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04.06.09

PERU. Defensoria del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad contra el D.L. 1064 sobre aprovechamiento de tierras agrarias

Ante el Tribunal Constitucional. Por vulnerar los derechos fundamentales, previstos en la Constitución Política y en el Convenio N° 169 de la OIT.

Lima 4 de junio 2009. La Defensoría del Pueblo presentó hoy ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N° 1064 por vulnerar los derechos de identidad cultural, de la propiedad de la tierra y de consulta previa de los pueblos indígenas, previstos en la Constitución Política y en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Acción de Inconstitucionalidad Nº017-09-PI/TC

Si bien el Decreto Legislativo precisa que su objeto es “crear las condiciones necesarias para el desarrollo de la inversión privada en el sector agrario”, lo que en realidad está normando es la modificación y afectación del régimen jurídico de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.

El inciso 19 del artículo 2 y el artículo 89 de la Constitución Política prescriben una protección especial de las referidas comunidades, de acuerdo con los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Perú, así como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y los órganos de control de la OIT.

Para la Defensoría del Pueblo, la afectación resulta agravada porque el Decreto Legislativo también vulnera el artículo 6 del Convenio N° 169 OIT, el cual reconoce el derecho fundamental de los pueblos indígenas a ser consultados respecto de las medidas susceptibles de afectarlos directamente, consulta que no ha sido realizada en el presente caso, de acuerdo con los parámetros establecidos internacionalmente.

La demanda muestra cómo, al emitir el Decreto Legislativo N° 1064, el Poder Ejecutivo ha excedido los límites de la delegación de facultades que le otorgara el Congreso de la República, contraviniendo de este modo el artículo 104 de la Constitución.

Asimismo se evidencia la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo regule derecho fundamentales como el de identidad cultural, mediante un decreto legislativo, toda vez que, conforme a la Constitución, esta es una materia que solo puede ser legislada por el Congreso de la República.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo precisa que el Congreso de la República solo autorizó al Poder Ejecutivo a regular aspectos relacionados con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú–Estados Unidos, y que este ámbito de delegación no puede ser interpretado de manera extensiva, como se ha hecho en este caso, más aún cuando se afectan derechos fundamentales de las personas.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo anunció que continuará analizando en detalle los Decretos Legislativos, a fin de determinar si éstos afectan o no derechos fundamentales.

Lima, 04 de junio del 2009

 

Anexos:

Texto de la acción de inconstitucionalidad

Original:
http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=3822

Texto de Informe Defensorial sobre la  Consulta Previa

Nota de Prensa N° 108/OCII/DP/2009

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
Defensoría del Pueblo
Telefax: 3110300 anexo 1403
prensa@defensoria.gob.pewww.defensoria.gob.pe

FUENTE
http://www.defensoria.gob.pe/

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DL 1064 vulnera el derecho de nativos a ser consultados por todo lo que les afecte

Ante eso, la Defensoría del pueblo presentó demanda de inconstitucionalidad. También derechos de identidad cultural y propiedad de la tierra. Además, contradice la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

María Elena Castillo.

Una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1064 presentó la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional por considerar que vulnera varios derechos de los pueblos amazónicos.

El adjunto para Asuntos Constitucionales, Fernando Castañeda, explicó que tras una profunda evaluación la Defensoría llegó a la conclusión de que esta norma –que aprueba un nuevo régimen jurídico para variar las condiciones de la tierra agraria– es inconstitucional por razones de forma y de fondo.

Indicó que el decreto no respeta los derechos a la identidad cultural, de propiedad de la tierra y de la consulta previa a los pueblos indígenas, previstos en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“Los pueblos indígenas tienen un régimen constitucional que incluye la protección reforzada de las tierras y el derecho fundamental a ser consultados acerca de todas las decisiones que les afecten. Y este decreto legislativo los desconoce”, sostuvo.

Precisó que la Carta Magna, en el artículo 89 y siguientes, establece que los terrenos comunales no se pierden; sin embargo, este decreto legislativo norma una serie de supuestos que podrían dar pie a que las tierras comunales se pierdan, lo que no va en relación al espíritu y la letra de la Constitución.

Va en CONTRA de LA CIDH

Dijo que las tierras de los pueblos indígenas están vinculadas con su identidad cultural, con sus costumbres, con sus características, con su pasado, y que por ello deben tener una protección especial.

“El DL 1064 va en contra de lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en reiteradas decisiones y los parámetros establecidos por el sistema de protección internacional en relación con los pueblos indígenas”, advirtió.
Refirió que continuará evaluando los otros decretos para verificar su constitucionalidad.

Ejecutivo excedió sus facultades

1] Castañeda afirmó, además, que al emitir el Decreto Legislativo 1064, el Poder Ejecutivo se excedió en las facultades que le dio el Congreso de la República, contraviniendo así el artículo 104 de la Constitución.

2] “Hubo un exceso en el ejercicio de la delegación de facultades. Se le delegó el poder legislativo de normar aspectos concretos para mejorar la competitividad de los pueblos indígenas y de las tierras sobre las cuales están asentados, pero no para modificar su régimen jurídico, que está íntimamente ligado con el derecho fundamental a la identidad cultural”, explicó.

3] En ese sentido, señaló que el Parlamento sólo autorizó al Ejecutivo en forma explícita a regular aspectos relacionados con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos (TLC), y aseveró que este ámbito de delegación no puede ser interpretado de manera extensiva.

FUENTE
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090605/4/node/197989/todos/15

VERSION IMPRESA.

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