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08.07.09

INTERNACIONAL. Las transnacionales, enemigas de los indígenas junto con los estados

NUEVA YORK (dpa) - Pronunciar la palaba "transnacionales" quizás sea lo mismo que decir "enemigo" para los pueblos indígenas: la explotación de los recursos naturales que llevan realizando en sus tierras ha sido sinónimo de escasos ingresos monetarios para ellos y efectos dañinos para el ecosistema.

Esta situación se denunció en el encuentro internacional celebrado en las Naciones Unidas en mayo pasado, cuando se realizó el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, en el que participaron unos 2.000 representantes de todo el mundo. Allí se evaluó cómo se estaba aplicando la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007, un análisis que las compañías extractivas no pasaron con buena nota.

La Declaración defiende, por un lado, el derecho de los indígenas a determinar el uso de sus tierras y recursos. Por otro, insta a las compañías a tener su consentimiento libre, previo y documentado a que exploten sus recursos. Algo que, en el Foro, se denunció que las empresas "no cumplen de lejos".

Según un informe presentado en el Foro Permanente, a pesar de mostrar mayor voluntad en hacer que los pueblos originarios participen de los beneficios obtenidos en la explotación de los recursos, en la mayoría de los casos se hace pagando un fijo antes de la explotación en vez de ofrecer un porcentaje.

Además, la explotación de recursos está teniendo un fuerte impacto en el cambio climático, en general unos "daños colaterales" que afectan especialmente a los más de 370 millones personas que forman los pueblos indígenas del planeta.

Entre las empresas extractoras más dañinas se encuentran las del sector de la minería, sobre todo las de explotación del oro. Actualmente, tal como se informó en el Foro, el 60 por ciento de los materiales se extrae en el mundo mediante la minería de superficie, lo que provoca efectos devastadores en el ecosistema: contaminación de aire, suelo y agua; deforestación y secuelas en la producción agrícola, pecuaria y la salud de las personas.

Como ejemplo está el caso del pueblo shoshone, que sufrió la pérdida de aguas subterráneas y contaminación del medio ambiente, lo que provocó problemas de salud en los ancianos por la cantidad de material tóxico producido.

Lo mismo ocurre en otros sectores extractores como la industria maderera. Los expertos miembros del comité del Foro Permanente denunciaron, entre otros casos, la lucha de los mapuches en Chile con protestas que acabaron con detenidos y heridos y en las que reclamaban las tierras explotadas por empresas forestales.

En otro ejemplo del sector agropecuario, la demanda desmedida de suelos fértiles y recursos hídricos desplazó a cerca de 40.000 guaraníes en Brasil a vivir cerca de las carreteras. En el de biocombustibles, los monocultivos de soja a gran escala dañaron, según los expertos del Foro Permanente, más de 37 millones de hectáreas de bosques y pasturas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.

El estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil, perdió el 95 por ciento de los bosques originales ante unas plantaciones que siguen creciendo ante el "boom" económico del que goza el biocombustible etanol.

El problema de frenar este tipo de explotación y hacer que las empresas respeten los derechos de los indígenas y los tengan en cuenta, tal como dicta la Declaración de la ONU, no es fácil: "Es un gran reto ya que las compañías no son Estados miembros", explica la directora del Foro Permanente, Victoria Tauli-Corpuz.

Pero las compañías no son el único problema que tienen los pueblos originarios, sino también precisamente los Estados, que sí firmaron la Declaración.

El texto contó con el apoyo de 143 de los 192 miembros de la ONU y el voto en contra de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Ahora, Australia apoyó el documento junto con Colombia, que se había abstenido.

El informe presentado en el Foro Permanente denunció que los Estados "han demostrado mayor interés en proteger los intereses de las empresas que los derechos de los pueblos indígenas".

Según Victoria Tauli-Corpuz, el problema es la crisis económica, por la que los países buscarán más la explotación de los recursos naturales para obtener beneficios. Algo que se suma a los créditos dados por el Banco Mundial para contribuir a combatir la crisis con más ayudas que, según Tauli-Corpuz, van a generar "más corrupción entre los gobiernos", y ayudarán a la construcción de más infraestructuras para facilitar la explotación de los recursos que "generarán polución e impactarán en el cambio climático".

Junto con ello, ya no sólo los Estados sino los gobierno locales también son un obstáculo para una mejora de las condiciones de vida de los indígenas: en una visita realizada Bolivia y Paraguay, Tauli- Corpuz observó que el problema es que aunque los Estados aboguen por defender sus derechos, "en los departamentos ves cómo quien tiene el control sobre la zona son los propietarios, los que están en el terreno, no el gobierno federal".

Fuente: Eva Font Mendiola (dpa) | 08/07/2009

FUENTE
http://www.elpais.cr/articulos.php?id=9258

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