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12.12.10

PERU. ¿Y la Ley de Consulta Previa? (editorial de La República)

Categorías: - Convenio169, Peru, Consulta

En lugar de ceder a las presiones del lobby azucarero y, muy pronto, a las del lobby de los importadores de chatarra (vehículos usados), el Congreso debiera aprobar cuanto antes el proyecto de Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, que se encuentra en agenda para su debate pero que el presidente Zumaeta -cediendo a presiones no tan secretas- no tiene cuándo poner en la orden del día.


Como se recordará, el Congreso aprobó un proyecto de Ley de Consulta luego de debatir a lo largo de un año una propuesta de la Defensoría que recogía gran parte de las conclusiones de la Mesa de Trabajo 3, instalada entre el Ministerio del Ambiente y las comunidades luego de la tragedia de Bagua. El proyecto aprobado relativizaba no poco la propuesta original, pero fue considerado como un punto de partida aceptable por los representantes de los pueblos originarios.

Sin embargo, el Ejecutivo lo devolvió con ocho observaciones, generando una situación muy delicada, pues la norma busca dar sustento legal a la obligación contraída por el Estado peruano ante la OIT (Convenio 169), por la cual se debe consultar previamente a las comunidades nativas cualquier cambio que las afecte. El Convenio fue ratificado en 1993 y forma parte de nuestra legislación; sin embargo, nunca se le dio forma viable pese a los reclamos de las comunidades. Debido a ello estalló la protesta contra los DL -ya en parte derogados- sobre la selva. De haber existido la norma, el Estado no hubiera podido cambiar la base legal de protección y lo de Bagua no se hubiera dado.

Las observaciones del Ejecutivo pretenden revertir la situación casi a cero. La primera de ellas reduce la Consulta Previa a mera formalidad, ya que demanda que el resultado no sea vinculante para el Estado. Es decir que, con consulta o sin ella, el Estado hará lo que le parezca. Otra de las observaciones afirmaba que el Convenio 169 “no prevé la obligación de consulta respecto de planes, programas y proyectos de desarrollo”, cuando el artículo 7 del propio Convenio así lo establece.

Además, el Ejecutivo pretende distinguir entre comunidades campesinas y nativas, cosa que el Convenio no hace. Como sea, luego del veto surgieron dos proyectos en el Congreso. Uno de la Comisión de Constitución que plantea allanarse a las observaciones; otro de la Comisión de Pueblos Andinos, que plantea la insistencia en la propuesta original. Ambos están listos para ser votados. No hacerlo plantea una situación de enorme riesgo, pues por insistir en las tesis neoliberales del “perro del hortelano” se empuja a las comunidades a un enfrentamiento.

Creemos que el Congreso debiera insistir en su proyecto original, aprobado por amplia mayoría. Que no ocurra con la Ley de Consulta lo que ha sucedido con el proyecto de Ley General de Trabajo, retirado “para estudio” hace más de dos años y, para vergüenza del Congreso, desde entonces olvidado.

 

7-12-2010

FUENTE

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20101207/13/node/308349/todos/1634

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