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01.06.10

GUATEMALA. Gobierno afina detalles sobre informe de la minera Marlin a la CIDH

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El informe sobre la mina Marlin, la cual opera en San Marcos, es afinado por las autoridades, quienes esperan entregarlo esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El vicepresidente Rafael Espada confirmó que “se trabaja en ello”. El documento es requerido por la CIDH luego de que un estudio de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, reportara niveles altos de mercurio, zinc y plomo en la orina de los pobladores cercanos a la mina.



El informe será concluido esta semana por el Ministerio de Ambiente para ser entregado a la Presidencia, confirmó la vocera de la cartera, Claudia Benavente. Y es que al trascender el contenido del estudio de los expertos estadounidenses, la CIDH solicitó a las autoridades de Gobierno frenar la explotación minera en San Marcos.

 

Esta es una de las medidas cautelares para beneficiar a los pobladores de las 18 comunidades de los municipios de San Miguel
Ixtahuacán y Sipacapa. La respuesta gubernamental fue que revisarían los resultados de los estudios sobre las implicaciones de la mina. La resolución de la CIDH fue dada a conocer el pasado 21 de mayo. En esa ocasión la instancia fijó un plazo de 20 días para que rindiera informe sobre las medidas cautelares giradas para proteger a los pobladores. La mina Marlin inició operaciones en el país en octubre del 2005 en la región montañosa de San Marcos. El objetivo de la empresa es extraer 2.67 millones de onzas de oro. Se estima que las ganancias de la minera alcanzan los 125 millones de dólares anuales. El vicepresiden te señala que el documento será entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Estudio de Michigan: El pasado 18 de mayo trascendió un estudio de científicos estadounidenses sobre los efectos del trabajo de la mina Marlin, que opera en el occidente del país. La investigación revela que en los
pobladores existen niveles altos de mercurio, zinc y plomo. El documento sugirió que se realizaran estudios epidemiológicos y ambientales de gran escala para establecer los daños de la actividad minera. El estudio, según los investigadores, fue realizado en pobladores que residen en las cercanías del área donde opera la subsidiaria de la canadiense Goldcorp. Tras conocer el resultado, representantes de la empresa aseguraron que se rigen bajo altos estándares de calidad para realizar su trabajo.

El vicepresidente Rafael Espada aseguró ayer que la mina Marlin no viola los derechos humanos, y que alistan el análisis jurídico en la Procuraduría General de la Nación (PGN) para dar respuesta en los siguiente días a la CIDH, en un documento que trasladarán a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Espada hizo énfasis en que el fallo de la CIDH —adscrita a la OEA— se refiere al análisis de violación a los derechos humanos y persecución de líderes, “lo cual no se da”.

El 20 de mayo último, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de 18 comunidades del pueblo indígena, incluida la suspensión, para lo cual el Estado tiene 20 días.

Mientras, grupos ambientalistas han señalado a la mina de violar las leyes ambientales.

“Están hablando de dos cosas distintas, porque la OEA está analizando cuestiones de derechos humanos y de las fracturas de las casas, por las vibraciones de las explosiones. Ellos no están hablando nada de contaminación”, aseguró el vicepresidente.

Sin embargo, la página web oficial de la CIDH explica: “La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala que suspenda la explotación minera del proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala S.A., e implemente medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental, hasta tanto la CIDH adopte una decisión sobre el fondo de la petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares”.

Espada añadió que la PGN se encargará del análisis jurídico; los ministerios de Ambiente y Energía y Minas, el examen científico; y la Comisión Presidencial en Materia de Derechos Humanos verá ese campo, para que por medio de la Cancillería se envíe el documento esta semana.

Luis Ferraté, ministro de Ambiente, no opinó sobre la actividad minera, pero sí sobre los daños al ambiente.
“Primero me voy del Gobierno antes de que se privaticen los beneficios y se socialicen los costos —al referirse a los efectos del cambio climático—. Eso en cualquier momento siempre lo he dicho, porque es un principio económico muy profundo”, aseguró Ferraté.

 

FUENTE

http://dca.gob.gt:85/diariopdf/20100601_DCA.pdf

http://pluriculturalidadjuridica.blogspot.com/

 

 

 

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