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22.06.10

PERU. La consulta previa y sus enemigos. Las insólitas opiniones del antropólogo de IEP Jurgen Golte



Nota: Reproducimos articulos de prensa peruana que exponen una nueva e insólita argumentación contra la consulta previa y el Convenio 169. Si Ud creía que lo habia escuchado todo vea aqui:

“Ley de Consulta Previa menoscaba la autoridad del Estado peruano”.Norma debería ser observada por el Ejecutivo, de lo contrario inversiones en minería se frenarán.
La Ley de Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Pleno del Congreso de la república, menoscaba la autoridad del Estado ya que les brinda la posibilidad de vetar cualquier proyecto que no deseen en sus jurisdicciones, advirtió Jurgen Golte, antropólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

“La palabra consentimiento incluida en el artículo 3 de la ley da a entender que la población tiene que aceptar o rechazar determinada consulta, ese es el meollo del problema porque da mucho poder a las comunidades indígenas cuando es el Estado quien tiene la supremacía en todas las decisiones que se adopten en cuanto a inversiones y claro de las riquezas naturales existentes en el subsuelo”, manifestó a EXPRESO.


En ese sentido, dijo esperar que tal como se viene dando a conocer, el Presidente de la República Alan García adopte la decisión de observar la mencionada norma a fin de evitar que a nivel internacional se forme un eco de que en Perú el Estado no da luz verde a los proyectos de inversión, por ejemplo, en el rubro de extracción, como la minería, que como se sabe, es el soporte de la economía nacional.

“Es altamente problemático, creo que el Presidente no aceptará el texto tal como está porque las inversiones podrían frenarse. La Ley de Consulta Previa aprobada por el Congreso limita y menoscaba la autoridad del Estado sobre el territorio y no va en línea con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que en ningún párrafo da poder de rechazar”, indicó Golte al tiempo de aclarar que si bien el gobierno debe ser quien viabilice determinadas obras, dicho impulso a la inversión privada debe salvaguardar los intereses de las comunidades nativas así como a la flora y fauna en donde éstas se encuentren.
“Sería tonto que el Estado renuncie al derecho de decidir sobre eventuales luces verdes a inversiones”, anotó.

 

 

"Comunidades de la sierra no son minorías étnicas"


El antropólogo Jurgen Golte sostuvo que no tendría sentido que se incluyan a las comunidades campesinas de la sierra dentro de los alcances del Convenio 169 de la OIT y menos en el proyecto Ley de Consulta Previa aprobado en el Congreso ya que éstas se encuentran bajo la normatividad del Estado.

“La población de las comunidades campesinas está completamente integrada al Estado. Muchos pobladores viven en Lima y siguen siendo miembros de las comunidades. Si se aplica la normativa sobre el Convenio 169 a las comunidades campesinas de la sierra, se incluye a  buena parte de la población de  Lima y no es una minoría étnica que tiene que ser consultada”
, sostuvo Golte.
Fue al precisar que  el Estado se define por su estructura jurídica, la cual incluye a ellos completamente a la normativa del Estado, “son ciudadanos de este país y por lo tanto no están fuera de la normatividad del Estado, como implica un poco el convenio 169”.

Sepa más


El Presidente de la República Alan García deberá adoptar una decisión el martes 22 de junio cuando se cumplan 15 días de haber recibido la Ley de Consulta Previa de parte del Congreso.
PAOLA PLÁCIDO SALAS

FUENTE

http://www.expreso.com.pe/edicion/index.php?option=com_content&task=view&id=104886&Itemid=34

 

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COMENTARIOS EN SERVINDI


#  # 1Raquel Yrigoyen F. dice:
Junio 9th, 2010 a las 19:57

Me parece muy bien que el Comercio se pronuncie por la necesidad de una ley de consulta. sin embargo, no quisiera dejar pasar un error sobre el derecho internacional que tambien ha sido repetido en la entrevista de Jaime de Althaus a Jurgen Golte:

la editorial dice “si bien la nomenclatura internacional distingue la existencia de comunidades indígenas campesinas y comunidades indígenas amazónicas…” me pregunto en que parte del derecho internacional se hace esta distincion?

Por el contrario, se trata de una distincion exclusivamente interna: la ley nacional distingue las llamadas comunidades campesinas de las nativas, las primeras para referirse a las comunidades de costa y sierra, y las segundas a las de la Amazonia. El Convenio 169 de la OIT solo habla de pueblos indigenas, esto es, de colectivos que se reconocen que descienden de pueblos anteriores al Estado y que tienen alguna institucion propia (puede ser su idioma, justicia, o forma de organizacion o relacion con la tierra, etc.). Y, el propio Estado peruano en sus comunicaciones con la OIT ha incluido tanto a las comunidades campesinas como amazonicas en sus informes ante la OIT, incluyendo tambien los pueblos en aislamiento. La Constitucion reconoce a ambos tipos de comunidades derechos de autonomia organizativa, entre otros. Y, la legislacion nacional incluye a las rondas para la aplicacion de estos derechos. la ley de Rondas Campesinas dice en su art. 1ro que se se aplica a las rondas los derechos y ventajas de las comunidades y pueblos indigenas, asi es que tambien se les aplicaria el COnvenio 169 en tanto les corresponda y favorezca.


De otro lado, los organos de control de la OIT han recibido casos de comunidades campesinas (como la de Olmos) y les han aplicado el COnvenio a su propio pedido, asi es que no creo que se deba atribuir al derehco internacional una distincion que no hace.
En la entrevista mencionada, lamentablemente, Jurgen Golte decia que el Convenio no se aplicaba a comunidades de la sierra, ni a inmigrantes en las ciudades, porque “el Convenio solo se aplicaba a minorias no integradas”, y que dado que el Estado les considera ciudadanos, aunque tengan cultura aymara o quechua, ya no se les aplicaria el Convenio.

Basta leer las observaciones hechas por los organos de control de la OIT para ver que para la OIT si aplica el Convenio a comunidades campesinas, incluso de la Costa, como a la comunidad campesina de Olmos, sin distincion, en tanto cumplan con los requisitos del art. 1ro del Convenio. En sintesis, no es correcto atribuir al derecho internacional una distincion que solo hace la legislacion interna. los pueblos indigenas no dejan de serlo por las diferentes nomenclaturas que le ha dado la ley. es mas, el propio Convenio dice que no importa cual sea su situacion juridica. Me parece que Golten se quedo en la lectura del Convenio 107 de la OIT que si hablaba de integrar a los indigenas de modo forzoso al Estado. ese modelo ya termino en 1989 con el Convenio 169, cuya lectura le convendria hacer con detalle.


# # 2Marco Huaco dice:
Junio 12th, 2010 a las 15:37

El problema de Jurgen Golte es que menosprecia el aporte del derecho a la comprensión de la sociedad. Se ha quedado anclado en una crítica simplista al sostener que como “la ley es letra muerta” entonces el análisis jurídico irrelevante para el análisis social.
Por eso sigue anclado en el lenguaje asimilacionista del convenio 107 de la OIT(“minorías no integradas”), pues no se ha enterado que existe el Convenio 169 de la OIT con su lenguaje de derechos. Ni qué notificarle que ahora existe una Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas que habla del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas…

 

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Comunidades, pueblos indígenas y derecho a la consulta

Paulo Vilca

20/06/2010

Hace algunos días, el periodista Jaime de Althaus, director del programa La Hora N, entrevistó al antropólogo Jurgen Golte (1) acerca de la inclusión de las comunidades campesinas de la sierra en los alcances de la Ley del derecho a la consulta recientemente aprobada por el Congreso de la República (2).
En términos generales, el señor Golte manifestó que la inclusión de las comunidades campesinas de la sierra en los alcances de la ley de consulta y el Convenio 169 de la OIT (3) no tiene sentido, puesto que sus integrantes – ya sea que hablen quechua o aymara – forman parte de la población nacional, encontrándose completamente integrados al Estado (inclusive señaló que una gran parte vive en Lima). Indicó también que la finalidad de la consulta es proteger a las minorías étnicas no integradas al Estado; y finalmente se refirió a la finalidad de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas como si se tratara de un derecho a veto.
Dado que los temas tratados en la entrevista son de trascendental importancia para el país, resulta pertinente señalar lo siguiente:
1.- El señor Golte interpreta que la Ley del derecho a la consulta plantea que todas las comunidades campesinas son “pueblos indígenas”; sin embargo, lo que la norma establece es que las comunidades podrán ser consideradas como “pueblos indígenas”, en tanto cumplan con los criterios objetivos y subjetivo señalados en el artículo 7 de la misma norma (4) , en concordancia con lo señalado por el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT (es decir cuando dichas comunidades pertenezcan a una etnia indígena).
Por tanto, no todas las comunidades campesinas podrán ser sujetos del derecho a la consulta, sino sólo aquellas comunidades que pertenezcan a un pueblo indígena o a una etnia indígena, independientemente de su ubicación geográfica. Por ejemplo, una comunidad campesina que pertenezca a la etnia Uro o al pueblo Aymara.
2.- El concepto de “pueblo indígena” está relacionado a la etnicidad indígena. Así lo ha considerado el propio INDEPA que señala, en su propuesta de Mapa Etnolingüístico Peruano (5) , la existencia en el país – como mínimo – de 8 etnias quechuas, 1 aymara, 1 Uro y 1 Jaqaru.
Debe agregarse que la propia Comisión de Expertos de la OIT, Órgano de Control del Convenio 169 de la OIT (6) , ha realizado observaciones al Estado Peruano con respecto a la necesidad de establecer los mecanismos que permitan determinar la identificación de los pueblos indígenas, ya que éstos no deben confundirse con las comunidades:
“Desde hace varios años, la Comisión se refiere a esta cuestión, y en 1998 declaró en una solicitud directa: «la Comisión se permite sugerir al Gobierno que proporcione un criterio unificado de las poblaciones que son susceptibles de ser cubiertas por el Convenio, ya que las varias definiciones y términos pueden dar lugar a confusión entre poblaciones campesinas, indígenas, nativas, de la sierra, de la selva y de la ceja de selva». La Comisión nota que según las comunicaciones habría diferentes grados de aplicación del Convenio según la denominación de la comunidad. Observa, además, que la terminología utilizada en las diferentes leyes genera confusión y que la denominación o diferentes características de los pueblos no afectan su naturaleza en lo que concierne al Convenio si se encuentran comprendidas en el artículo 1, párrafo 1), del Convenio” (7) .
3.- La afirmación de que el derecho a la consulta busca proteger a “minorías étnicas”, no se condice con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, ya que los derechos establecidos en dicha norma internacional corresponden a los pueblos indígenas independientemente de su número o porcentaje poblacional en un determinado Estado.
4.- Finalmente, respecto a la aseveración de que la finalidad de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas implicaría un derecho a veto, cuyo resultado sería una pérdida de poder de decisión del Estado, debe aclararse que la Ley del derecho a la consulta no limita al Estado en su capacidad de adoptar decisiones, en tanto dicha decisión se enmarque en el respeto de los derechos humanos, conforme a los artículos 3 y 15 de la mencionada norma.
La aprobación de la Ley del derecho a la consulta por el Congreso de la República ha sido un paso fundamental para democratizar el país y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, por lo que resulta imprescindible su promulgación por el Poder Ejecutivo. Concretar la vigencia de esta ley es una oportunidad que no podemos dejar pasar si es que verdaderamente estamos comprometidos con el respeto de todos y todas.
Notas:
(1) Ver http://www.clippingmedia.com/custm/videos/video.php?video=657673&pass=a5...
(2) Ver http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2010/05/congreso_le.... La norma se encuentra pendiente de ser promulgada.
(3) Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
(4) “Artículo 7.- Criterios de identificación de pueblos indígenas u originarios
Para identificar a los pueblos indígenas u originarios como sujetos colectivos, se toman en cuenta los criterios objetivos y subjetivos:
Los criterios objetivos son:
- Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional
- Estilos de vida, vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan u ocupan
- Instituciones sociales y costumbres propias
- Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional
Por su parte el criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia de grupo colectivo de poseer una identidad indígena u originaria.
Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos podrán ser identificados como pueblos indígenas u originarios, conforme los criterios señalados en el presente artículo.
Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas u originarios no alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos”
(5) Ver http://www.indepa.gob.pe/index.php?xid=511 y http://www.indepa.gob.pe/archivos/mapa.swf
(6) La Comisión de Expertos, órgano de control de la OIT, fue creada en 1926 y está compuesta por veinte juristas independientes. Tiene el mandato de vigilar la aplicación de los convenios ratificados por los Estados miembros de la OIT. Mediante sus observaciones y solicitudes directas, la Comisión de Expertos fija las pautas necesarias para que los Estados cumplan de manera adecuada con el contenido de los convenios internacionales del trabajo ratificados.
(7) Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones Observación, CEACR 2008 / 79a reunión (publicación febrero de 2009)

 

FUENTE

http://www.losandes.com.pe/Cultural/20100620/37404.html

 

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Por Silvio Rendon - Publicado el 21-06-2010

1. Campaña contra la ley de consulta
El ex ministro Rospigliosi en su artículo dominical pide que Alan García objete la ley de consulta. Se basa en su colega del IEP, el antropólogo Jürgen Golte, quien se manifestó en contra de esta ley en el programa televisivo de Jaime de Althaus, caracterizado por su lobbismo pro-extractivo y por su posición a favor del actual gobierno (como antes estuvo a favor del fujimorismo).

2. A favor de la ley de consulta
Por otra parte, OIT apremia por Ley de Consulta y Perú: El Tribunal Constitucional Apoya la Ley de Consulta. Y también:
Perú: La Ley de Consulta en Examen ante la Organización Internacional del Trabajo
.

Una crítica a los argumentos de Golte la tenemos en Paulo Vilca de SER, aquí (pase de TJ). Golte no se ha enterado de las consultas hechas en Majaz o en Tambo Grande, aquí, ni de la aceptación de AIDESEP como sujeto de negociación con el estado.

FUENTE

http://grancomboclub.com/2010/06/combitos-consulta-a-indigenas.html

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