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09.07.09

ECUADOR. Modus vivendis

Bartolomé de las Casas abogó por el reconocimiento de los derechos a los indígenas en los primeros años de la colonia. Los conquistadores sostenían que los nativos no tenían alma, en consecuencia no eran sujetos de derechos. De las Casas logra demostrar lo contrario, pero concluye que aunque tenían alma y cultura, al no conocer a Dios, los convertía en una suerte de menores de edad, por lo tanto deberán estar representados y administrados por la iglesia, dando justificación a “las encomiendas” y a las “misiones de evangelización”.

Estas cuestiones propias de la historia ya lejana, vuelven a ponerse sobre la mesa de cuando en cuando, y no nos referimos a la relación Iglesia-Estado, sino a los conceptos manejados en derredor de esto.

El dictador Federico Páez, con la intención de terminar “el aislamiento con Roma” y dar por superado “el conflicto religioso” surgido con la Revolución Liberal, firma el Convenio de Modus Vivendis entre el Estado ecuatoriano y el Vaticano en 1937. Entre otros puntos “Ambos poderes [Estado-Iglesia] prometían colaborar en la atención al indígena, las misiones, la cultura, la educación”, sellando así un acuerdo de convivencia y apoyo mutuo.

El pasado 12 de julio este tema vuelve a escena, el presidente Rafael Correa, mediante Decreto Ejecutivo No. 1780, reaviva y amplia, de modo unilateral, el Modus Vivendis. En sus considerandos se justifica jurídicamente con los contratos y Decretos suscritos por el Estado, todos en periodos dictatoriales o regímenes conservadores como el de Sixto Durán Ballén.

Esto no solo ratifica el Modus Vivendis: amplía su fundamento jurídico al concebirlo como instrumento para implementar principios constitucionales de “garantía de igualdad e inclusión social” y el “buen vivir”. Pero va más allá, también es puesto como una forma de cumplir con el Convenio 169 de la OIT, referido al reconocimiento de los Derechos Indígenas.

Con este acto el Gobierno busca la “incorporación a la vida socio-económica y cultural de la República, de todos los habitantes de las provincias amazónicas, Esmeraldas y Galápagos”, mediante la entrega de facultades para trabajar por el “desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evangelización e incorporación a la vida socio-económica del país, a todos los grupos humanos que habitan” en los territorios mencionados. Para ello se pone a cargo de varias órdenes religiosas, con el apoyo financiero del Estado, las áreas de educación, salud, telecomunicaciones, entre otras.

“Un paso adelante y dos atrás”, diría Lenin. Y es que en la Constitución se avanzó en el fortalecimiento del carácter laico del Estado, se reconoce la plurinacionalidad, y en consecuencia se define cuáles son los sujetos de derechos, con los que el Estado debe organizar las políticas públicas.

En cuanto a los Derechos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la plurinacionalidad dan sustento a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Recordemos que en febrero pasado el Gobierno quitó la autonomía de la educación bilingüe, y ahora se la entrega a la iglesia.

¿Estos son los caminos de la Revolución Ciudadana?

Por Floresmilo Simbaña
fsimbana@telegrafo.com.ec

FUENTE

El Telégrafo, Quito.

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