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22.09.00

VENEZUELA. Pemonen rechazan enjuiciamientos por derribo de torres electricas y solicitan celeridad de amparo constitucional

22.09-2000. El Cacique Pemón, Silviano Castro, rechazó el enjuiciamiento por parte del Gobierno Nacional de cualquier miembro de la etnia que representa, esto debido al derribamiento de algunas torres que forman parte del tendido en cuestión y que según Silviano, con esa conducta se materializó el mandato consagrado en el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Representantes de las comunidades indígenas de la etnia Pemón acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar información acerca del recurso de amparo interpuesto contra la Construcción del tendido eléctrico entre la represa venezolana de Macagua y la población de Boa Vista en Brasil. Igualmente, solicitaron al Máximo Tribunal del país celeridad en el caso, ya que denuncian que la República Bolivariana de Venezuela continúa aceleradamente la construcción de la referida obra.


Silviano Castro, cacique y representante de las comunidades de San Rafael de Kamoiran, San Juan de Kamoiran, Vista Alegre, Santa Cruz de Mapauri y San Luis de Awarakay, manifestó que “los derechos colectivos del Pueblo Indígena Pemón consagrados en la Constitución Nacional han perdido su vigencia, al ser desconocidos arbitrariamente por la propia República, con la construcción de la interconexión eléctrica Venezuela-Brasil, con la finalidad de suministrar energía para el desarrolló comercial e industrial de las zonas fronterizas de ambos países”.  

El Cacique Pemón, acompañado por el abogado Rafael González Arias, para reiterar la solicitud de realizar antes de la construcción de la cuestionada obra un estudio de impacto socio cultural para determinar la viabilidad o no del tendido. Para la realización del señalado estudio, proponen la conformación de un comisión integrada mayoritariamente por representantes del pueblo Pemón, específicamente de las comunidades afectadas directamente por la obra.

Como se recordará el 19 de mayo pasado representantes de la mencionada etnia asentadas en la Gran Sabana, interpusieron ante el Alto Tribunal del país un recurso de amparo contra la República Bolivariana de Venezuela, por la construcción de la referida línea de transmisión eléctrica, lo cual constituye –según los demandantes- una violación de importantes derechos colectivos del pueblo Pemón y que además tienen rango constitucional. Posteriormente, el pasado 5 de septiembre acudieron de nuevo al Tribunal Supremo para ampliar los argumentos sociales, culturales y jurídicos, en base a los que solicitaron la paralización de la obra en cuestión.

Entre las denuncias presentadas por la etnia están el impacto territorial, ambiental y cultural al pueblo indígena Pemón, al respecto han expresado en reiteradas oportunidades que se ha deforestado el Bosque del Imataca y Sierra de Lema, lo cual ha provocado también, que un grupo de personas ajenas a los grupos indígenas que allí habitan ocupen el territorio donde ancestralmente han vivido.



SOBRE EL DERRIBAMIENTO DE TORRES DEL TENDIDO ELECTRICO

Del mismo modo, Silviano Castro manifestó que el artículo 333 de la Constitución Nacional establece: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Al respecto señaló que el Pueblo Pemón “decidió cumplir con el mandato contenido en el referido artículo, al asumir el restablecimiento de la efectiva vigencia de los derechos colectivos”, conducta que se ha materializado con el derribamiento de las torres que forman parte del tendido, por lo que el Gobierno Nacional ordenó la apertura de juicios contra integrantes del pueblo Pemón.

En vista de lo anterior manifestó su rechazo al enjuiciamiento de cualquier miembro de la etnia Pemón, porque según Silviano Castro, “luchan por el restablecimiento de sus derechos colectivos constitucionales, en los términos señalados en el artículo 333 de la Constitución Nacional”.

 

FUENTE

http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/2000/220900-1.htm

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