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24.12.11

MEXICO. Oaxaca. Exigen frenar proyecto hidroeléctrico en la Cuenca del Papaloapan

 

Las comunidades indígenas chinantecas Santa Úrsula y Paso Canoa, pertenecientes al municipio de Tuxtepec, y Cerro de Oro, San Lucas Ojitlán, región Cuenca del Papaloapan, desaprobaron el proyecto original de conversión en hidroeléctrica de la presa Cerro de Oro y el proyecto alternativo propuesto por las empresas Comexhidro, Electricidad Oriente y Conduit Capital Partners, LCC., por no contar con información suficiente y confiable sobre la seguridad de la presa y los impactos ambientales, sociales y económicos de la obra.

 

La coordinadora del proyecto de Derechos Indígenas de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Ana María García Arreola dijo que las tres comunidades afectadas presentaron el 30 de noviembre del 2010 una demanda en la Oficina de Rendición de Cuentas de la Corporación por la Inversión Privada en el Exterior (OPIC, por sus siglas en inglés), una agencia del gobierno de los Estados Unidos, principal financiadora del proyecto, porque las empresas no cumplieron con los estándares mínimos de desempeño, principalmente por negociar de manera turbia los títulos de arrendamiento de tierras, permisos y derechos, así como por ocultar información sobre el proyecto a los pobladores y excluir del proceso a avecindados y a algunas comunidades.

Explicó que las empresas iniciaron las obras en 2010 sin informar, consultar y obtener el consentimiento de todas las poblaciones afectadas, provocando daños importantes en una fuente de agua potable en la región, el Arroyo Sal, y violando además leyes mexicanas e internacionales de protección al medio ambiente, agrarias y a derechos de los pueblos indígenas.

Pues, ---anotó---, el Estado mexicano al firmar tratados internacionales, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está obligado a garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento informado de las comunidades.

A partir de la demanda, destacó que las empresas detuvieron la obras e iniciaron un proceso de diálogo mediado por la Oficina de Rendición de Cuentas de la OPIC y así, el 11 de marzo de este año, se acordó la contratación de un experto independiente para analizar las condiciones de seguridad de la presa y las afectaciones del proyecto original al Arroyo Sal, así como la elaboración de un proyecto alternativo a fin de evitar el uso y afectación, y una vez presentado, acatar la resolución de las comunidades.

Destacó que los resultados presentados a las comunidades, los días 12 y 13 de noviembre pasado, no esclarecieron las dudas de la población, sobre todo porque la metodología usada causó controversia desde su presentación y mermó la credibilidad de los resultados.

Las conclusiones del experto, añadió, derivaron de un examen superficial que no explica la presencia de factores de riesgo, tales como el crecimiento de árboles y arbustos en la cortina de la presa producto de la falta de mantenimiento que debería realizar la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, subrayó que las conclusiones tampoco consideran datos actualizados de la medición de los instrumentos para vigilar el funcionamiento de la presa, pues de acuerdo con el investigador, gran parte de ellos no se encuentran en operación y deberían ser actualizados por la Conagua.

Resaltó que las comunidades han pedido formalmente a la Conagua informar sobre la situación actual de los instrumentos, pero hasta ahora no han recibido respuesta alguna.

A esto se suma que hasta la fecha ni la Conagua ni el experto han podido corroborar que la cantidad de sedimento de la presa esté por debajo de los niveles permisibles, indicó.

García Arreola dijo que la mediación de la Oficina de Rendición de Cuentas de la OPIC ha finalizado y ahora corresponde a las autoridades federales y de estatales hacer valer los acuerdos y respetar la decisión de las comunidades. Es claro que si la obra continúe sin antes realizarse nuevos estudios profesionales, serios y objetivos de impacto ambiental y social, "se estaría poniendo en peligro la seguridad de las poblaciones locales, los recursos naturales de la nación y la legitimidad del Estado como garante de los derechos de los habitantes del país", remarcó.

Y subrayó que las comunidades afectadas no están en contra de nuevos proyectos y obras para generar electricidad, pero siempre y cuando con pleno cumplimiento de las leyes y reportar beneficios permanentes a las comunidades y a la región.

El proyecto Cerro de Oro

La Corporación por la Inversión Privada en el Exterior (OPIC, por sus siglas en inglés), destinó 60 millones de dólares para financiar el proyecto hidroeléctrico Cerro de Oro en las comunidades indígenas chinantecas Paso Canoa y Santa Ursula, pertenecientes a Tuxtepec, y Cerro de Oro, San Lucas Ojitlán.

 

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

 

FUENTE

http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/77386-exigen-frenar-proyecto-hidroelectrico-cuenca

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