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25.11.02

VENEZUELA. Tribunal Supremo de Justicia se declara comprometido con la reivindicación de los derechos políticos y la justicia social de los pueblos indígenas

Durante las palabras de clausura del seminario "Diálogo intercultural sobre administración de justicia en los pueblos indígenas", el vicepresidente de la Sala de Casación Civil indicó, entre otras cosas, que la Constitución de 1999 significó un paso positivo para los pueblos indígenas, en lo que se refiere al reconocimiento de sus derechos básicos

El vicepresidente de la Sala de Casación Civil, magistrado Carlos Oberto Vélez, reiteró el compromiso del Tribunal Supremo de Justicia en continuar trabajando en la reivindicación de los derechos políticos y la justicia social de los pueblos indígenas, "el compromiso es por atender y velar por los derechos de todos los ciudadanos, garantizándoles un verdadero Estado de Derecho y respeto a la Constitución", expresó durante las palabras de clausura del seminario "Diálogo intercultural sobre administración de justicia en los pueblos indígenas".



El evento que duro tres días se realizó en el Salón Luis Beltrán Pietro Figueroa del edificio José María Vargas y fue organizado por el TSJ, el Banco Mundial y la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional. El objetivo primordial del mismo es el de fomentar el conocimiento entre los administradores de justicia ordinaria, de las formas de aplicación de justicia en los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo al derecho consuetudinario indígena y a sus usos y costumbres, además, lograr establecer las diferencias entre la justicia ordinaria y la indígena.

Las palabras de apertura del seminario correspondieron al diputado José Luis González, presidente de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas. Además participaron, entre otros, catorce ponentes de pueblos indígenas venezolanos, entre ellos, Pumé, Guajibo, Bari, Wayuu, Yekwana, Pemón, Piaroa, Kari´ña, Baniva, Warao, Yuckpa, Yanomami, Akawao, E´ñepa.


EN UN PAIS PLURICULTURAL DEBE ADMITIRSE EL DERECHO INDIGENA

Después de tres arduos días de jornadas de trabajo, las palabras de clausura del seminario correspondieron al magistrado Carlos Oberto Vélez, quien expresó, entre otros aspectos, que la cultura y el Derecho son parte de un fenómeno social que no puede separarse. "La existencia de una cultura implica la presencia del Derecho, de modo que sí nuestro país es pluricultural, tenemos que admitir no sólo el sistema jurídico del Estado, sino también el Derecho Indígena. Es necesario que tomemos en cuenta cómo resuelven los conflictos internos y mantienen su convivencia social, cómo son los procedimientos para juzgar el comportamiento del transgresor, estudiar el matrimonio, la violencia y actos contra bienes y las personas y cuáles con los órganos de autoridad; y de esa manera, con ese reconocimiento fortalecemos el orden jurídico; una unidad nacional que nos llevaría a una nación incluyente".

En ese particular indicó que la Constitución de 1999 significó un paso positivo para los pueblos indígenas, en lo que se refiere al reconocimiento de sus derechos básicos. "Se trata de la base de una relación entre el Estado y los pueblos indígenas y, desde luego, un entendimiento para la convivencia social a sabiendas que desde el punto de vista social y económico queda pendiente un gran reto que comienza a abordarse; sin duda alguna, el cambio relevante es el reconocimiento de una justicia diferenciadas".

Al respecto recordó lo que reza el artículo 260 de la Carta Magna: "Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en sus hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean a esta Constitución, a la ley y al orden público. La Ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional".


COMPROMISO DEL TSJ CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PAIS

Recordó que el Tribunal Supremo en una decisión histórica y trascendente, con motivo de la solicitud de nulidad de la Ley de División Político Territorial del estado Amazonas, la cual "dio cuenta de la morosidad en el reconocimiento de los derechos indígenas y estableció ampliamente el de participación política de los pueblos indígenas en la formación de la Ley mencionada, haciendo alusión a distintos tratados y convenios internacionales de derechos humanos, anulando dicha Ley y ordenando sustituirla en un proceso en el que se diera la consulta y la participación de dichos pueblos", acotó.

Reiteró el compromiso que tiene el máximo tribunal del país en continuar trabajando en la reivindicación de los derechos políticos y justicia social de los pueblos indígenas, para ello seguirá el TSJ en la línea de aportar los medios jurisdiccionales tendentes a la construcción de un Sistema de Justicia que permita la inclusión y la participación de los sectores sociales, "que hasta ahora habían percibido la justicia como un tema exclusivamente de los abogados y de poderes económicos; el compromiso es por atender y velar por los derechos de todos los ciudadanos, garantizándoles un verdadero Estado de Derecho y respeto a la Constitución", concluyó el magistrado Carlos Oberto Vélez.


Fecha de Publicación:
25/11/2002

FUENTE

http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=229

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