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22.06.10

BOLIVIA. Controversia entre Gobierno e indígenas por Ley de Autonomías y consulta previa

Con la Conamaq existe una confrontación respecto a los alcances de la consulta indígena. Según los dirigentes de esta organización indígena originaria, el Gobierno quiere eliminar la consulta; el Ejecutivo negó ese extremo, pero sí reconoció que pretende colocar límites a esa prerrogativa constitucional.

El vicepresidente, Álvaro García Linera, garantizó la consulta indígena, pero rechazó que tenga la potestad de truncar el desarrollo económico.

Contrarreloj: Ayer se reunieron ministros y viceministros de todo el gabinete. Hoy se congregará el Conapes de 12 ministros.

El debate nacional acerca de la Ley Marco de Autonomías se instaló dentro del Gobierno. Ayer, ministros y viceministros de todo el gabinete se reunieron para consensuar las competencias y el financiamiento de las autonomías. Y hoy se agrupará el Conapes, integrado por 12 ministros, para analizar los mecanismos de coordinación entre el Gobierno Nacional y las autonomías.

De esta manera el Gobierno acelera la redacción del proyecto de Ley Marco de Autonomías, pese a que aún no logró acuerdos con todos los sectores involucrados en esa normativa.

Al finalizar el encuentro, llevado a cabo en el Hotel Plaza, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, anunció que sólo restan cuatro reuniones, que se realizarán en esta semana, para concluir la elaboración del documento antes de enviarlo a la Asamblea Legislativa.

Dijo que a partir de hoy se tiene solamente un mes para la redacción del texto, envío a la Asamblea, debate y consultas en ese órgano, y su aprobación y promulgación.

Ésta es una de las cinco leyes fundamentales que la Asamblea debe aprobar para poner en funcionamiento la nueva Constitución Política del Estado (CPE), entre las que figuran: la Ley del Órgano Electoral, que fue promulgada la semana pasada, Ley del Tribunal Constitucional, del Órgano Judicial, del Régimen Electoral y Marco de Autonomías.

Para hoy también se tiene previstas otras tres reuniones: un equipo técnico se trasladará a Santa Cruz para un encuentro con las instituciones cruceñas; con la gobernación, la representación de la Alcaldía y la de la brigada, con quienes se hará un trabajo técnico para ver “si hay un nivel político en el que podamos reunirnos con sus autoridades para tomar desiciones”.

También se espera que hoy los acuerdos técnicos que se tiene con la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) “sean ratificados en su nivel de decisión política, y se verá si continúa y culmina el diálogo con el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyo (Conamaq); los vamos a llamar a los hermanos del Conamaq y ya con estas últimas consultas estaríamos en condiciones de presentar el proyecto de ley”.

Sin embargo, no ha logrado cerrar acuerdos con los sectores involucrados. Ayer, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) inició una marcha desde la ciudad de Trinidad en protesta porque supuestamente el Gobierno no está respetando los acuerdos y la Constitución Política del Estado (CPE) respecto al área territorial de las autonomías indígenas.

El Gobierno señaló que ya llegó a acuerdos con este sector y que no negociará puntos que estén al margen de la Constitución, como la demanda de que los territorios indígenas autonómicos se basen en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), que en los hechos sobrepasan los límites departamentales.

Con la Conamaq existe una confrontación respecto a los alcances de la consulta indígena. Según los dirigentes de esta organización indígena originaria, el Gobierno quiere eliminar la consulta; el Ejecutivo negó ese extremo, pero sí reconoció que pretende colocar límites a esa prerrogativa constitucional.

El vicepresidente, Álvaro García Linera, garantizó la consulta indígena, pero rechazó que tenga la potestad de truncar el desarrollo económico.

El Gobierno tiene discrepancias con los dirigentes regionales de Santa Cruz. Estos últimos han solicitado un nuevo pacto fiscal con el argumento de que si el Gobierno les entregara mayores competencias, debe a su vez otorgarles mayores recursos económicos.

Sin embargo, para el ministro Romero este hecho hay que entenderlo al revés. Los gobiernos departamentales, antes prefecturas, recibieron recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en exceso y sin nuevas competencias, y lo que ahora hay que hacer es darles nuevas funciones para que las atiendan con esos fondos designados con antelación.

Una de las determinaciones alcanzadas ayer en el encuentro de los ministros fue que las autonomías departamentales no contarán con mayores recursos que los que actualmente reciben del IDH.

“Lo que hemos visto es que tienen recursos suficientes para asumir las competencias que establece la constitución Política de Estado (CPE)”.

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, también informó que uno de los temas tratados en el encuentro de ayer fue el consenso respecto a que la educación no debe ser descentralizada y mantenerse bajo tuición de su despacho. Señaló, además, que el encuentro trató una armonización de la Ley de Autonomías con las otras carteras de Estado.

La nueva ley

La Ley Marco de Autonomías es una de las cinco leyes fundamentales para la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado.
La primera en ser promulgada fue la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, pese a desacuerdos con ese Poder del Estado.
Las otras en curso de debate y redacción son: Ley del Tribunal Constitucional, y Ley del Órgano Judicial.
Además están: la Ley del Régimen Electoral y la Ley Marco de Autonomías, aún en redacción.

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