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29.04.09

PERU. TC reconoce el derecho a la consulta de pueblos indígenas y el rango constitucional del Convenio 169 OIT

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de expedir una importante sentencia en la que se reconoce jurisprudencialmente por primera vez, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Nos referimos a la resolución recaída en el exp. Nº 03343-2007-PA/TC.

Ciertamente, no es el único tema abordado en dicha sentencia, también se desarrollan otros importantes, tales como el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, el medio ambiente y la constitución ecológica, el desarrollo sostenible, el principio de prevención, la responsabilidad de la empresa, comunidades nativas y medio ambiente, el derecho a la identidad étnica y cultural, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los recursos naturales.

El problema con el derecho a la consulta, que ocasiona debate y controversia, es que se trata de un derecho que no ha sido reconocido literalmente ni en la Constitución ni en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano (Ley 26300), sino solamente en normas de naturaleza reglamentaria, y en el Convenio 169 de la OIT. Ello ha originado, como luego veremos, resistencias de parte del poder político y, por supuesto, del poder económico ligado con la explotación de los recursos mineros y de hidrocarburos, que ve en este derecho un obstáculo para la explotación de estos recursos. La solución pasa por una labor de interpretación de la Constitución, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT, y más en concreto, por la fuerza normativa que le reconozcamos a este convenio, al interior del sistema de fuentes del derecho de nuestro ordenamiento jurídico.

Lo que hace la sentencia del TC materia de comentario, es explicitar algo que ya estaba claro en la doctrina: el Convenio 169 de la OIT no solo es una norma jurídica parte del sistema de fuentes del derecho peruano, sino que tiene rango constitucional. Que el máximo y supremo intérprete de la Constitución (artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) afirme esto, ayuda y contribuye a zanjar el tema, confirmando su plena fuerza normativa. La consecuencia de todo esto es evidente, los jueces pueden aplicar directamente esta norma al momento de resolver los conflictos que conozcan, en la medida que es una fuente del derecho. Ciertamente, ello no los exonera de la labor hermenéutica que cada juez debe hacer para armonizar las normas del derecho internacional de los derechos humanos con el derecho nacional. Lo importante, y esa es la idea de fondo de este artículo, es que el Convenio 169 de la OIT es derecho interno.

La consecuencia de ello es fundamental, no solo estamos ante un derecho cuya tutela se puede exigir judicialmente, sino más aún, estamos ante un derecho que puede ser protegido por la justicia constitucional, es decir a través de procesos como el amparo, de cumplimiento, de inconstitucionalidad, de acción popular, por ejemplo dado su rango constitucional, lo cual permite la habilitación de una tutela de urgencia en principio más potente y efectiva.

FUENTE
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=22

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AGREGADO POR CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS - CEPPDI
TEXTO DE LA SENTENCIA

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