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05.05.10

PERU. Declaración de ONGS exhorta al estado a apoyar consulta previa

Categories: Peru, Consulta

Una Declaración difundida esta semana por una amplia red de instituciones sociales exhortó al Estado a aplicar el derecho a la consulta previa basa en un diálogo permanente con los pueblos indígenas y respetar las opciones de desarrollo de éstos pueblos en el marco de su derecho a la libre determinación.

El pronunciamiento fue resultado del Seminario Taller Internacional: “Construyendo Consensos para la Implementación del Derecho a la Consulta en el Perú y en América Latina” realizado en Lima los días 4 y 5 de mayo.

El evento fue organizado por la Red Muqui, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Mesa de Interculturalidad, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

El documento destaca que “la alta conflictividad social existente en la región tiene que ver, entre otras razones, con políticas públicas que no toman en cuenta los intereses, derechos y prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas”.

Enfatiza asimismo que la consulta es un “proceso de diálogo permanente entre el Estado y los pueblos indígenas, con el cual se busca conocer los reales intereses de los consultados para así incorporar sus planes de desarrollo como parte de las políticas públicas, y las medidas legislativas y administrativas”.

Los pueblos indígenas “tienen la posibilidad de definir sus prioridades de desarrollo y administrar su territorio de acuerdo a sus prácticas culturales”. Es por eso que otras visiones de desarrollo no deben ser impuestas, “sino consensuadas como producto del diálogo” indica el documento.

Declaración

Las instituciones participantes en el marco del Seminario Taller Internacional “Construyendo consensos para la implementación del derecho a la consulta en el Perú y en América Latina”, realizado en la ciudad de Lima los días 4 y 5 de mayo del presente año, dentro de la coyuntura de debate sobre la implementación del derecho a la consulta en el Perú, deseamos expresar lo siguiente:

1. Algunos países de la región han reconocido el derecho a la consulta, recogido en el Convenio 169 de la OIT, como un derecho fundamental de los pueblos indígenas, lo cual no ha sido suficiente para conseguir su implementación. Por ello es necesaria la conjunción de esfuerzos para lograr dicho propósito, porque la alta conflictividad social existente en la región tiene que ver, entre otras razones, con políticas públicas que no toman en cuenta los intereses, derechos y prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas.

2. El Perú tiene la obligación de reconocer y adecuar a la legislación nacional los derechos previstos para los pueblos indígenas en instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, así como la implementación de procesos y mecanismos necesarios para su protección y garantía.

3. En este escenario es prioritario asegurar la participación de los representantes de las organizaciones indígenas, la sociedad civil y el Estado para encontrar formulaciones adecuadas para una ley de Consulta Previa en el Perú. En ese sentido, las organizaciones participantes presentan recomendaciones a los temas que están en discusión en el debate político, que exhortamos sean consideradas en el Proyecto de Ley sobre Derecho a la Consulta en el Perú por los representantes ante el Congreso de la República. Entre las principales mencionamos las siguientes:

  • El derecho a la consulta se fundamenta en el reconocimiento del derecho a la libre determinación y en el derecho de los pueblos indígenas para establecer sus prioridades de desarrollo, lo cual establece una diferencia sustancial con los mecanismos de participación ciudadana en general.
  • El derecho a la consulta no pretende ser un mecanismo de información ni un procedimiento meramente formal. Este es un proceso de diálogo permanente entre el Estado y los pueblos indígenas, con el cual se busca conocer los reales intereses de los consultados para así incorporar sus planes de desarrollo como parte de las políticas públicas, y las medidas legislativas y administrativas.
  • Adicionalmente, el derecho a la consulta supone una obligación estatal que no puede ser delegada a actores no estatales, como las empresas privadas.
  • De esta aproximación se desprende que los pueblos indígenas tienen la posibilidad de definir sus prioridades de desarrollo y administrar su territorio de acuerdo a sus prácticas culturales. Es por eso que otras visiones de desarrollo no deben ser impuestas, sino consensuadas como producto del diálogo.
  • La consulta debe darse en todas las etapas de los proyectos, no solo antes de la concesión, asegurando un diálogo permanente. Asimismo, se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la formulación, ejecución, evaluación de planes y programas.
  • El rol de los procesos de consulta en la planificación del desarrollo es ejercer el derecho a la libre determinación, decidir sus planes de vida, y poder elegir su propio modelo de desarrollo.

Por las consideraciones expuestas, exhortamos al Estado a implementar el derecho a la consulta a partir del Convenio 169 OIT, la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas, y tome en cuenta las recomendaciones jurídicas, culturales y sociales, resultado del Seminario Taller.

Lima, 05 de mayo del 2010

FUENTE

http://www.servindi.org/actualidad/25739#more-25739

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