que se vienen formulando para las comunidades indígenas en alto grado de vulnerabilidad y riesgo de desaparición.

3.4Apoyar los Planes de Manejo integral de ecosistemas de los territorios indígenas junto a los proyectos productivos teniendo en cuenta el ordenamiento ambiental, espiritual y cultural de los mismos, y planes de conservación de ecosistemas y especies naturales.

3.5 El Gobierno Nacional de manera concertada promoverá la expedición de una norma que permita la trasferencia directa a los resguardos de la tasa de retribución de los industriales.

4. Una vez garantizado el autoconsumo con la producción local, el fortalecimiento de sistemas de producción integral e intercultural, se deberán apoyar los procesos de transformación trueque, mercados justos, comercialización, entre otros, con medidas orientadas a:

4.1Actividades extractivas y minería artesanal bajo el control de la Autoridad Propia. Se prohíbe la explotación minera a mediana y gran escala en los territorios indígenas.

4.2Creación de una banca indígena y fondos rotatorios de crédito y fomento.

4.3 Alternativas de trueque, y comercio justo como estrategias complementarios para garantizar la autonomía alimentaria de las comunidades.

4.4El acceso a la formación y capacitación de indígenas para la investigación y transmisión de tecnologías agropecuarias, ambientales y de producción sostenible.

5. Los programas y proyectos de etnoturismo y ecoturismo en los territorios indígenas serán decididos de forma colectiva por los pueblos indígenas, y ejecutados, con el apoyo de las entidades públicas, por los indígenas, bajo la supervisión y vigilancia de sus propias autoridades tradicionales y sus organizaciones.

3. SALUD, EDUCACIÓN Y BIENESTAR COLECTIVO

El Plan Integral de Permanencia y Pervivencia de los Pueblos Indígenas está orientada a mejorar las condiciones para un buen vivir de las comunidades de los pueblos indígenas, lo que precisa de las entidades públicas encargadas de la salud, la educación y el bienestar colectivo, la formulación y puesta en marcha de políticas, planes y programas con enfoque diferencial, y construidos de manera conjunta con los pueblos.

3.1 Salud

La Política pública de salud con enfoque diferencial debe estar construida por los pueblos indígenas para un buen vivir.

En consonancia con el artículo 7 de la CP, la ley 21 de 1991 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El país debe garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Es deber del Estado velar porque los pueblos indígenas cuenten con servicios de salud adecuados y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, los cuales deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán ser prestados teniendo en cuenta los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales de dichos pueblos y coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. Los servicios de salud de los pueblos interesados deben planearse y administrarse con su cooperación y teniendo en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales.

El estado garantizará y apropiará los recursos e instrumentos necesarios para el desarrollo e implementación del sistema de salud propio e intercultural

SISPI en el marco del derecho a la salud y la colectividad, el cual contendrá los siguientes ejes:

1. Político organizativo 2. Formación, Investigación, educación y capacitación en salud propia 3. Programa da salud propia e intercultural fundamentados desde la cosmovisión y los usos y costumbres de cada pueblo. 4. Administración, gestión, control y seguimiento de la salud por parte de las autoridades indígenas.

Crear formalmente y financiar la subcomisión de salud de la mesa de concertación nacional, como un escenario de construcción colectiva de las políticas publica en salud de los pueblos indígenas.

Las acciones del plan de intervenciones colectivas en salud pública (PIC) para Pueblos Indígenas deberán concertarse con las autoridades y organizaciones indígenas y ejecutarse a través de sus propias instituciones de salud. Este lineamiento de política deberá incorporarse de manera transitoria al plan nacional de salud pública a partir de la vigencia del 2011 y hará parte integral del SISPI

De manera urgente se deberá Concertar entre el Ministerio de Protección Social y los pueblos indígenas, un mecanismo transitorio mientras se implementa el SISPI, que permita resolver los siguientes aspectos.

  1. Asegurar la atención en salud integral y cobertura del cien por ciento de la población indígena financiada en su totalidad por el Estado.
  2. Adoptar el censo indígena como único mecanismo para acceder a todos los programas sociales, especialmente en salud.
  3. En cumplimiento al art 12 de la ley 691 del 2001 y de acuerdo 326 del 2005 del CNSSS, el gobierno deberá Garantizar a los pueblos indígenas la equiparación de la UPC subsidiada a la contributiva, más un 50% adicional para las acciones propias de salud indígena, en un plazo no mayor a tres meses.
  4. Las instituciones de salud indígena (EPSI e IPSI) por ser de naturaleza pública especial, se les debe garantizar su permanencia y su aplicación jurídica especial. En adelante no se le deberá aplicar ninguna norma general e inconsulta.
  5. Sanear financieramente las instituciones de salud indígena (EPSI e IPSI), creadas y controladas por las autoridades indígenas, que por razones de diversidad cultural, accesibilidad geográfica, dispersión poblacional, aumento del alto costo, conflicto armado, zona de riesgo natural, perfil epidemiológicos reales, poblaciones en fronteras entre otros, se han visto afectada en su liquidez económica.
  6. Universalización del programa “Plan Integral del adulto Mayor Indígena PPSAMI, en condición diferencial a los demás adultos mayores del país.

Propuestas de artículos que deben ser incluidos en la reforma de la salud.

Facúltese al Gobierno Nacional por seis meses para que expida los decretos leyes necesarios encaminados a la construcción y puesta en marcha del SISPI.

El contenido de los decretos que en cumplimiento de estas facultades, expida el gobierno nacional deben ser producto de la mesa nacional de concertación de los Pueblos Indígenas, con el agotamiento de la consulta previa. Estas facultades deberán desarrollarse en el marco del artículo 56 transitorio de la Constitución Política.

Simultáneamente la Mesa Temática de Salud deberá trabajar un proyecto de ley marco del SISPI, para concertar y radicar ante el congreso en un término no mayor a seis meses.

3.2 Educación

La ley del plan Nacional de Desarrollo, debe fundamentarse en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas del 2007, como el fundamento y referente axiológico de la política educativa de los pueblos indígenas en Colombia. En ese sentido y en el marco del desarrollo de los acuerdo suscritos entre el Gobierno Nacional y los PI, en particular los suscritos en el acta de la Mesa Nacional de Concertación del 12 y 13 de noviembre de 2009. El gobierno nacional deberá:

1. Establecer como política de gobierno, la implementación de acciones, expedición de normas especiales y reformas estructurales con el fin de entregar de manera paulatina la administración de la educación a los pueblos indígenas; el traslado deberá hacerse hacia las autoridades de los territorios indígenas en el marco del artículo 330 de la constitución política. La ruta jurídica deberá garantizar que el contenido de las normas cumpla con la consulta previa y sea aprobado en la Mesa Nacional de Concertación.

2.Reconocimiento del Sistema Educativo Indígena Propio, como la política pública educativa para los pueblos indígenas, esta política será construida en

concertación con los pueblos indígenas, proyectada en la CONTCEPI, llevada a consulta previa y aprobada por la Mesa Nacional de Concertación.

3. Se reconozca la integralidad del SEIP, que abarca la educación desde que nace el niño hasta la educación superior y todos los componentes comunitarios que implican ese modelo integral e intercultural. Todo el proceso deberá ser administrado por las Autoridades Indígenas.

4. Disposición de medios y recursos necesarios para la consulta del SEIP de acuerdo con los compromisos y metodología establecidos en el acta de la Mesa Nacional de Concertación del 12 y 13 de noviembre de 2009.

5. Reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional, de las Universidades Indígenas, como una instituciones públicas de educación superior, de carácter especial, así como impulsar su creación y financiación; de la misma manera deberá crear una línea de política de educación superior, que permita el acceso y permanencia en condiciones dignas y pertinente a miembros de Pueblos Indígenas, en las universidades públicas y privadas y desarrollar las acciones necesarias que garantice la permanencia, sostenibilidad y crecimiento del fondo de becas Álvaro Ulcué Chocue, mediante asignaciones en la ley de presupuesto nacional.

6. Apoyos institucionales y apropiación de recursos para la investigación y desarrollo de tecnologías fundamentadas en los saberes ancestrales, estos procesos se desarrollarán principalmente desde las instituciones propias creadas por los pueblos indígenas.

7. De manera transitoria y mientras se pone en funcionamiento el SEIP, se adelantaran las siguientes acciones:

a). Implementación adecuada del decreto transitorio 2500 de 2010. Para lo cual el MEN adelantara las acciones necesarias ante las entidades territoriales certificadas, que agilice la entrega de los establecimientos educativos en administración a las autoridades indígenas y establecerá concertadamente con los PI una tipología especial, tomando como base la reconocida para la amazonia y Orinoquia, para asegurar una educación pertinente y de calidad a los PI.

b). Desarrollar una estrategia que permita generación de capacidades a las autoridades indígenas para la administración educativa.

c). Establecer como línea de Política Pública en educación, que el reconocimiento de los establecimientos educativos o sedes en los territorios indígenas se deba efectuar en cumplimiento al derecho a la consulta previa a las comunidades interesadas y con el previo aval de las autoridades tradicionales legítimamente constituidas.

d). Adoptar las medidas necesarias que garanticen la asimilación salarial del personal vinculado en provisionalidad en territorios indígenas.

8. Que las normas construidas y aprobadas en el tema educativo serán insumos para la construcción de la ley orgánica de ordenamiento territorial.

3.3 Cultura

Es una obligación del Estado garantizar a los pueblos el ejercicio de sus derechos culturales. El Plan Integral de Permanencia y Pervivencia de los Pueblos Indígenas la protección y fortalecimiento de las culturas indígenas se propone el fortalecimiento de la capacidad social de los pueblos y comunidades para la defensa, y gestión social de su patrimonio cultural. Con este propósito se propone de manera prioritaria garantizar el derecho a la consulta previa – fundamento de las relaciones entre el estado y los pueblos indígenas – y la puesta en marcha de lo ordenado por la Ley de lenguas. En esta materia se prevén las siguientes acciones:

1. Los ministerios de Ecuación y Cultura pondrán en marcha, antes de dos años, lo dispuesto en la Ley de lenguas.

2. El Ministerio de Cultura conjuntamente con el MIJ y el ministerio del Ambiente, coordinarán un programa de apoyo a protección de sitios sagrados y de alto valor cultural de los territorios indígenas.

3. El Ministerio de cultura garantizará la participación indígena en los consejos nacionales y departamentales de cultura y patrimonio, y pondrá en macha estrategias y programas de reconocimiento y visibilización de los valores y aportes culturales y artísticos de los pueblos indígenas a la nación.

3.4 Comunicaciones

Los ministerios de Comunicaciones, Cultura y Educación pondrán marcha una política, planes y programas orientados a la apropiación y manejo con autonomía, por parte de los pueblos indígenas, de las tecnologías modernas de la información y comunicaciones.

1. Se garantizará a los pueblos indígenas el derecho a las comunicaciones mediante la formulación participativa y concertada de la política pública nacional de acceso permanente al uso del espectro electromagnético y radio- eléctrico y a los servicios públicos de telecomunicaciones y al uso y creación de medios masivos de comunicación estatales en sus diferentes modalidades, con criterios de equidad, reconocimiento a la diferenciación positiva, de igualdad de oportunidades y justicia distributiva, de conformidad con lo dispuesto en la ley, en armonía con las normas que regulen los servicios de telecomunicaciones y con la legislación indígena nacional, mediante la formulación del Plan de Desarrollo de las comunicaciones para pueblos indígenas, el cual será elaborado con recursos del Fondo de Comunicaciones, para lo cual se destinará anualmente como mínimo el tres punto cinco por ciento (3.5) que corresponde a la participación de la población indígena en la población nacional total.

2. Se reservará, en el nivel nacional, el cinco por ciento (5%) del espectro electromagnético y radioeléctrico en beneficio de los Pueblos Indígenas, en los niveles nacional, regional y local, dicho porcentaje se incrementará en los niveles regional, departamental y local, con fundamento en criterios de proporcionalidad y equidad, de acuerdo con la distribución y composición poblacional, extensión de ocupación territorial, demanda y necesidades de prestación del servicio.

3. 3 Vivienda, saneamiento básico e infraestructura comunitaria

Se garantizará el acceso a agua potable y el saneamiento básico de las comunidades teniendo en cuenta las condiciones ecológicas y culturales de cada pueblo.

Se formularán e implementarán en áreas prioritarias, y de manera concertada con las autoridades y organizaciones indígenas, programas de construcción y mejoramiento de vivienda con enfoque diferencial.

El estado garantizará la financiación de la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la red vial en territorios indígenas, previa consulta y concertación con las autoridades indígenas y sus organizaciones.

4. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.

4.1 Fortalecimiento de la capacidad social de gestión y decisión de las organizaciones y autoridades indígenas.

Las bases del Plan Integral de Permanencia y Pervivencia de los Pueblos Indígenas es el respeto es el reconocimiento y apoyo a los procesos de fortalecimiento de las capacidades de las autoridades indígenas en el ejercicio del gobierno propio. Esto implica:

1. El reconocimiento y apoyo de los planes de vida indígenas dentro de la dinámica de planeación y gestión pública en todos los niveles.

2. La promoción en las entidades públicas del enfoque diferencial teniendo en cuenta las particularidades culturales y regionales y las acciones afirmativas, de tal manera que las políticas, planes y programas contribuyan al reconocimiento y respeto de la identidad, e integridad cultural de los pueblos indígenas.

3. La sensibilización de los funcionarios públicos en el enfoque diferencial para que comprendan que existen concepciones distintas del desarrollo y facilitar el diálogo intercultural.

4. Ordenamiento y armonización de la legislación indígena nacional mediante la creación de una comisión especial conformada entre el Ministerio de Justicia y la Mesa de Concertación Indígena del Decreto 1397 de 1996.

5. Garantía del derecho a la Consulta Previa y la concertación de las mediadas legislativas y administrativas que afecten, o puedan afectar la integridad de la vida, la cultura, y el territorio de los pueblos indígenas a partir de las sentencias de la Corte Constitucional procurando que ésta se rápida, práctica, incluyente, efectiva y respetuosa de los sistemas y espacios indígenas de decisión.

6. El Gobierno en todos sus niveles concertará toda la intervención institucional e inversiones en los territorios indígenas con las autoridades indígenas legítimamente constituidas, en aras de fortalecer el gobierno indígena.

4.2 Ordenamiento Territorial.

  • Se garantizará la participación de los pueblos indígenas y sus organizaciones en los mecanismos de coordinación, planificación y ordenamiento territorial en todos los niveles de la administración pública.
  • De manera concertada con los pueblos, autoridades y organizaciones indígenas se establecerán las bases jurídicas, administrativas y fiscales para la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas – ETI -, las cuales deberán estar funcionando en el término de años, a partir de la aprobación del PND.

3.5 Finanzas para el Desarrollo Propio y bienestar de los pueblos indígenas.

Para la ejecución del Plan Integral de Permanencia y Pervivencia de los Pueblos Indígenas se precisan recursos y mecanismos financieros seguros y sostenibles. Para alcanzar este objetivo se adoptan las siguientes medidas:

Garantizar el acceso indígena a los recursos públicos de manera justa y equitativa garantizando que por lo menos el 3.5 % del presupuesto nacional se destine al desarrollo propio de los pueblos indígenas, garantizando también, la participación de estos pueblos en la inversión pública regional y en la distribución de las regalías. Con este fin, sin detrimento de la participación indígena en los Ingresos Corrientes de la Nación, el Gobierno Nacional emprenderá el estudio, gestión y creación de un fondo de desarrollo propio de los pueblos indígenas manejado de manera concertada con las mismas organizaciones indígenas.

El DNP revisará y modificará con la Mesa Nacional de Concertación los criterios y rubros de inversión del Sistema General de Participación para ampliarlo a sectores estratégicos de los planes de vida, eliminará la intermediación de las administraciones municipales y promoverá el desarrollo de un programa orientado a la capacitación para el buen uso y manejo de los recursos del sistema así como su seguimiento y evaluación

Se concertará con los Pueblos y organizaciones indígenas un régimen especial de contratación para pueblos indígenas, teniendo en cuenta sus características sociales, culturales y políticas, el cual deberá estar vigente en el término de un año.

4.4 Jurisdicción propia y su coordinación con el Sistema Judicial Nacional.

1. Se apoyará con recursos técnicos y financieros suficientes y permanentes el proceso autónomo de fortalecimiento de los gobiernos propios y de la Jurisdicción Especial Indígena.

2. De manera coordinada los pueblos y organizaciones indígenas con el Consejo Superior de la Judicatura, promoverán programas de capacitación intercultural, la implementación y puesta en marcha de escuelas de derecho propio y el reconocimiento real y efectivo de la jurisdicción especial indígena en todo el Sistema Judicial Nacional.

3. El Gobierno a través del Ministerio de Justicia apoyará las iniciativas y procesos de centros de resocialización propia e intercultural; igualmente, garantizará un tratamiento digno y diferencial a los reclusos indígenas en las distintas cárceles del País.

6. ACCIONES ESPECIALES POR URGENCIA MANIFIESTA

6.1 Garantía de los Derechos Humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas

Garantizar y proteger de manera especial los Derechos Humanos individuales y colectivos dentro y fuera de los territorios indígenas. De forma concertada y con el acompañamiento de la comisión nacional de derechos humanos para pueblos indígenas, determinar las acciones necesarias para el encuentro y el dialogo socio cultural e intersectorial que tienda a la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado en Colombia.

La Vicepresidencia de la República en coordinación con los pueblos indígenas establecerá y garantizara el programa de protección, sensibilización, prevención, garantía de los Derechos Humanos individuales, colectivos, territoriales y patrimoniales despojado a los pueblos indígenas.

Caracterización inmediata de la población indígena en condiciones de desplazamiento y riesgo, en coordinación con las organizaciones indígenas y sus autoridades.

Garantizar la reparación integral y colectiva de los pueblos indígenas de acuerdos a sus características sociales, culturales, económicas y políticas, previa consulta con las autoridades y sus organizaciones.

Apoyar los mecanismos de autoprotección de los pueblos indígenas y especialmente concertar un programa de protección a los líderes indígenas que por su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, son objeto de amenazas, persecuciones, desplazamientos y violaciones a los derechos humanos, de conformidad con sus usos y costumbres.

Se concertará con las autoridades indígenas y sus organizaciones un Programa de Atención Urgente para la erradicación de minas antipersonal y municiones sin explotar en territorios indígenas y que se garantice su retorno.

6.2 Pueblos en Riesgo.

Construir y garantizar en el marco de la política indígena de estado el desarrollo de acciones de inclusión de otras variantes del desplazamiento de los pueblos indígenas en Colombia, que tengan en cuenta el Desplazamiento forzado individual y colectivo, interno y externo; desplazamiento surgido por la falta oportunidades y desastres naturales; la implementación de mega proyecto en los territorios indígenas; las Fumigaciones, las sectas religiosas, el reclutamiento forzado y el Narcotráfico.

6.3 Los Pueblos Aislados

1. Establecer de manera concertada con las organizaciones indígenas una política integral de carácter especial indígena que desarrolle un protocolo de atención y protección de los derechos de los pueblos indígenas que respete el aislamiento voluntario de los pueblos.

2. Implementar un programa que permita conservar el nomadismo o semi nomadismo de los pueblos en contacto inicial.

6.4. Los pueblos indígenas en las ciudades.

Los pueblos indígenas desterritorializados y desarraigados histórica, política y socioculturalmente, desde donde se encuentren ubicados, la gran mayoría de ellos en situación de alta marginalidad y vulnerabilidad, que continúan en lucha de resistencia por la pervivencia y permanencia cultural, al igual que por lograr un trato digno como pueblos en la ciudad o contextos urbanos, sin discriminación, minimización, exclusión e inequidad, deben ser atendidos en sus aspiraciones prioritarias y de estrategia de vida como pueblos indígenas, a partir de las siguientes acciones especiales durante este cuatrienio:

1. Garantizar y presupuestar los estudios etnológicos de cada pueblo indígena que habita en las ciudades o contextos urbanos por fuera de los territorios de origen. Los estudios serán asumidos por los pueblos interesados que previamente contarán con el aval de las autoridades de sus territorios de origen.

2. Garantizar la formulación, implementación y financiación de un programa especial de vivienda para los pueblos indígenas en las ciudades, Distritos especiales y Capital.

3. El Estado colombiano garantizara el cumplimiento del acto administrativo de registro de los cabildos indígenas en las ciudades y contextos urbanos, legítimamente constituidas y legalmente posesionadas, quienes deben contar con el aval de los pueblos de origen, en cumplimento del art. 3 de la ley 89 de 1890.

4. Desarrollar las acciones necesarias para el fortalecimiento y recuperación sociocultural y político organizativo de los pueblos indígenas en las ciudades.

5. Garantizar, promover, fortalecer e implementar mediante planes, programas y proyectos los planes de vida de los pueblos indígenas en las ciudades

6. Garantizar la Inclusión en el marco nacional las políticas públicas indígenas, con enfoque diferencial e integral, socio cultural, construidas en las ciudades con y para los pueblos indígenas.

7. El estado es el garante de la aplicación de derechos culturales políticos socioeconómicos y jurídicos especiales de los pueblos indígenas en las ciudades para la pervivencia física y cultural.

7.5 Los pueblos indígenas de las fronteras.

1. Cumplir y garantizar los protocolos internacionales en defensa de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas asentados en zonas de frontera, a través de la firma de convenios binacionales, de tal forma que garantice la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.

2. formulación y apoyo de manera concertada con las autoridades indígenas de programas de desarrollo social, cultural y económico pertinente para la atención efectiva de los pueblos indígenas binacionales.

3. Garantizar la participación de un delegado indígena fronterizo en la comisión de vecindad.

7.6 Fortalecimiento de la Mujer y la Familia.

1. Realizar en concertación con las autoridades indígenas, acciones de protección y fortalecimiento de las familias indígenas, de acuerdo con nuestras tradiciones, costumbres y sistemas de organización social; las acciones que se realicen en este sentido deben ser concertadas previamente con las autoridades indígenas y sus organizaciones.

2. Establecer en coordinación con las autoridades indígenas un Programa de Prevención y Protección, dirigido a combatir las diferentes formas de violencia y maltrato contra la mujer, la niñez y los adultos mayores indígenas.

3. Diseñar en concertación con las autoridades indígenas una ruta de prevención y protección, que pongan fin a las violaciones cometidas por miembros de la Fuerza Pública, en especial, a las violaciones sexuales que se cometen en contra de nuestras mujeres indígenas (mayores, jóvenes y niñas).

4. Implementar en los sistema nacionales de registro y monitoreo que tiene el Estado colombiano, variables que den cuenta de las violación de los derechosdelas mujeres, niños.

ASPECTOS OPERATIVOS

1. Coordinación general de las acciones previstas en el PND

La Mesa nacional de Concertación será la instancia de concertación de las acciones del Plan.

2. Información y seguimiento

1. Se construirá y concertará con las organizaciones el sistema de indicadores y la estrategia para el seguimiento del componente indígena del PND, en el término de seis meses después de haberse promulgado el PND.

2. Se actualizará el Censo Diferencial Indígena coordinado por el DANE con las mismas autoridades indígenas y las organizaciones.

3. Metas (Cuadro)

MIEMBROS DE LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN.

 

FUENTE

http://www.gerardojumi.info/-noticias/106-en-plan-de-desarrollo-pueblos-indigenas-plantean-un-estado-plurinacional-

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