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17.05.09

PERU. Debate juridico sobre sentencia de Tribunal Constitucional en caso de Cordillera Escalera

Categorías: Peru, Jurisprudencia

ANALISIS DE DANIEL IRWIN YACOLCA

En Blog de daniel irwin yacolca estares

19/05/09

EL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN COMO PROTECCIÓN DE NUESTRA AMAZONÍA APLICADO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO PORQUE A LA FECHA NO EXISTE UN PLAN MAESTRO

1. RESUMEN

El presente comentario esta relacionado a la Sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de febrero de 2009, seguido en el Expediente Nº 03343-2007-PA/TC.

El objeto de la demanda de amparo fue que se suspenda la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en el Área de Conservación Regional denominada Cordillera Escalera, debido a que tal situación amenaza su derecho constitucional a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado del demandante.

El Poder Judicial, en primera y segunda instancia se ha pronunciado en contra de la demanda sin un debido fundamento, valiéndose sólo en la posición del Ministerio de Energía y Minas, careciendo de una interpretación sistemática de las normas aplicables.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, dejó de lado la posición del Poder Judicial y se pronunció a favor de aplicar el principió de prevención, sus fundamentos se valen de consultas, no sólo al Ministerio de Energía y Minas, sino también, de las demás Instituciones competentes en materia ambiental y de la doctrina especializada. Sobre todo, el fallo se inclinó a favor de la demanda, debido a que a la fecha no existe un plan maestro que asegure el aprovechamiento de los recursos naturales en nuestra amazonía.

2. LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA Y SU APLICACIÓN EN LA SOCIEDAD MODERNA

En este punto, nos detendremos para reflexionar sobre la forma como se está comportando la economía frente al derecho, que nos servirá para asentar más aún la posición del Tribunal Constitucional aplicando el principio de prevención.

Actualmente la sociedad esta inmersa dentro de cambios muy profundos, debido, en la mayor parte, por la evolución de la economía global. Las normas jurídicas resultan obsoletas para reglar las nuevas formas de vivencias que la humanidad origina. En ese sentido, es preciso explicar la relación entre el derecho y la economía y su impacto en la sociedad (1). Gran parte de las explicaciones conocidas terminan sumiéndose en especulaciones de corte netamente ideológico y sociológico. Unos ponen a la economía arriba, como la que determina al derecho, otros lo hacen al contrario.

Sin bien es cierto, no se pretende resolver todas las relaciones del derecho y la economía y sus efectos en la sociedad, pero sí contribuir al debate acerca de ciertas interrogantes, tales como: ¿puede el derecho, de alguna manera, cambiar el cauce de la economía y adecuarse a su evolución, haciéndola más equitativa?, ¿Mientras no cambien las relaciones de producción y ciertos paradigmas sobre la economía política, el derecho será un sirviente legitimador del estatus social y económico actual?

Por ende, la economía debe tener límites cuando atenta derechos fundamentales de mayor calado que la propiedad. Límites ex – ante para prevenir crisis globales como la que ocurre hoy en día.

Por otra parte, Mario Ruiz y Jairo Valero (2), desde una perspectiva de la evolución de la economía, señalan que:

Para la teoría económica neoclásica simple era evidentemente estrecha al no incorporar el poder y el derecho, suponiendo que, en la sociedad no existía conflicto, y por consiguiente, resultaría racional la negociación coaseiana. La teoría neoclásica ampliada logró avanzar al incorporar el Estado, los derechos de propiedad y los contratos, a su esquema analítico. Sin embargo, el gran salto lo dio Olson (2000), puesto que tuvo en cuenta el lado oscuro de la fuerza, en tanto elemento fundamental del esquema neoclásico ampliado. Los neoinstitucionalistas han hecho avanzar la teoría económica ya que analizaron la estructura (instituciones económicas, instituciones jurídicopolíticas, tecnología, población, e ideología propia de una sociedad determinada), el funcionamiento y el resultado de las economías a través del tiempo.”

Dichos autores agregan que, al examinar la teoría sociológica del derecho (como funciona las normas jurídicas en el contexto social), sobre todo en lo tocante al monopolio legítimo de la dominación simbólica, se pudo observar que la teoría económica muestra cierto rezago comprensivo. Sin embargo, el esquema neoclásico en los últimos años se ha preocupado por el “derecho autónomo” especialmente por el derecho privado, identificando éste con el derecho civil.

Expresado de forma ligeramente diferente, los neoclásicos aceptan la relación del derecho con la economía, si y sólo si se trata de la racionalidad jurídica formal. Por las injusticias y pobreza globales, que ha generado el modelo neoclásico y, para corregirlas existe una fuerte tendencia jurídica hacia la racionalidad material, es el caso del derecho responsivo. En todo caso, se mostró que el imperio de la ley es un requisito necesario y suficiente para construir una economía de mercado exitosa. Por tanto, los actores económicos operan dentro de un marco jurídico que asegura la captación ordenada de beneficios.

Resumiendo, Francesco Carnelutti (3), señalaba que “se intenta averiguar qué es el Derecho nos encontramos forzosamente ante la necesidad de tener que estudiarlo en relación con la economía”. Esta opinión, sostiene Vicente Acosta (4), lo único que hace es reflejar la gran relación que existe entre el derecho y la economía, que se hace más evidente en la actualidad pero que, nos atrevemos a manifestarlo, siempre ha existido.

Por ello, siguiendo al autor italiano, en la relación de derecho y economía, sostiene que “podríamos decir que la economía es el reinado del yo, es decir, del egoísmo. El de la economía es el terreno en el cual se encuentran los diversos egoísmos, de los hombres los mismos que de los pueblos. Por eso, en sí y por sí, es el reinado del desorden (...) Para poner orden en el caos económico y hacer de este modo que los hombres vivan en paz, es necesario sustituir el egoísmo por el altruismo, el yo por el tu. Si la economía es el reinado del yo, el reinado del tú es la moral (...) Si el amor no germina en la tierra hay que encontrarle un sucedáneo (...) Preciso es inventar algo que consiga, respecto de la economía, los mismos efectos que la moral. Y si no son los mismos, paciencia, con tal de que puedan aproximársele. Ese subrogado de la moral es el derecho. Se tiene así un puente entre la moral y la economía o se concluye una especie de compromiso entre ellas (...) (5).

En definitiva, el contexto social siempre se ve influenciado por la evolución de la economía y por las normas jurídicas. El derecho está a la zaga de la economía, que en la mayoría de casos, las normas jurídicas (estáticas y obsoletas) no están adecuadas a dichos cambios, pues sus efectos positivos o negativos inciden en la sociedad en el ámbito local, nacional y mundial.

En ese sentido, cuando se trata sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, es indispensable tomar en consideración la variable económica en dos fases:

* Los beneficios económicos que el Estado obtendría de la explotación de los recursos

* Los beneficio que dejaría de obtener si se destruye la biodiversidad, los bosques, los conocimientos ancestrales de las comunidades nativas.
* Los efectos perniciosos de las actividades en desmedro de los derechos fundamentales de las comunidades nativas y de la población peruana y mundial que está en riego por el calentamiento global.

3. DOCTRINA Y LEGISLACIÓN SOBRE EL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN

Si bien en Tribunal Constitucional desarrolla diversos temas vinculado con la protección ambiental, en este artículo nos centraremos en el principio de prevención, debido a que consideramos que es el punto de quiebre para la decisión que se tomó amparando la demanda.

Con relación al principio de prevención, es del caso advertir que el artículo IV del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente establece que la “gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental.” Asimismo, en su artículo 11º señala:

Sin perjuicio del contenido específico de la Política Nacional del Ambiente, el diseño y aplicación de las políticas públicas consideran los siguientes lineamientos: (…) b. La prevención de riesgos y daños ambientales, así como la prevención y el control de la contaminación ambiental, principalmente en las fuentes emisoras. En particular, la promoción del desarrollo y uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y disposición final más limpias”.

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha establecido en la STC N.º 01206-2005-AA/TC que:

“(…) este principio de prevención se desprende de la faz prestacional inherente al derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, lo que ha sido concretizado por el legislador ordinario. En tal sentido, es ineludible el deber del Estado de prevenir adecuadamente los riesgos ante los cuales se encuentra el ecosistema, así como los daños que se pueden causar al ambiente como consecuencia de la intervención humana, en especial en la realización de una actividad económica. Más aún, el principio de prevención obliga al Estado a ejecutar acciones y adoptar medidas técnicas que tengan como fin evaluar los posibles daños que se pueda ocasionar al medio ambiente”.

La cristalización del principio de prevención se encuentra en la acción que el Estado debe adoptar para prevenir un daño al medio ambiente que, en la actualidad, es potencial. Con él se pretende prevenir, por ejemplo:

La extinción de las especies de la flora y fauna (…); la contaminación de los mares (por petróleo, desechos radioactivos, desperdicios y sustancias peligrosas, de fuentes terrenas o de cualquier fuente); contaminación de los ríos (…) violenta modificación del ambiente; efectos adversos de las actividades que previenen la migración de especies; contaminación del aire; modificación de la capa de ozono; degradación del ambiente natural; toda clase de contaminación; implicancias adversas de los impactos ambientales (…); y pérdida de la biodiversidad (…) Iturregui encuentra la aplicación del referido principio en las políticas nacionales de prevención, tales como “los sistemas de evaluación del impacto ambiental y los controles directos sobre la contaminación, como en los estándares de emisión de licencias ambientales ” (6).

Es del caso advertir que si bien el principio de prevención y el principio precautorio están íntimamente relacionados, existe una distinción entre ambos. En ese sentido, Jiménez de Parga y Maseda manifiesta que:

“[...] la prevención se basa en dos ideas-fuerza: el riesgo de daño ambiental podemos conocerlo anticipadamente y podemos adoptar medidas para neutralizarlo. Por el contrario, la precaución, en su formulación más radical, se basa en las siguientes ideas: el riesgo de daño ambiental no puede ser conocido anticipadamente porque no podemos materialmente conocer los efectos a medio y largo plazo de una acción. La posibilidad de anticipación es limitada e imperfecta al estar basada en nuestro grado o estadio de conocimientos científicos, los cuales son limitados e imperfectos” (7).

Por su parte, Andorno explica que en caso de la “prevención”, la peligrosidad de la cosa o actividad es ya bien conocida, y lo único que se ignora es si el daño va a producirse en un caso concreto. Por otro lado, en el caso de la “precaución” la incertidumbre recae sobre la peligrosidad misma de la cosa, porque los conocimientos científicos son todavía insuficientes para dar una respuesta acabada al respecto (8).

Dicho principio se encuentra recogido en el inciso 3, artículo 3, del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, aprobado mediante Resolución Legislativa N.° 26185 y en el artículo 10, inciso f), del Decreto Supremo N.° 022-2001-PCM (9).

De lo expuesto por el Tribunal Constitucional, se puede advertir que el principio de prevención permite que el riesgo de daño ambiental puede ser conocido anticipadamente y podemos adoptar medidas para neutralizar, puesto que la peligrosidad de la cosa o actividad es ya bien conocida (exploración y explotación de petróleo), y lo único que se ignora es si el daño va a producirse en un caso concreto.

4. EL PRINCPIO DE PREVENCIÓN EN EL CASO CONCRETO

El recurrente sostiene que en el Lote 103 (área reservada para su exploración y eventual explotación) se encuentra la ACR Cordillera Escalera, área establecida mediante Decreto Supremo N.º 045-2005-AG. En tal sentido, la actividad hidrocarburíferas, tanto en su faz exploratoria como de explotación, implicaría una afectación al ecosistema del área protegida; por consiguiente, vulneraría el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado.

A efecto de analizar en presente caso, el Tribunal Constitucional desarrolla, entre otras, tres temas relevantes:

4.1. Determinar si efectivamente existe tal superposición del Lote 103 con la ACR Cordillera Escalera.

Sobre la superposición de las referidas áreas, debe indicarse que de acuerdo al mapa remitido por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), contenido en el Oficio N.° 342-2008-INRENA-IANP-DP-DPANP, se aprecia claramente que gran parte de las 149. 870,00 hectáreas de la ACR se encuentra dentro del Lote 103.

En efecto, de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 026-2004-EM, que aprueba el contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 103, el área concesionada se ubica entre las provincias de Alto Amazonas del departamento de Loreto y Moyabamba, Lamas, San Martín y Picota del departamento de San Martín. Por su parte, la ACR se encuentra en los distritos de Pinto Recodo, San Roque de Cumbaza, Pongo del Caynarachi y Barranquita de la provincia de Lamas y de los distritos de San Antonio de Cumbaza, Tarapoto, La Banda de Shilcayo, Shapaja y Chazuta de la provincia de San Martín, de la región San Martín.

Por tanto, en este punto se puede advertir que efectivamente existe la superposición del lote 103 con la ACR Cordillera Escalera.

4.2. Analizar si resulta legal y constitucionalmente factible la explotación de recursos no renovables ubicados dentro del área protegida.

Sobre el particular, cabe preguntarse si es que esta superposición basta para que la concesión hidrocarburífera sea per se cuestionada por afectar el ecosistema de la referida ACR.

Al respecto, la Ley 26834, de Áreas Protegidas (ANP), establece que el conjunto de áreas protegidas conforma el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), que se encuentra regido por el INRENA.

La finalidad de estas áreas se encuentra establecidas en el Artículo 2 de la citada ley, debiendo resaltarse, entre otras, la siguiente: asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, mantener la biodiversidad y mantener la base de recursos, incluyendo los genéticos, que permitan desarrollar opciones para mejorar los sistemas productivos, encontrar adaptaciones frente a eventuales cambios climáticos perniciosos.

Entre las ANP existen diferentes categorías, identificadas en el artículo 20 de la Ley citada. Así, se distingue entre las áreas de uso indirecto (entre las que están los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos) y áreas de uso directo (donde están las reservas nacionales, paisajísticas, comunales, refugios de vida silvestre, bosques de protección, cotos de caza y áreas de conservación regionales. En las primeras, no se permite la extracción de recursos naturales, mientras que en las segundas, sí está permitido el aprovechamiento o extracción de recursos, siempre que ello sea compatible con los objetivos del área.

Como es de apreciarse, las ACR, que son áreas que tienen una importancia ecológica significativa para la región, se clasifican como áreas de uso directo, pudiendo, en consecuencia, explotarse los recursos naturales ubicados en la zona. Específicamente sobre el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables ubicados en la ANP, el artículo 27 de la norma establece que:

El aprovechamiento de recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas sólo podrá ser autorizado si resulta compatible con la categoría, zonificación asignada y el Plan Maestro del área. El aprovechamiento de recursos no debe perjudicar el cumplimiento de los fines para los cuales se ha establecido el área” (resaltado agregado).

Asimismo, el Artículo 5 del Decreto Supremo N.º 045-2005-AG, que crea la ACR, señala:

El aprovechamiento de recursos naturales no renovables al interior del área de conservación regional se permite sólo cuando lo contemple su plan de maestro aprobado, estando sujeto también a las normas de protección ambiental y a las limitaciones y restricciones previstas en los objetivos de creación del área y su zonificación” (subrayado agregado).

En suma, la propia normativa que regula las ANP de uso directo contempla la posibilidad de que puedan realizarse actividades extractivas, inclusive cuando se trata de recursos no renovables.

Sin embargo, la posibilidad de que puedan realizarse actividades extractivas, no implica que dichas normas se consideren autoaplicativas, sino que requiere de que el Estado vele que no se vulneren derechos constitucionales. Además, se debe realizar un estudio, no sólo de impacto ambiental, sino de costo beneficio, puesto que hoy en día y, con más razón, en el futuro, los recursos naturales y la biodiversidad en su conjunto, serán más valiosos que el petróleo que se piensa en extraer.

4.3. Verificar si la exploración y la explotación cumplen los requisitos previstos para efectuar dichas actividades dentro del área protegida.

En este punto, es vital lo sostenido por el Tribunal Constitucional, puesto que advierte que así la etapa de exploración sísmica ha finalizado, esto no puede significar que la amenaza ya ha cesado, en tanto dicha exploración sísmica constituye sólo una fase de la etapa de exploración, quedando pendientes otras, como la perforación de pozos exploratorios.

Agrega el Tribunal, que el Testimonio de Escritura Pública celebrado entre Perúpetro S.A. y Occidental Petrolera del Perú titulado “Contrato de Licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 103”; de dicho documento instrumento público se infiere que el contrato suscrito entre las partes comprende la etapa de exploración y la de explotación.

En efecto, la cláusula tercera del referido contrato precisa: “El plazo para la fase de exploración por hidrocarburos es de siete (7) Años, el que se puede extender de acuerdo a ley (…) El plazo para la fase de explotación de Petróleo, es el que reste después de terminada la fase de exploración hasta completar el plazo de treinta (30) Años (...) El plazo para la fase de explotación de Gas Natural No Asociado y de Gas Natural No Asociado y Condensados, es el que resta después de terminada la fase exploración hasta completar el plazo de cuarenta (40) Años”.

Por otra parte, es del caso precisar que el término ‘exploración’, en el referido contrato, tiene el siguiente significado: “Planeamiento, ejecución y evaluación de todo tipo de estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos y otros, así como la perforación de Pozos Exploratorios y demás actividades conexas necesarias para el descubrimiento de Hidrocarburos, incluyendo la perforación de Pozos Confirmatorios para la evaluación de los Reservorios descubiertos” (subrayado agregado). Es decir que la etapa de exploración comprende, además de la exploración sísmica, otro tipo de actividades.

El Artículo 68° de la Constitución establece que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Al respecto, la STC 0021-2003-AI/TC precisa que tal obligación implica que los actos que puedan representar un nivel de riesgo para las áreas naturales protegidas requieran, para efectos de su aprobación, una participación conjunta de los distintos organismos estatales que tienen por función la conservación y protección de dichas áreas, de modo tal que, mediante labores preventivas, dicho riesgo quede reducido al mínimo.

A continuación se procederá a analizar si las actividades realizadas por las emplazadas cuentan con la aprobación de las autoridades competentes.

De autos se pone de relieve que la ACR Cordillera Escalera se llevó a cabo la exploración sísmica de la estructura Pihuicho (Lote 103). Así, el artículo 9º del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, contenido en el Decreto Supremo N.º 015-2006-EM, indica que previo al inicio de actividades de hidrocarburos, ampliación de actividades o modificación, el titular deberá presentar ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas el Estudio Ambiental correspondiente. En esa línea, el artículo 26º de dicho dispositivo precisa: “El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se presentará para aquellas Actividades de Hidrocarburos contenidas en el Anexo N.º 6”. Conforme a tal anexo, para el inicio de actividades concernientes a la exploración sísmica se requiere de un Estudio de Impacto Ambiental.

De autos se aprecia que la DGAAE expide la Resolución Directoral N.º 360-2006-MEM/AAE, de fecha 4 de julio de 2006, en la que resuelve aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Sísmica de la Estructura Pihuicho en el Lote 103.

En consecuencia, en el caso de la exploración sísmica las demandadas contaron con la aprobación de la autoridad nacional competente legalmente.

Sin embargo, el problema radica en que la norma es muy permisiva, puesto que no precisa que el Estudio de Impacto Ambiental considere: un análisis de derechos fundamentales y un análisis costo beneficio para el estado peruano.

4.4. Amenaza al derecho constitucional a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.

Conforme a lo expresado en anteriores párrafos la exploración sísmica constituye sólo una fase de la etapa de exploración, quedando pendientes otras, y la posibilidad de una eventual explotación. En ese sentido, el Tribunal Constitucional analiza si dichas actividades pueden ser consideradas una amenaza al derecho constitucional a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.

Dado que dichas actividades se proyectan a realizarse en ACR Cordillera Escalera el Tribunal estima conveniente abordar la importancia de dicha área. Sobre el tema, obra en autos el Informe N.º 177-2008-INRENA-IANP-DPANP, de fecha 12 de mayo de 2008, expedido por el Instituto Nacional de Recursos Naturales, en el que con relación a la importancia y características del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera expresa lo siguiente:

Esta área constituye una porción de la selva alta donde nacen importantes ríos que abastecen de agua a la población humana de las ciudades más importantes de la Región San Martín y alberga una singular diversidad biológica cuya conservación, a través de su protección y uso sostenible, constituye una prioridad regional y nacional (…) En su conjunto la Cordillera Escalera origina cinco cuencas que tributan a las cuencas del Huallaga y el Marañón. La creación de la Cordillera Escalera tiene por finalidad garantizar el mantenimiento de servicios ambientales como el agua, la reserva de biodiversidad, la belleza paisajística y la captura del carbono (...). Cordillera Escalera alberga 3 especies endémicas (…) considerando que en el Perú se han reportado 18 especies (…) Por otro lado, debe mencionarse que de las 14 especies de ranas venenosas (…) registradas para Perú 3 se encuentran en Cordillera Escalera (…) También, en Cordillera Escalera se encuentran especies en peligro de acuerdo a la categorización de especies amenazadas aprobada mediante Decreto Supremo N.º 034-2004-AG”.

Por otra parte, en los considerandos del Decreto Supremo N.º 045-2005-AG que estableció la ACR Cordillera Escalera se precisa:

(...) permitirá garantizar el mantenimiento de los actuales servicios ambientales para las ciudades de Tarapoto y Lamas (…). La Cordillera Escalera es una zona prioritaria para la conservación de mamíferos, anfibios, reptiles y aves ya que alberga especies de distribución muy restringida (…) Que, en la Cordillera Escalera se han registrado de acuerdo a la categorización de especies amenazadas de fauna silvestre y que prohíbe su caza, captura, tenencia, transporte o exportación con fines comerciales, aprobada mediante Decreto Supremo N.º 034-2004-AG, las siguientes Especies en Peligro (EN): Tremarctus ornatus “Oso de anteojos”, Aulacorhynchus huallagae “tucancito semiamarillo”, Grallaricula ochraceifrons “tororoi frentiocrácea”, Herpsilochmus parkeri “hormiguerito garganticeniza”, Vultur gryphus “cóndor andino”, Xenoglaux loweryi” “Lechucita bigotona”; especies Vulnerables (VU), tales como: Heliangelus regalis “Ángel del sol azul”, Lagothrix lagotricha “mono choro común”, Tapirus terrestris “Sachavaca”, Ara militaris “guacamayo verde”, Hemispingus rufosuperciliaris “hemispingo cejirrufa”, Netta erythropthalma “pato cabeza castaña”, Wetmorethraupis sterrhopteron “tangara gargantinaranja”; así como especies Casi Amenazadas (NT), tales como Puma concolor “puma”, Andigema hypoglauca “tucaneta”, Hemitriccus cinnamomeipectus “atrapamoscas” y Henicorhina leucoptera “cucarachero”.

De lo expresado en los párrafos precedentes se concluye que la ACR Cordillera Escalera es un área relevante no sólo para el país en conjunto, sino en especial para la región San Martín, en tanto constituye una importante fuente de agua, facilita la captura del carbono, presenta una gran biodiversidad, etc. De ahí que dicha área tenga como objetivos generales los siguientes: a) Conservar y proteger los recursos naturales y la diversidad biológica de los ecosistemas frágiles que se encuentran en la Cordillera Escalera; y, b) Asegurar la continuidad de los procesos biológicos en los ecosistemas del área propuesta (Artículo 2º del Decreto Supremo N.º 045-2005-AG).

En la medida que la protección del medio ambiente constituye una preocupación principal de las actuales sociedades, se impone la necesidad de implementar fórmulas que permitan la conciliación de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos con la necesaria conservación de los recursos y elementos ambientales que se interrelacionan con el entorno natural y humano. Se busca, con ello, preterir formas de exploración y explotación de hidrocarburos irrazonables, que en sí mismas puedan ser destructivas y no sostenibles para el desarrollo regional y el beneficio de las generaciones presentes y futuras involucradas. Ello exige que el Estado controle el uso racional de los recursos naturales dentro de un desarrollo económico armónico, criterio que el Tribunal Constitucional busca enfatizar en esta sentencia.

Tal como advirtiéramos en párrafos anteriores, en relación con la problemática abordada el Artículo 67º de la Constitución prescribe que el Estado determina la política nacional del ambiente. Dicha política debe promover el uso sostenible de los recursos naturales; ergo, debe auspiciar el goce de sus beneficios resguardando el equilibrio dinámico entre el desarrollo socioeconómico de la Nación y la protección y conservación de un disfrute permanente. Es dentro de ese contexto que el Estado se encuentra obligado a auspiciar la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas (Artículo 68º).

En el caso concreto, el Tribunal, acertadamente, concilió el impacto ambiental que generarían las diversas actividades que comprenden las etapas de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 103 con la protección de la biodiversidad y el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.

En este contexto, es necesario tomar en cuenta los principios de desarrollo sostenible y de prevención, que el Ministerio de Energía y Minas no las considera en la magnitud de proteger nuestros recursos naturales, la biodiversidad y la población de nativos que existen en nuestro país.

Sobre el particular, el Artículo 7º de la Ley N.º 26821 —Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales— señala: “Es responsabilidad del Estado promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a través de las Leyes especiales sobre la materia, las políticas del desarrollo sostenible, la generación de la infraestructura de apoyo a la producción, fomento del conocimiento científico-tecnológico, la libre iniciativa y la innovación productiva”.

En esa línea, según quedó expuesto, de conformidad con el Artículo 27º de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobada mediante Ley N° 26834 (10), tal aprovechamiento sólo procederá si es que la explotación a realizar es compatible con el Plan Maestro del área protegida. De igual forma, ello fue resaltado por el Decreto Supremo N.º 045-2005-AG, que indicó particularmente que sólo sería permitido el aprovechamiento de recursos no renovables si el Plan Maestro así lo permite.

Sobre este tema, los demandados han señalado que el Plan Maestro a que hace referencia el Decreto Supremo N.º 045-2005-AG constituye una norma o mandato de receptividad aplazada, ya que para su implementación se requiere la actuación especial del Estado a través de diversas instituciones especializadas en la materia. Según su entender, la inexistencia de un Plan Maestro no puede retrasar o impedir llevar a cabo actividades de exploración. Asimismo, indican que la empresa no ha realizado actividades de explotación de recursos que puedan calificarse como “aprovechamiento” de recursos naturales.

Sin embargo, el Tribunal consideró que los argumentos esgrimidos por las emplazadas no resultan adecuados y coherentes con los demás valores y derechos consagrados en la Constitución. En efecto, no se puede eludir la necesidad de contar con un Plan Maestro —aprobado por las autoridades competentes— apelando a que sólo las actividades de explotación pueden ser consideradas como aprovechamiento de recursos naturales, ya que, en opinión del Tribunal, la etapa de exploración y explotación constituyen un todo que conduce al aprovechamiento de los recursos naturales. Tal razonamiento es derivado del mencionado principio de prevención al que debe dársele una especial connotación, puesto que se está ante una ANP. En tal sentido, el término ‘aprovechamiento de recursos’ debe ser comprendido de manera integral, conteniendo las actividades de exploración y explotación.

En tal virtud, se puede advertir que el Tribunal Constitucional considera imprescindible que se cuente con un Plan Maestro elaborado por las autoridades competentes, a fin de que pueda llevarse a cabo tanto la última fase de la etapa de exploración como la respectiva y posterior etapa de explotación.

En ese sentido, es correcto que quede prohibida la realización de estas actividades mientras no se cuente con el respectivo Plan de Maestro, que contemple la posibilidad de aprovechar los recursos naturales que se encuentran en el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, sujetándose a las normas de protección ambiental y a las limitaciones y restricciones previstas en los objetivos de creación del área y su zonificación. Y en caso de que dichas actividades ya se encuentren en curso, deben quedar suspendidas mientras no se cuente con el referido Plan de Maestro.

Con ello se está materializando el enfoque preventivo, que es esencial e inherente al concepto de la responsabilidad social de la empresa, y también debe contener aspectos retributivos a las comunidades afincadas en el área de influencia de las actividades de exploración y, sobre todo, de explotación.

En consecuencia, la Sentencia que declaró FUNDADA la demanda de amparo por el Tribunal Constitucional, está haciendo historia, puesto que por primera vez en nuestro país se está protegiendo nuestra Amazonía de un desmedido a fan de lucro y explotación petrolera que genera más daño que beneficio a nuestro país. La libertad de empresa tiene un límite, la vida humana y su entorno (medio ambiente), que en el futuro será lo más importante.

CONCLUSIONES

* El principio de prevención aplicado por el Tribunal Constitucional logró prohibir la realización de la última fase de la etapa de exploración y la etapa de explotación dentro del Área de Conservación Regional denominada Cordillera Escalera hasta que no se cuente con el Plan Maestro, pudiendo reiniciar tal actividad una vez que éste haya sido elaborado y se establezca la compatibilidad entre la actividad de exploración y explotación y los objetivos del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera.

* Es necesario tomar en cuenta los principios de desarrollo sostenible y de prevención, que el Ministerio de Energía y Minas no las considera en la magnitud de proteger nuestros recursos naturales, la biodiversidad y la población de comunidades nativas que existen en nuestro país.

* El Artículo IV del Título Preliminar y el Artículo 11° de la Ley General del Ambiente establece que la gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental, la prevención de riesgos y daños ambientales, así como la prevención y el control de la contaminación ambiental, principalmente en las fuentes emisoras. En particular, la promoción del desarrollo y uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y disposición final más limpias.

* Por lo que el Estado debe controlar el uso racional de los recursos naturales dentro de un desarrollo económico armónico que respete los derechos fundamentales.

* La libertad de empresa tiene un límite, la vida humana y su entorno (medio ambiente), que en el futuro será lo más importante.

* El Tribunal Constitucional está aplicando la Ley General del Ambiente por primera vez en el presente caso, así mismo, está generando con esta Sentencia un criterio muy acertado sobre la aplicación del principio de prevención, debido a que para el aprovechamiento de nuestros recursos naturales es indispensable contar con un Plan Maestro y no sólo con el Estudio de Impacto Ambiental que de por sí es insuficiente para proteger nuestros recursos naturales, la biodiversidad y los derechos fundamentales de las comunidades nativas y del país.

* Si bien es cierto, que el propio Estado no ha cumplido con instaurar el Plan Maestro, y, muy a pesar de ello, es quien otorga licencias de exploración y explotación, los ciudadanos no podemos seguir siendo quienes soporten los riesgos que generen dichas actividades, por lo que la sentencia bajo comentario hace bien en aplicar el principio de prevención.

(1) Ver: http://espanol.geocities.com/economia_y_derecho/index.htm (22/02/2007)
(2) RUIZ SARMIENTO, Mario Humberto y VALERO, Jairo Alfonso (2003). ¿Economía o derecho?. En: Economía y Desarrollo, Universidad Autónoma de Colombia, Septiembre, Vol. 2, No. 2.
(3) CARNELUTTI, Francesco, citado por CORREO REYES, Sergio (1968) en: Derecho Agrario, Revista de derecho Económico, Año VII, Nos. 23-24, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, Abril-Octubre.
(4) ACOSTA IPARRAGUIRRE, Vicente (2003). La constitución económica en el Perú y en el derecho comparado, Tesis Doctoral, Universidad Mayor de San Marcos.
(5) CARNELUTTI, Francesco (1998). Como nace el derecho, Colección Monografías Jurídicas, No. 57, editorial Themis S.A., Bogota. pp. 17-18. Citado por: Acosta Iparraguirre, Vicente (2003) La constitución económica en el Perú y en el derecho comparado, Tesis Doctoral, Universidad Mayor de San Marcos.
(6) FOY, Pierre y otros: Derecho Internacional Ambiental. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; 2003, pp. 85-86.
(7) JIMÉNEZ DE PARGA Y MASEDA, Patricia: “Análisis del principio de precaución en Derecho internacional público: perspectiva universal y perspectiva regional europea”, Política y Sociedad, 2003, Vol. 40. Núm 3, pp. 16-17.
(8) ANDORNO, Roberto: “El principio de precaución: un nuevo standard jurídico para la era tecnológica”. En: La Ley, 18 de julio de 2002.
(9) Ver STC 04223-2006-PA/TC, 26-28.
(10) “TITULO IV
DE LA UTILIZACION SOSTENIBLE DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Artículo 27o.- El aprovechamiento de recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas sólo podrán ser autorizado si resulta compatible con la categoría, la zonificación asignada y el Plan Maestro del área. El aprovechamiento de recursos no deben perjudicar el cumplimiento de los fines para los cuales se han establecido el área.”

FUENTE
http://blog.pucp.edu.pe/index.php?blogid=2072

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