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10.06.10

Colombia: Mineras temen cambio en las reglas

10/06/10La Corte Constitucional ordenó en tercera instancia suspender las actividades de exploración y explotación en la zona donde la empresa Muriel Mining Corporation viene trabajando desde el 2006.

Eso, tras un proceso que se originó con una tutela por parte de comunidades indígenas que manifestaron no haber sido consultados frente al proyecto minero Mandé Norte, ubicado en límites de los departamentos de Antioquia y Chocó,

A la luz del derecho en Colombia, el asunto no habría generado mayor relevancia sino fuera por las implicaciones de la sentencia T-769 de octubre del año pasado, de la alta Corte Constitucional frente a la forma como deberá ser el procedimiento para la exploración y explotación minera en el país. Pero el asunto va más allá, pues dado que se trata de jurisprudencia, podría afectar las actividades del sector de hidrocarburos, además de otros ramos de la economía como el turismo, por ejemplo, cuando sea necesario hacer consulta previa con las comunidades para el desarrollo de algún proyecto en el que éstas se vean involucradas.


En el caso particular de Muriel, la Corte pidió a Ingeominas que se abstenga de otorgar o suspender las licencias del mencionado proyecto hasta que no finalicen los estudios sobre impacto ambiental y se realice una nueva consulta previa, pero de manera adecuada. En ese sentido, ordena al Ministerio de Ambiente que se encargue de hacer el mencionado estudio, tema que siempre le ha correspondido a las empresas interesadas en sacar adelante sus proyectos mineros o energéticos y que por lo mismo, por cuenta propia y bajo todo riesgo, son las que asumen los gastos para tal fin. Entre tanto, en manos del Minambiente la potestad se había limitado a avalar o rechazar el estudio.

La decisión de la Corte Constitucional puso en alerta al gremio de la minería en el país, del que hacen parte tanto compañías nacionales como firmas extranjeras. Además, generó reacciones del Ministerio de Ambiente y de la cartera del Interior.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Colombiana de la Minería, César Díaz Guerrero, en el país la mayoría de proyectos mineros están en fase de exploración y es en esa etapa en donde se han presentado las principales dificultades.

"La exploración es una actividad técnica de conocimiento del suelo, es decir las empresas hasta ahora llegan a conocer qué es lo que hay y lo máximo que hacen en esta fase es un campamento.

Eventualmente hacen una carretera para meter los equipos, cuando no es que los llevan por helicóptero", afirma, al sostener que el concepto de minería responsable es un objetivo de las compañías afiliadas al gremio que representa, lo que implica que deben cumplir con los protocolos establecidos para instalarse en el país. "Eso es lo que busca la empresa (Muriel) y lo deberá garantizar cuando presente su estudio de impacto ambiental", agrega.

En una carta fechada el pasado 14 de abril, el Ministerio del Interior salió a explicarle a la Corte que, de acuerdo con la normatividad colombiana, el Ministerio de Ambiente interviene una vez se tenga certeza de que en un territorio existen recursos naturales que se pueden explotar, con el fin de otorgar la respectiva licencia ambiental. Antes no se niega o aprueba ese trámite.

La comunicación agrega que "cabe decir que en el presente caso sólo se está en etapa de exploración".

Cabe mencionar que el Ministerio del Interior pidió la nulidad del fallo y el Ministerio de Minas y Energía solicitó a la Corte una audiencia para explicar los procedimientos que se siguen en el país para la exploración y explotación de recursos.

El Minambiente, por su parte, envió una comunicación al alto tribunal diciéndole que hay algunas actividades que se le han establecido y que no son de su competencia.

Versiones encontradas sobre proceso de consulta previa

El presidente de la Cámara Colombiana de la Minería, César Díaz, dice que Muriel acató y cumplió todos los procesos que el Ministerio del Interior le indicó en lo que concierne al proceso de consulta previa con las comunidades, pues la legislación establece que es esta cartera, que tiene para tal fin un grupo de expertos en el tema, la encargada del asunto. "Este proceso no se hizo debajo de la mesa, fue un proceso abierto, se convocaron a los alcaldes, las personerías y las comunidades", afirma.

Otra es la versión de las personas que instauraron la acción de tutela, las cuales argumentaron que no fueron consultados por la compañía y se les afectaron sus derechos fundamenta- les. En abril del 2009, once personas de la región interpusieron una tutela contra los ministerios del Interior y de Justicia, Ambiente, Defensa, Minas y Energía, y Protección Social, en la cual solicitaron ante el Tribunal Superior de Bogotá la anulación del proceso de consulta previo realizado por Muriel con la comunidad indígena del municipio del Carmen del Darién. El Tribunal de Bogotá y luego la Corte Suprema de Justicia negaron la solicitud.

 

FUENTE

http://www.mch.cl/noticias/index_neo.php?id=25148

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