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07.07.09

PANAMA. Gobierno de Torrijos rechazó pedido de la CIDH de suspender proyecto hidroeléctrico

Categorías: Panama, CIDH

La solicitud de suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75, en Bocas del Toro, que hizo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), fue rechazada por el pasado gobierno, que además pidió revocar la medida.
Gobierno rechazó medidas de la CIDH

El Estado panameño no puede acatar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así respondió el gobierno de Martín Torrijos, a través de Cancillería, a la petición de suspender el proyecto hidroeléctrico Chan 75, que construye la empresa AES Changuinola en Bocas del Toro, y para el cual ha tenido que hacer desalojos.

En un un informe enviado a la Comisión el jueves 25 de junio, el gobierno anterior señaló que las medidas de la CIDH no fueron dictadas de conformidad con el reglamento de esa Comisión.

El gobierno solicitó a la CIDH que revoque su decisión y pidió que el organismo se informe de “manera objetiva” sobre la situación de las comunidades influenciadas por la obra.

Larissa Duarte, directora de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, lamentó que el gobierno de Torrijos no haya tenido la capacidad de responder por el fondo del problema.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

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COMUNICACIÓN. Gobierno anterior informó que no acatará fallo de la CIDH.

Torrijos dejó el enredo sobre fallo que beneficia a indígenas

Los afectados denunciaron abuso policial por oponerse a una hidroeléctrica.

Ereida Prieto-Barreiro
PA-DIGITAL

A cinco días de dejar el poder, el Gobierno del ex presidente Martín Torrijos comunicó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que “no acataría” un fallo de medidas cautelares a beneficio de indígenas Ngöbe Buglé.

El Gobierno comunicó esta decisión en una nota fechada el 25 de junio sobre el caso surgido, tras una denuncia de supuesto abuso policial contra los indígenas que rechazan la construcción de la Hidroeléctrica Chan – 75.

En el documento, Panamá solicita a la CIDH que “revoque” la decisión de adoptar medidas cautelares como la suspensión de la hidroeléctrica de la concesionaria AES – Changuinola, hasta que se informe de manera “objetiva” sobre las comunidades impactadas en Bocas del Toro.

Asimismo pide que la CIDH convoque a una audiencia para tratar estas medidas que “exigen inminencia, urgencia e inmediatez de violaciones al derecho de la vida” de estos indígenas.

La resolución de la CIDH señalaba que “Panamá debe cumplir con el rol de defensor de los derechos de todos los pueblos afectados por este proyecto”.

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Torrijos y ahora Martinelli y su embajador ante la OEA, Cochez pueden patalear lo que quieran, la medida es de estricto cumplimiento y el fallo final sería peor para Panamá.

La violación a los derechos humanos es un grave delito de Estado.

Panamá no necesita esta hidroeléctrica, que de concretarse, será una hidroeléctrica más. Esta obra ha producido, aún a 15% de avance, un grave dano ambiental a hermosas áreas protegidas y ha causado una enorme conmoción social a los indígenas ngobes afectados, que ha culminado en violación evidente de los derechos humanos de estas personas.

Además, la realidad energética de Panamá no es la que pinta el gobierno, ni mucho menos lo que dice AES, ya que ambos son parte interesada y nunca han demostrado, ni demostrarán numeritos más allá de la retórica desarrollista del efecto positivo de esta represa.

La Ley ordena evaluaciones ambientales estratégicas de los planes y políticas y el Estado se ha negado para no quedar en evidencia de la realidad que conlleva a desmentir lo que dicen sólo de discurso, pero no por ciencia y números. Obviamente que el interés entramanado por diversos sectores allegados a los gobiernos, les impide actuar con ética y valores que vayan por encima del mercantilismo per se que promueven los gobiernos.

FUENTE
Burica Press

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