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25.11.10

ECUADOR. A la espera de reglamento de consultas prelegislativas: ley de aguas

En diciembre la Asamblea allanaría el camino para continuar con el trámite de la Ley de Aguas.

El proyecto de Ley de  Recursos Hídricos espera la reforma a  la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para legitimar la consulta prelegislativa que daría paso al análisis y definición del proyecto legal. 

Domingo Paredes Castillo, secretario Nacional del Agua, espera que hasta finales de diciembre se concluya la reforma.


¿Por qué se ha demorado  la aprobación de la Ley de Aguas?

El proyecto de ley no quedó estancado. Entraba a un proceso de votación en mayo, pero, por disposición de la Corte  Constitucional, se abrió paso a la consulta prelegislativa a comunidades, pueblos, nacionalidades, comunas, para indagar sus criterios e inquietudes, respecto a qué artículos del proyecto  podrían afectar los derechos colectivos.

La Asamblea Nacional tenía que establecer la reforma a su Ley Orgánica de Funcionamiento, a fin de legitimar y legalizar la consulta prelegislativa. 

Entonces, estamos esperando que    aprueben dichas reformas, sabemos que hay una propuesta que será conocida por el Legislativo, en el pleno, y a través de una votación por mayoría tener ya un lineamiento jurídico que permita a la Asamblea viabilizar la consulta prelegislativa a las comunidades y pueblos.

¿Qué se logrará con la reforma de la Ley Orgánica?

Significa dar legalidad al proceso de consulta a los pueblos y comunidades. De esta manera se refrenda en el país un tipo de consulta que ya  estaba en la legislación.

Se constituye un principio y una modalidad de consultas  permanentes en proyectos de ley,    cualquiera que sea, donde se prevé si  se   afectan  o no  a los derechos colectivos de los pueblos.

Es un paso histórico gigantesco, porque las consultas previas son un mandato constitucional, que asegura velar por el cumplimiento de los derechos humanos y colectivos de los pueblos.

¿Cuál será el paso siguiente, una vez aprobada esta reforma?

Una vez que la Asamblea apruebe, que esperamos que sea en diciembre, pasaría a la Corte  Constitucional la viabilidad de la consulta prelegislativa. Y con los organismos pertinentes calificados, las comunidades y organizaciones se desarrollaría  la mencionada consulta.

¿Qué pasó  con el proceso de socialización del proyecto de Ley de Agua realizado anteriormente en las comunidades?


Es como hacer nuevamente lo que se realizó, pero ahora de manera completa. La socialización del proyecto de ley, considero, fue insuficiente.

¿Por qué considera que el proceso  anterior fue insuficiente?

Porque en los momentos más críticos, abril y mayo, frente a las movilizaciones indígenas y frente a los planteamientos de los dirigentes, mi impresión muy personal, fue que no hubo la información debida sobre el contenido, la naturaleza y los alcances del proyecto.

Si se revisa la propuesta del proyecto de ley, que no pudo entrar a votación, hay algunos preceptos que fueron esgrimidos en las movilizaciones indígenas, que no se ajustan a la realidad.

¿Cómo cuáles?

Se hablaba de una oposición a un proyecto de ley privatizador, que el agua no se vende o privatiza.

Y lo que cita el proyecto es lo que manda la Constitución, asegurar que sea el agua  un derecho humano, que a ningún ecuatoriano le falte agua de calidad, pura, potable.

Además, el proyecto contiene un orden de prelación: agua para consumo humano, dos; para riego, orientado a la soberanía alimentaria del país y para  el mantenimiento de los caudales ecológicos. 

La Constitución vigente refrenda uno de los planteamientos que durante 20 años mantuvo  Naciones Unidas, pues recién aprobó en 2010 la declaratoria del derecho al agua, como un derecho humano.

Entonces este proyecto de ley tuvo cuestionamientos  basados más en la desinformación y en la percepción falsa de su contenido, que en lo que realmente dice la normativa que regulará el manejo de los recursos hídricos del país. 

¿Qué hará Senagua para borrar estas falsas percepciones?

Como Senagua,  informaremos cuáles son los planteamientos beneficiosos y positivos que tiene el proyecto.  

Como toda herramienta jurídica, el proyecto de ley tiene imprecisiones,  hay que corregirlas  cuando se ejecute la consulta prelegislativa y se debe analizar  si atenta o no a los derechos colectivos. Si bien no es vinculante la consulta, sí es un elemento de sensibilización para una revisión del contenido del proyecto de ley.

¿Asuntos políticos  hicieron que el proceso de sociabilización de la normativa falle?

Hubo elementos políticos en juego.

Se evidenció un posicionamiento político, una especie de correlación de fuerza, que ha alcanzado intensidad  entre el Gobierno con uno de los usuarios del agua, como son las comunidades indígenas agrupadas en la Conaie.

Esta polarización del conflicto llegó a niveles políticos, surcó niveles sociales, entonces impidió un diálogo normal que permita analizar cuáles son los contenidos del proyecto de ley. 

Senagua realizo más de 90 encuentros nacionales sobre el proyecto, pero no siempre estamos llegando a todos. 

Ahora vamos a editar ejemplares impresos  e informar sobre el contenido de la ley, para que  en el momento de la consulta prelegislativa  tener conocimiento del proyecto para  lograr propuestas de cambio.


¿Qué espera Senagua de la ley?

Contar con un instrumento moderno para la gestión integral del recurso hídrico, además, que   permita crear  reglamentos que determinen un uso racional del agua.  

Tener una ley para entender la problemática del agua en el siglo XXI, porque la Ley de Agua vigente es la  de hace 38 años.

Actualmente tenemos problemáticas nuevas: los efectos del cambio climático; el comportamiento de los recursos hídricos a nivel global, que ya se refleja en Ecuador; la sedimentación; contaminación; la deforestación alarmante de las cuencas hidrográficas.

¿Cuáles son los cambios en el proyecto de ley?

El manejo del recurso hídrico. El más importante es la supresión de  la figura de la concesión. Es decir, el Estado daba en concesión una superficie determinada del territorio nacional a particulares o colectivos para  administrar y usar el agua. 

Ahora esa figura desaparece y convertiríamos las concesiones  en autorizaciones.

¿En qué se diferencia la concesión de la autorización?

Reformas legales, realizadas en los años 90,  entregaron muchas concesiones  casi a perpetuidad. Hay muchos casos  de propietarios de haciendas, de fincas, que venden el agua y eso es una violación a los derechos humanos.

Entonces la figura de autorización es el uso del agua, desde un punto de vista equitativo, para consumo humano, riego, mantener caudales ecológicos  y algo  para  el sector productivo, turismo, agro exportación, hidroelectricidad y otros.

¿En el proyecto se determina el caudal ecológico que se debe mantener en   un proyecto hidroeléctrico?

Desde el punto de vista ecológico, el concepto de caudal ecológico o biológico, es un concepto en construcción.

Normalmente los caudales hídricos tienen ese rango mínimo necesario para mantener el ecosistema en funcionamiento.  Bajo este mínimo, el ecosistema colapsa.

Con estudios ambientales  se determina el caudal por el tamaño de los ecosistemas, desde el punto de vista ecológico, se trata de mantener  lo mínimo necesario.

Pero, generalmente, son desviaciones que se producen para aprovechar la caída de agua y generar electricidad.

Ese caudal de  agua, sin ninguna modificación, vuelve a su curso. Siempre son tramos pequeños los afectados, sin ningún costo económico y biológico.

Alejandra Carrión
acarrion@telegrafo.com.ec
Reportero - Quito

25-11-2010

FUENTE

 

http://www.telegrafo.com.ec/septimodia/laentrevista/noticia/archive/septimodia/laentrevista/2010/11/25/_1C20_El-proyecto-de-ley-no-est_E100_-estancado_1D20_.aspx

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