Wide Blog Theme

17.05.10

COLOMBIA. Ocho pasos garantizan la consulta previa indígena en Colombia

Categorías: Bolivia, Colombia, Consulta

La consulta indígena en Colombia sigue ocho pasos, que tienen el objetivo de garantizar que los criterios de los pueblos indígenas de ese país sean respetados cuando alguna empresa o el Estado tienen el propósito de iniciar un proyecto que afectaría la existencia de una determinada colectividad.

Al menos, ese fue el criterio expuesto por la abogada colombiana María Clara Galvis, experta en derecho internacional, en el taller Recursos naturales y derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, que se realizó la anterior semana, en el hotel Oberland de La Paz. Esta actividad se realizó bajo el auspicio de la organización Participación y Justicia.


Galvis recordó que su país, en respuesta al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció un marco jurídico jurisprudencial de consulta previa a los pueblos indígenas.

No obstante, la jurista comentó que en Colombia, a diferencia del caso boliviano, la consulta indígena no está insertada en la Constitución Política del Estado, “por eso, hay un adelanto de utilidad para Bolivia”.

En todo caso, Galvis señaló que las normas de su país han desarrollado varios aspectos de la consulta indígena desde la aprobación de su Constitución Política del Estado (1991).

La abogada resumió el proceso de consulta indígena en ocho pasos que, según dijo, garantizan su efectividad.

Los pasos son:

  1. Explicar en qué consiste el proceso de consulta previa a todos los actores, con el fin de que exista un intercambio de información constante entre la empresa y las poblaciones.
  2. Comunicación constante entre los actores involucrados
  3. Buena fe en el procedimiento, que en el caso boliviano está garantizado por los lineamientos establecidos en el texto Constitucional (artículo 30).
  4. Las partes involucradas deben ponerse de acuerdo en cómo se realizará la consulta. Este procedimiento deberá respetar los procedimientos culturales de las comunidades involucradas.
  5. Por lo mismo, las partes se comprometen a respetar las tradiciones de las comunidades en el momento de la toma de decisiones.
  6. Las comunidades deben conocer los riesgos e impactos que derivarán de la ejecución del proyecto que impulsa la empresa.
  7. La consulta debe comenzar desde las primeras etapas del proyecto.
  8. La finalidad del proceso de consulta es la de lograr un acuerdo; es decir, ésta no termina si este requisito no ha sido cumplido.

De todas maneras, Galvis reconoció que los resultados de la consulta no implican un poder de veto, es decir no tienen la capacidad de impedir un proyecto, pero señaló que ningún trabajo se puede ejecutar a menos que cuente con el fallo de un juez competente.

Es por esto que en más de una ocasión los pueblos indígenas han sido resarcidos económicamente si alguna actividad económica afectó su existencia o el territorio que ellos ocupan, destacó.

Por ello, añadió que en estos casos el Estado cumple un papel importante, ya que de acuerdo con los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos está llamado a garantizar la imparcialidad de un proceso de consulta.

 

Unidad de Comunicación
Fundación TIERRA
17 de mayo de 2010

fuente

http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_content&view=article&id=2534:rair&catid=98:anteriores&Itemid=175

Wide Blog Theme

 

Archivo de prensa - CEPPDI -  www.politicaspublicas.net