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24.04.07

Ecuador La nueva Política Nacional de Pueblos en Aislamiento Voluntario

Mario Melo
El pasado miércoles 18 de abril de 2007, el Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, presentó la política pública que orientará las acciones del Estado ecuatoriano en relación a los pueblos indígenas aislados de la amazonía.

Tagaeris, Taromenane y quizá otros grupos humanos se desplazan por una extensa región del nororiente de la amazonía ecuatoriana, viviendo de acuerdo a sus patrones culturales tradicionales de ocupación del espacio y relación con el entorno natural, mientras se mantienen aislados de la sociedad mestiza. Viven amenazados por la paulatina reducción de su hábitat causada por la ampliación indiscriminada de las fronteras extractivas de recursos naturales, así como por conflictos interétnicos que llevaron a que en mayo de 2003, entre doce y veinte y cuatro hombres, mujeres y niños de una comunidad taromenane fueran masacrados por gente huaorani.

En 1999, el Estado estableció una “zona intangible” de aproximadamente 700.000 hectáreas en el Parque Nacional Yasuní, que solo fue efectivamente delimitada a fines de 2006, al tiempo que arreciaba la presión nacional e internacional para que se tomen medidas de protección a estos pueblos.

Ahora, la nueva política constituye una buena noticia por algunas razones:

1. Porque manifiesta voluntad política para orientar acciones hacia el pleno reconocimiento y valoración de la multietnicidad y pluriculturalidad, que de acuerdo a la Constitución son elementos que configuran la nación ecuatoriana.

2. Porque reconoce explícitamente el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas (“La política nacional de pueblos en situación de aislamiento voluntario tiene como retos: -que se respete su derecho a la autodeterminación como pueblos y su voluntad de permanecer aislados”)

3. Porque reconoce y asume la responsabilidad internacional del Estado frente a los instrumentos internacionales de derechos humanos y sus órganos de supervisión. (La política expresamente reconoce como antecedentes legales para su formulación las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de DDHH el 10 de mayo de 2006 y las recomendaciones del Informe sobre la visita al Ecuador del Relator Especial de la ONU sobre los derechos y libertades de los Pueblos Indígenas realizada en mayo de 2006)

En cuanto al contenido de la política, su visión vincula la sobrevivencia física y la preservación de la cultura de los pueblos en situación de aislamiento voluntario con la construcción de un país más equitativo y justo. Los principios que plantea (Intangibilidad, Autodeterminación, Reparación, Pro homine, No contacto, Diversidad cultural, Precaución, Igualdad y Respeto a la dignidad humana) orientan líneas estratégicas de acción:

1. Consolidar y potenciar el principio de intangibilidad
2. Asegurar la existencia e integridad física, cultural y territorial de estos pueblos
3. Equilibrar la presencia de actores externos en sus zonas de influencia
4. Detener las amenazas externas
Esas líneas incluyen algunas medidas que vale la pena destacar, así:

“La aplicación del principio de responsabilidad por omisión para aquellas autoridades que permiten la extracción de madera en el Parque Nacional Yasuní, en la Zona Intangible y en su zona de influencia, aunque no sean las directamente competentes para controlar la explotación forestal.”

“El respeto de las prácticas consuetudinarias de los pueblos indígenas, siempre que no afecten la integridad física de los pueblos en situación de aislamiento voluntario”.

Preocupa, no obstante, la coyuntura en la que se presenta la política: en medio de contrapuntos entre el Presidente de Petroecuador, empeñado en el arranque inmediato del proyecto ITT y el Ministro de Energía que impulsa la búsqueda de alternativas de desarrollo que permitan preservar la riqueza humana y biológica que necesariamente sufriría enormes impactos con ese proyecto.

El ITT implica la explotación de una enorme reserva de crudo pesado en un área colindante con la “Zona Intangible” dentro de la cual se ha detectado la presencia de pueblos aislados. Innegablemente, el desarrollo del proyecto ITT, por el volumen y las dificultades técnicas que implica, requerirá de inversiones estimadas en el orden de los 3.600 millones de dólares que se destinarán a la construcción de enormes instalaciones para la extracción del crudo, su procesamiento, calentamiento, bombeo, transporte, así como probablemente, su refinación en sitio y la generación colateral de energía termoeléctrica. Mucha inversión, mucha infraestructura, mucha maquinaria y muchos trabajadores, en una región megadiversa, extremadamente frágil en lo ecológico y hogar ancestral de pueblos sin contacto.

La ejecución del proyecto ITT y la asunción de sus costos ambientales y sociales a cambio de los beneficios económicos que genere, es una decisión que debe incorporar múltiples criterios, así como la participación de la comunidad nacional que al efecto deberá ser informada a plenitud sobre los impactos positivos y negativos que se prevén y deberá ser consultada, como lo dispone la Constitución.

Con la flamante política pública el Estado se compromete a que “Se garantizará la protección de tierras y territorios a favor de los pueblos indígenas en aislamiento y ello comporta el compromiso del Estado de evitar cualquier actividad, del tipo que sea, que pueda poner en peligro su supervivencia. Para ese fin se emplearán todos los instrumentos legales y políticos de que disponga el Gobierno.”

El movimiento indígena que no ha aparecido en la formulación de la política, debería en cambio, usarla en beneficio de los derechos fundamentales que proclama, exigiendo su pleno cumplimiento.

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