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15.10.11

ECUADOR. Consulta comunitaria y rechazo a la mineria

La resistencia minera
Efrén Sempértegui-Mata

La consulta comunitaria que recabó criterios sobre la explotación minera en Quimsakocha, marca un hito en los anales de la historia nacional al dar inicio a la resistencia ind?ena y popular contra un tipo de minería a gran escala aun no estilada en el Ecuador. La consulta comunitaria es un cuerpo normativo protegido por el derecho internacional y los DDHH, que a la vez acata el derecho a la autodeterminación de los pueblos exigiendo reconocimiento a sus autogobiernos históricos y haciendo uso de su capacidad para conservar el medio ambiente y los recursos naturales en sus territorios.

La consulta comunitaria es generadora de correlación de fuerzas sociales dirigida a equilibrar la relación de poder entre cosmovisiones diversas. Esta modalidad de democracia directa en Quimsakocha devino en caráter de oposición política y jurídica a uno de los proyectos estratégicos del Gobierno relacionado con la minería metálica, para lo cual ese domingo los comuneros llenaron la plaza central de Victoria del Portete para pronunciarse con un mayoritario 93% de votos en contra de lo que han denominado invasión de compañías mineras transnacionales a suelo ecuatoriano.


Y corregirle al gobernador del Azuay respecto al concepto y carácter de la Consulta que contó con la presencia de 15 observadores internacionales entre ellos Theta Río Franco de la Universidad de Pensilvania, el chileno César Padilla, del Observatorio de Conflictos Mineros para América Latina, Katu Arkonado del diario Le Monde, a más de delegaciones de la Conaie, Ecuarunari, Defensoría del Pueblo, Consejo Ecuménico de DDHH, Asamblea Nacional y varias organizaciones ambientalistas. Y periodistas de medios locales y nacionales.

Organizada por el Sistema Comunitario de Agua de las parroquias Victoria del Portete y Tarqui, y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay- FOA, la primera consulta comunitaria en el Ecuador que se constituye en una suerte de democracia pura, otorga a la asamblea comunitaria autoridad para aprobar Leyes e incluso celebrar referéndums vinculantes para preguntar si determinada Ley debe ser rechazada por vulnerar derechos, otorgándole a la comunidad el derecho de veto sobre la legislación oficial.

Al ser convocada por comunidades de un Estado plurinacional y multiétnico, el proceso adquiere legitimidad jurídica, a más de estar cobijada por la Constitución de la República, por convenios internacionales de los que el Ecuador es signatario, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre Derecho de los Pueblos Indígenas y normas internas comunitarias que obligan al presidente Correa a acatar el mandato y hacer que su palabra prevalezca: “no permitiré que se ejecuten proyectos de explotación minera sin antes consultar a la comunidades. Así como la Superintendencia de telecomunicaciones acaba de archivar un proceso administrativo contra siete radios privadas que transmitieron conjuntamente un programa sobre la libertad de expresión, el oficialismo con humildad deberá reconocer la legitimidad de la consulta comunitaria.

FUENTE

http://www.elmercurio.com.ec/303923-la-resistencia-minera.html

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