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27.06.10

GUATEMALA. Agua sin ley es una fuente de problemas

Categorías: Guatemala, Aguas


Los vecinos de Ocós, San Marcos y Coatepeque, Quetzaltenango, denunciaron en el 2008 que el empresario Hugo Molina había desviado el cauce del río Pacayá para irrigar sus plantaciones de palma africana.

Este hecho produjo que las comunidades vieran drásticamente reducido el acceso al agua. Sin embargo, la denuncia, recogida por la Procuraduría de los Derechos Humanos, no recibió ninguna respuesta del Ministerio Público.

Este es solo un ejemplo de los múltiples conflictos que origina el agua: un bien cuya escasez contrasta con las intensas precipitaciones pluviales que a menudo causan destrozos y no son aprovechadas.


Disputas entre comunidades por la propiedad de manantiales, terratenientes que desvían ríos con total impunidad o empresas que hacen un uso abusivo del agua son los principales conflictos generados por la falta de una regulación firme que tipifique delitos, establezca límites y, sobre todo, aclare quién tiene derechos sobre el líquido vital.

“No hay un solo departamento en el que no se reporten problemas de agua, ya sea entre comunidades, particulares o empresas y grupos comunitarios”, explicó Rafael Maldonado, coordinador de Centro de Acción Legal Ambiental y Social.

Entre comunidades

Uno de los enfrentamientos más representativas se da en San Marcos, entre las aldeas Villa Real y Tunichum, de Tajumulco, y Tuichán y Villa Nueva, de Ixchiguán, que desde hace años se disputan los nacimientos de agua.

Esta situación ha originado confrontaciones armadas, con cauda de heridos y fallecidos, según datos de Aroldo Marroquín, corresponsal de Prensa Libre en San Marcos.

Límites muy débiles

El Código Municipal establece que todo nacimiento de agua que se encuentre dentro del territorio de un municipio pertenece a este. “Pero los límites son demasiado débiles como para decir esto les pertenece y esto no”, refirió Luis Rolando Yoc Pérez, director de Mediación y Resolución de Conflictos de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

“El registro de información catastral es el que permite establecer los polígonos que delimitan el territorio de cada localidad, pero arrastra muchos déficits”, afirmó.

Una de estas carencias se ve en Sololá, donde los polígonos posicionales se sobreponen entre los municipios. Este hecho divide a los vecinos de Canoas Altas y Canoas Bajas —San Andrés Semetabaj, Sololá—, quienes también rivalizan por la pertenencia de los nacimientos.

Minería causa conflicto

Otro motivo de controversia es la minería, ya que el artículo 587 del Código Civil indica: “Los concesionarios de pertenencias mineras (...) tienen la propiedad de las aguas halladas en sus labores”.

De esta forma, cuando la minera Marlin obtuvo la licencia de extracción de oro y plata en San Marcos, comenzó también labores de perforación para la extracción de agua, ya que necesita un millón 36 mil 800 litros diarios.

Con ayuda de alta tecnología, la empresa perforó a profundidad, lo que dejó sin agua o con una provisión muy limitada todos los pozos de las comunidades limítrofes de los municipios de Sipacapa y San Andrés Ixchigúan.

Este caso, recogido por el Tribunal Latinoamericano de Aguas (TLA), logró una condena moral en el 2006.

Agua para plantaciones

El aumento en todo el país de plantaciones de caña de azúcar y palma africana ha contribuido a agudizar estos problemas, debido a que requieren riego intenso y constante.

Esta situación se observa principalmente en la llanura del Pacífico, aunque también afecta regiones de la bocacosta, en departamentos como Suchitepéquez, donde la plantación de palma y el aumento de cultivo de caña de azúcar para etanol está perjudicando a las comunidades que viven cerca de los ríos Mazcalate y Coyolate.

“Los terratenientes se han dedicado a construir diques de contención y a desviar ríos con estas represas. La gente que vive río abajo ya no tiene dónde lavar, bañarse o regar sus pequeños cultivos de milpa”, aseveró Daniel Pascual Hernández, coordinador del Comité de Unidad Campesina.

No hay leyes específicas

La principal causa de estas situaciones es la falta de un marco legal específico. Si bien aparece recogido en el Código Civil y el Código Municipal, estas se contradicen y hacen inviable la aplicación.

La Constitución de la República establece que el agua es un bien común, mientras el Código Civil dice que es un bien privado. Por su parte, el Código Municipal refiere que cada municipio tiene la potestad del agua. “Mientras no haya voluntad política para aprobar una normativa específica para el uso del agua, seguirán los problemas”, dijo Maldonado.

Hasta el momento se han hecho varios intentos por aprobar una ley general de aguas, pero “se han detenido por la interferencia de sectores, inclusive diputados y ex diputados que tienen intereses hasta en el tema de desvío de ríos”, expuso el legislador Armando Enríquez Sánchez, miembro de la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos, que en el 2007 presentó una iniciativa al respecto.

Estas propuestas también encuentran gran resistencia de las comunidades —sobre todo la organización cantonal de Totonicapán—, que se oponen a cualquier normativa que le atribuya al Estado la potestad sobre el agua.

“Nosotros somos los legítimos dueños, cuidamos nuestros nacimientos de agua y nos oponemos a que congresistas regulen sobre algo que no les compete”, expuso Norberto Vásquez, presidente de la junta directiva de los 48 cantones de ese departamento.

POR CAROLINA GAMAZO CIUDAD DE GUATEMALA

 

27/06/2010

http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Agua-ley-fuente-problemas_0_287971211.html

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