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17.06.09

PERU. Tribunal Constitucional sentencia EXP. N.° 03343-2007-PA/TC Febrero 2009

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PERU. TC declara improcedentes solicitudes de aclaracion a sentencia EXP. N.° 03343-2007-PA/TC
EXP. N.° 03343-2007-PA/TC
LIMA
JAIME HANS
BUSTAMANTE JOHNSON

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 17 de junio de 2009

VISTAS

Las solicitudes de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 19 de febrero de 2009; y,

ATENDIENDO A
1. Que conforme al artículo 121° del Código Procesal Constitucional, contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que este Colegiado, de oficio o a instancia de parte, decida “[...] aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido”.

2.Que de los escritos de autos se advierte que en realidad los solicitantes pretenden la reconsideración y modificación del fallo emitido, lo que no es posible por resultar incompatible con la finalidad de la aclaración, que, como queda expuesto, es precisar algún concepto o subsanar algún error material en que se hubiese incurrido, razones por las cuales las solicitudes de aclaración resultan improcedentes.


Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE, con el fundamento de voto que suscriben los magistrado Landa Arroyo y Beaumont Callirgos, que se agrega


Declarar IMPROCEDENTE las solicitudes presentadas.


Publíquese y notifíquese.

SS.

VERGARA GOTELLI
MESÍA RAMÍREZ
LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA


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EXP. N.° 03343-2007-PA/TC
SAN MARTÍN
JAIME HANS
BUSTAMANTE JOHNSON


FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS LANDA ARROYO Y BEAUMONT CALLIRGOS

Si bien coincidimos con el sentido del fallo vertido en la resolución de autos, discrepamos de sus fundamentos, por las razones que a continuación exponemos:

1. Consideramos oportuno resaltar, de modo previo, como ya se ha explicitado en otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que las funciones de valoración, de ordenación y de pacificación del ordenamiento constitucional son consustanciales a la actividad del Tribunal Constitucional. Específicamente en lo que se refiere a la pacificación, se ha dicho que ello es así porque se debe solucionar controversias mediante decisiones cuyos efectos deben ser modulados de acuerdo a cada caso.

2. Siendo ello así, debe entenderse que las resoluciones y fallos del Tribunal Constitucional se remiten y se circunscriben al ámbito de la argumentación jurídico-constitucional. Las sentencias abordaran los alcances y ponderación de los diversos derechos y principios constitucionales que se encuentran en discusión. En el caso de autos, se han considerado, por un lado, los alcances del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado y, de otro lado, las implicancias del derecho a la libertad de empresa. Ambos derechos fundamentales merecen igual protección por parte de la jurisdicción constitucional, por lo que si en el caso concreto se determina la protección de alguno de los dos derechos, ello no implica una prevalencia general y abstracta de uno sobre otro.

3. Las políticas económicas de generación de inversión en el sector de hidrocarburos no contradicen, prima facie, la preservación de un ambiente equilibrado y adecuado, así como la preservación del patrimonio cultural. No obstante, en algunas ocasiones resulta complejo alcanzar un equilibrio entre tales elementos. Es por ello que resulta indispensable que el Estado asuma una política integral a fin de evitar la contraposición de políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de autos, de un lado, el Poder Ejecutivo otorga concesiones para la explotación de hidrocarburos y, de otro, el propio Ejecutivo mediante Decreto Supremo aprueba el Área de Conservación Regional (ACR), generando, así, escenarios proclives al surgimiento de conflictos objetivos con impactos intersubjetivos de distinta índole. Son precisamente tales acciones las que terminan propiciando la inestabilidad y los conflictos sociales no deseados para la estabilidad y que los inversionistas requieren.

4. Sentado ello, y en lo que se refiere a las solicitudes de aclaraciones interpuestas, en virtud del principio de economía procesal estimamos que resulta pertinente resolver todas éstas en la presente resolución.

Así, es relevante recordar que el primer párrafo del artículo 121º del Código Procesal Constitucional establece: “[c]ontra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En el plazo de dos días a contar desde su notificación (...), el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido (...)”. Sobre la aclaración, en jurisprudencia reiterada el Tribunal Constitucional ha señalado que solo puede aclarar sus sentencias cuando advierta que de su contenido se desprendan dudas (objetivas y razonables) que incidan sobre su ejecución o cumplimiento cabal. Siendo esta la finalidad de la aclaración, en ningún caso es admisible su utilización con el objeto de variar el sentido de la decisión emitida, pues ello contravendría no solo el primer párrafo del artículo 121 citado, sino también el inciso 2) del artículo 139 de la Constitución, que reconoce el principio y el derecho constitucional a la cosa juzgada.

Solicitud de aclaración presentada por Talismán Petrolera, LLC, Sucursal del Perú

5. Respecto del pedido de aclaración de Talismán Petrolera, LLC, Sucursal del Perú, en este se solicita que se precise los alcances de la suspensión de la exploración ordenada por el Tribunal Constitucional. Así, se expresa que la fase exploratoria se divide en cinco períodos consecutivos y que cada una de éstas tiene distinta duración (8, 18, 18, 20 y 20 meses, respectivamente), precisando que recién se encuentran en la primera etapa. Sobre ello conviene hacer remisión a lo que expresamente establece el fallo de la sentencia; esto es: “queda prohibida la realización de la última fase de la etapa de exploración [...] hasta que no se cuente con el Plan Maestro, pudiendo reiniciar tal actividad una vez que éste haya sido elaborado y se establezca la compatibilidad entre la actividad de exploración y explotación y los objetivos del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera”. Estando a ello, consideramos que lo solicitado no requiere mayor explicación que la que está explícitamente estipulada en el fallo de la sentencia, vale decir, que la quinta fase es la que no podrá ser ejecutada mientras no se verifique la compatibilidad entre los objetivos de la reserva y la explotación del recurso hidrocarburífero.


6. La demandada también solicita que se aclare los parámetros del plazo otorgado en el fallo de la sentencia. Al respecto, como ya quedó establecido, la suspensión de la fase exploratoria se hará efectiva al llegar al último período de la fase de exploración, y como lo ha indicado la demandada en el escrito de aclaración, la empresa petrolera se encuentra en el primer período de exploración. En tal sentido, y tomando en cuenta la certeza que la actora requiere a fin de llevar a cabo sus inversiones, en virtud del principio de seguridad jurídica, estimamos razonable que el plazo no sea mayor a 12 meses, debiendo darse cuenta obligatoriamente al Tribunal Constitucional sobre el desarrollo del Plan Maestro cada trimestre. De igual manera, debemos advertir que la suspensión de la exploración solo se circunscribe a la efectuada al interior del ACR, no impidiendo que ésta se lleve a cabo en el resto del Lote 103, siempre que se cumpla con la normativa relativa a la conservación y protección del ambiente.

7. Sobre los temas propuestos en el punto 3 del escrito de aclaración, debemos indicar que la regulación para la expedición del Plan Maestro debe estar sujeta a lo dispuesto por el artículo 20 del la Ley N.° 26834, de Áreas Naturales Protegidas, siendo la autoridad competente la dispuesta por la normatividad correspondiente, esto es, el ente rector que supervisa y brinda las pautas de la política de manejo de las Áreas Naturales Protegidas. En tal sentido, en un esquema de competencias compartidas entre la región y la autoridad nacional en la materia, se custodia la unidad y la interrelación de las distintas zonas protegidas por el Estado. Por consiguiente, el Plan Maestro elaborado por la región debe ser compatible con la política nacional de áreas naturales protegidas, lo que significa que debe requerirse la opinión previa vinculante del SERNAMP, tal como ahora lo ha configurado el artículo 2, inciso 3 del Decreto Supremo N.° 008-2009-MINAM, publicado en El Peruano el 24 de abril de 2009.

8. En efecto, tal previsión es la concretización del artículo 192 de la Constitución, que establece que los gobiernos regionales promueven el desarrollo “en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo.” Así, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) era gestionado por el Instituto de Nacional de Recursos Naturales (INRENA), pero a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.° 1013, de Creación y Funciones del Ministerio del Ambiente, esta función recae ahora sobre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). Entonces, el SERNANP, organismo público técnico especializado con personería jurídica de derecho público interno, se constituye en el ente rector del SINANPE, y por consiguiente resulta plenamente coherente que los planes maestros deban ser aprobados por dicha entidad, pues de lo contrario se correría el riesgo de no contar con una política general coherente, renunciándose así al citado mandato constitucional del artículo 192.

9. La demandada refiere también que el Tribunal Constitucional ha omitido pronunciarse sobre los derechos adquiridos por Talismán Petrolera del Perú LLC, sucursal Perú. En cuanto a ello creemos que debe precisarse que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre tal punto en los fundamentos 48 y 49 de la sentencia. Por tal motivo, estimamos, no es procedente el pedido de aclaración en tal extremo. En todo caso, debe resaltarse que la Constitución reconoce tanto la libertad contractual y el respeto de los acuerdos entre las partes [art. 62 de la Constitución] como también que la norma desde su entrada en vigencia rige las situaciones jurídicas existentes [art. 103 de la Constitución]. Desde luego, si tales intervenciones resultan irracionales o desproporcionadas y afectan los derechos o libertades de los particulares, es claro que el accionar de la judicatura deberá ser firme en la tutela de tales derechos. Asimismo, consideramos que la seguridad jurídica, siendo un principio constitucional, merece la más importante tutela y protección, puesto que se relaciona directamente con la libertades económicas necesarias para la cabal realización y planificación de inversiones. Este principio, no obstante, convive y se desarrolla conjuntamente con otros derechos fundamentales, los que no deben ser soslayados al momento de analizar las situaciones jurídicas que involucren tales elementos.

10. Se sostiene también que el Plan Maestro no es la herramienta eficaz para prevenir los daños al ambiente, sino que sería el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Al respecto, estimamos pertinente anotar que el Plan Maestro es la expresión jurídica, esto es, la norma jurídica de planificación de más alto nivel para la gestión del área natural protegida, pues define la zonificación, objetivos, planes y programas de manejo del área natural protegida. En tal sentido, no puede decirse que sea el EIA el único documento que debe tomarse en cuenta, ya que éste tendrá que realizarse atendiendo especialmente a las características singulares del área natural protegida, que son recogidas en el Plan Maestro. Más aún si es que el artículo 5 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas establece que el ejercicio de la propiedad y los demás derechos reales adquiridos con anterioridad al establecimiento de un área natural protegida, debe hacerse en armonía con los objetivos y fines para los cuales ésta fue creada. Dicha disposición agrega que el “Estado evaluará en cada caso la necesidad de imponer otras limitaciones al ejercicio de dichos derechos”. Ello, no obstante, no significa que los derechos de la empresa puedan verse afectados arbitraria o irracionalmente al no brindársele las seguridades propias que esta actividad requiere.

11. Sobre el pedido de que se aclare los alcances del derecho de consulta, debemos subrayar que la tutela de tal derecho no fue pretendida por el demandante, puesto que no expresó pertenecer o representar a ningún pueblo indígena. La referencia a tal derecho se realizó a modo de obiter dicta, en virtud de la relevancia que tal derecho tendría en casos en que los demandantes sean pueblos indígenas, lo que no ocurre en el presente caso. La referencia a tal derecho, pues, sólo tenía como objeto subrayar la ausencia de una legislación general sobre tal derecho.

12. La demandada solicita, por último, que se informe sobre los parámetros que deben ser utilizados para compatibilizar los objetivos de la ACR y la actividad extractiva en el Lote 103. Al respecto convenimos en que tal pronunciamiento no corresponde al Tribunal Constitucional, siendo competente para ello la autoridad administrativa designada por la normatividad respectiva.


Solicitud de aclaración del demandante

13. Sobre la aclaración solicitada por el demandante respecto a los alcances del derecho al agua, debemos precisar que la sentencia se pronunció sobre el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado, englobando en éste los diversos servicios ambientales que serían prestados por el Área de Conservación Regional, entre los cuales figura el referido a la captación y provisión de agua. Por tal motivo, la referencia a dicho servicio ambiental se encuentra dentro del análisis en conjunto que efectuó el Tribunal Constitucional.


14. De otro lado, el demandante solicita que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los costos y costas puesto que su demanda fue declarada fundada. Al respecto, consideramos que el Juez de Ejecución debe proceder de conformidad con el primer párrafo del artículo 56 del Código Procesal Constitucional.

Solicitud de aclaración presentada por la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos del MEM

15. La Procuraduría objeta que la sentencia no reconoce las garantías a la libre contratación. Sobre ello estimamos que lo solicitado no pretende una aclaración de la sentencia, sino que más bien la cuestiona, por lo cual debe ser desestimado.

16. De otro lado, solicita que se aclare lo referido al respeto de los derechos adquiridos de los demandados. Sobre esta materia ya se ha emitido pronunciamiento a propósito del pedido del demandado (ver considerando 9, supra). Se solicita además la aclaración del concepto de aprovechamiento de recursos naturales, esto es, cuál es el razonamiento que ha realizado el Tribunal Constitucional para afirmar que la etapa de exploración y explotación constituye un todo que conduce al aprovechamiento de los recursos naturales. Sobre este punto debemos expresar que el Tribunal Constitucional fundamentó tal posición en los fundamento 65 y 66 de la sentencia, por lo que, creemos, no es necesario reiterar lo señalado.

17.Por último solicita que se aclare y precise qué parámetros y medidas se va a imponer o debe adoptar el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (antes el Instituto Nacional de Recursos Naturales) a fin de que cumpla con su obligación de aprobar el Plan Maestro. Este punto también fue planteado por la empresa Talismán Petrolera, LLC, Sucursal del Perú, y también ya formulamos nuestra posición en el considerando 12, supra, por lo cual consideramos que también debe ser desestimado.

Solicitud de aclaración presentada por el Gobierno Regional de San Martín

18. En su calidad de litisconsorte facultativo activo, dicha entidad solicita que “de oficio” se aclare lo resuelto respecto su participación procesal en calidad de litisconsorte facultativo activo en la tramitación del proceso y sobre la imposición de costos y costas. Al respecto, consideramos que su solicitud no es clara, y no podemos inferir qué es lo que se desea aclarar de la sentencia, por lo que estimamos que debe desestimarse la solicitud.

Por estas razones, nuestro voto es por declarar IMPROCEDENTES las solicitudes de aclaración.

Sres.

LANDA ARROYO

BEAUMONT CALLIRGOS

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