Wide Blog Theme

03.05.09

HONDURAS. Marcha del 1 de Mayo reivindica derechos indigenas

Categorías: Honduras

Por plenos derechos para los pueblos indígenas y afro descendientes.
Pleno cumplimiento del convenio 169, de la OIT, sobre pueblos indígenas y afrodescendientes.
Establecer como ley nacional la declaración universal de derechos de los pueblos indígenas recientemente aprobada por la ONU.
Todas las leyes que agreden los derechos a centrales de los pueblos originales.

**Se tiene que fortalecer la seguridad ciudadana y luchar contra la corrupción e impunidad

El dirigente del Bloque Popular, Juan Barahona, fue el primero que inició a leer la proclama de 12 puntos.

TEGUCIGALPA.- La marcha realizada ayer por los trabajadores, en conmoración de los 123 años de los mártires de Chicago, le sirvió a la dirigencia obrera para darle lectura al documento que contiene los 12 puntos planteados al gobierno, contentivos a realizar cambios a varias leyes.

Las centrales obreras y el Bloque Popular advirtieron que si no les resuelven los planteamientos, realizarán una movilización el próximo 26 de mayo, realizando tomas de carreteras y puentes.

Los doce puntos de la proclama, fueron leídos por cuatro dirigentes, iniciando Juan Barahona (Bloque Popular), Luis Baquedano (CUTH), Francisca Canales (CGT) y Roberto Sevilla (CTH). A continuación la proclama íntegra:

1.- Enterrar el modelo neoliberal y construir un modelo al servicio del pueblo, soberanía nacional.
Es urgente un cambio de rumbo de país, sustituyendo el modelo neoliberal por una política dirigida a asegurar al pueblo el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social, creando la legislación correspondiente, con inclusión de los jóvenes y las mujeres en igualdad de condiciones al hombre, desarrollando un mercado interno, integrado a la región mediante la erogación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.
La implementación de una reforma fiscal y redistributiva del ingreso y la riqueza, que rescate el 45 por ciento de impuesto sobre la renta para ganancias superiores al millón de lempiras, que los neoliberales bajaron en 25 por ciento la aplicación de impuestos a la importación para proteger la producción nacional y disminuir la importación de artículos de lujo.
La eliminación de todo tipo de exenciones fiscales a las empresas nacionales y extranjeras.
Todo lo anterior con el fin de financiar la creciente demanda de educación, salud, vivienda y obras públicas.
La implementación de una política de apoyo económico y financiero de parte del Estado para la economía solidaria y la asociativa de pequeños y medianos productores.
Una política monetaria que contribuya al desarrollo de mercado interno, que proteja los salarios y procure una moneda regional.
La reestructuración, restauración de la unión centroamericana en el marco de la integración de Latinoamérica, que incluye la ALBA.
No se debe de seguir atentando contra la soberanía con bases militares en ningún lugar del territorio nacional. Las tropas militares estadounidenses acantonadas en Palmerola, deben de salir del país y el Plan Mérida es un atentado a la soberanía nacional y de Latinoamérica y la solución de los siguientes planteamientos.

2.- El acceso al agua es un derecho humano, no una mercancía y la derogación de la ley marco del agua potable y saneamiento.
Suspender en el Congreso Nacional la discusión de la ley general de aguas para formular una nueva ley con la participación de las organizaciones firmantes, en la que se inserte la no privatización del agua y la regulación de la administración del agua potable, respetando nuestra propuesta del primero de julio del año 2003, presentada al Congreso Nacional.
Dejar sin efecto el concesionamiento de los ríos y quebradas y fuentes de agua. Con salarios justos, no a la depreciación, no al trabajo temporal y bajos salarios.
Precios bajos a la canasta básica. Un estricto control de precios para la canasta básica y los insumos para producirla.

3.- Aumento general de salarios, cumplimiento del salario mínimo, derogación de salario diferenciado.
Derogación de los decretos legislativos, 219-120 el 19 de diciembre, del 2003, que contienen el congelamiento de los salarios y la ley del ordenamiento del sistema retributivo del gobierno central.
Respeto a la libre sindicalización, contratación colectiva en particular en los parques industriales, respeto a la estabilidad laboral y al principio de todo trabajo permanente y continuo, debe de ser realizado por trabajadores permanentes.
No a la flexibilización laboral, que genera trabajo precario. Aplicar la ley de protección al consumidor y de vivienda. Rescatar la cultura del ahorro y el consumo de nuestros… Exigir al gobierno y la empresa privada el pago de las deudas y los compromisos que tienen con el Seguro Social y los institutos de previsión.

4.- Reforma agraria y soberanía alimentaria, derogar la ley de modernización agrícola y una respuesta inmediata y satisfactoria a las demandas planteadas por las organizaciones campesinas en relación directa con la aprobación de una nueva ley de la reforma agraria integral para alcanzar la seguridad alimentaria y priorizando la producción de alimentos para el consumo interno.
Entrega y titulación de tierras solicitada por las organizaciones campesinas en el mercado del decreto de expropiación del 2008.
Fortalecer el sistema estatal y ordenamiento de granos básicos, inmediata libertad de los campesinos detenidos en la comunidad de Guadalupe Carney. Y el fin de los procesos judiciales en su contra.
Detener en forma inmediata los desalojos de grupos campesinos y demandar la libertad de los campesinos presos en la lucha por la tierra. Devolución de la tierra para los campesinos de Zacate Grande. Esclarecimiento y juzgamiento de los asesinos materiales e intelectuales del dirigente campesino Ericson Lemus, asesinado el 24 de mayo del 2005. Wilfredo Lara, asesinado el 27 de agosto del 2007. Altagracia Fuentes del 2008 y otros dirigentes populares detenidos y desaparecidos que continúan en la impunidad.

5.- Por una institucionalidad electoral justa y equitativa, la derogación de la contrarreforma electoral en su totalidad.
Aprobación de una nueva ley electoral, que garantice plenamente la igualdad de derechos. Para todas las fuerzas políticas y sociales, incluyendo el pleno de los derechos de la organización política para toda la población, garantizar la vigencia de las candidaturas independientes, sin restricciones ni obstáculos para los tres niveles de elección popular.
De rodillas sólo ante Dios y la patria.

6.- Por la gratuidad de la educación, incremento del presupuesto para financiar la educación pública gratuita en todos los niveles y emisión de una ley general de educación consensuada con los colegios magisteriales y el movimiento popular, para implementar un modelo educativo acorde con la realidad nacional y regional de los pueblos de América.
No a los exámenes de admisión, ni mecanismos selectivos, excluyentes en las matrículas.
Abolición de los reglamentos internos intimidatorios y autoritarios. Oficialización de las escuelas Proheco. No a la privatización de la educación. Cese de la represión contra el movimiento estudiantil en la Universidad Pedagógica “Francisco Morazán”.
Derogación del nuevo plan de arbitrios de la Universidad. No a la corrupción en la UNAH y la UPN.
De ninguna forma debe de atentarse contra el estatuto del docente y el Derecho a huelga garantizado por la Constitución de la República.

7.- Por el acceso a la salud para todos los hondureños, incremento al presupuesto de la salud a fin de que la salud pública sea integral, oportuna y gratuita.
Ruptura de techos de cotización en el IHSS, para que los que ganan menos no subsidien a los que ganan más.
Eficientar y extender los servicios a nivel nacional y no a la municipalización de privatización de los servicios de salud pública.

8.- Por la renacionalización de los servicios públicos y un manejo responsable de los combustibles. Para rescatar los servicios públicos de manos privadas deben emitirse leyes que fortalezcan y garanticen el funcionamiento de las empresas públicas como el SANAA, aeropuertos, Honducor, Pani y ENEE.
Derogando los contratos del SEMEH y nacionalizando las generadoras térmicas. Demandamos además la aprobación de una nueva ley de telecomunicaciones que rompa con el control por parte de los monopolios extranjeros y consolide el control estatal sobre las políticas de telecomunicación.
El crédito que otorga Petrocaribe debe ser utilizado para rescatar los servicios públicos de manos privadas. Financiar la electrificación rural y financiar los proyectos de economía solidaria y asociativa de pequeños y medianos productores.
Consultar a los habitantes de las principales ciudades para ver si apoya la circulación alterna de vehículos o el “Hoy no circula”, que dio buenos resultados en 1998.
El Registro Nacional de las Personas, el Registro de la Propiedad, la salud, educación y obras públicas no deben ser privatizados y el Estado debe de rescatar el transporte urbano, asegurando calidad y seguridad en el servicio.
Recuperar y defender los recursos naturales para beneficio de nuestro pueblo.
Derogación de la actual ley de minería y concesiones otorgadas sin consulta a las comunidades.
Suspensión de todos los proyectos de construcción de represas, mientras no se defina una propuesta de energía renovable y represas que se sostengan sobre la protección del medio ambiente.
Y en el marco de la soberanía del Estado y de las comunidades, sobre los recursos naturales y el territorio nacional, cumpliendo el dictamen 260-2006.
En relación a Gas del Caribe, aprobación inmediata del reglamento de la ley forestal, por mientras se emita una nueva ley que ponga a los bosques bajo control nacional.

9.- Recuperar y defender los recursos naturales para beneficio del pueblo.
10- Por la defensa del derecho a la vida de los migrantes hondureños.
Definir y aplicar una política para la reinserción de los migrantes a la economía. Que son exiliados del libre comercio.
Drástica reducción de costos de la remisión de las remesas que se embolsan las agencias privadas y definir unas políticas públicas permanentes que legisle y proteja a los migrantes y sus familias.

11.- Por plenos derechos para los pueblos indígenas y afro descendientes.
Pleno cumplimiento del convenio 169, de la OIT, sobre pueblos indígenas y afrodescendientes.
Establecer como ley nacional la declaración universal de derechos de los pueblos indígenas recientemente aprobada por la ONU.
Todas las leyes que agreden los derechos a centrales de los pueblos originales.

12.- Fortalecer la seguridad ciudadana y luchar contra la corrupción e impunidad.
Depuración permanente de la policía, inteligencia y fiscalía.
Por la aplicación de justicia a los altos funcionarios y ex funcionarios públicos y ejecutivos de la empresa privada, responsables de malversación de fondos públicos y corrupción.
La derogación de la reforma al artículo 332, del Código Penal, conocida como Ley Antimaras.
Enjuiciamiento de los responsables de la masacre de la Granja penal de El Porvenir y el Centro Penal de San Pedro Sula en abril de 2003 y mayo de 2004, respectivamente.

Wide Blog Theme

 

Archivo de prensa - CEPPDI -  www.politicaspublicas.net