Wide Blog Theme

03.03.09

COSTA RICA. Defensoria de los Habitantes. Informe Anual 2009. Capitulo Indígenas

Categorías: Costa rica, Defensorias

El discriminatorio rezago del Estado: Un irrespeto a los derechos indígenas
Informe Anual de Labores 2008-2009. Dirección de Protección Especial
Personas Indígenas

En Costa Rica hay ocho pueblos indígenas (Chorotega, Maleku, Huetar, Brunca, Teribe, Guaymí, Cabécar y Bribrí) distribuidos en veinticuatro mal llamadas Reservas; cada uno con una identidad cultural manifestada generalmente a través de lenguas autóctonas, medicinas tradicionales, vestuario, artesanías y concepciones espirituales, entre otros rasgos. Según el censo poblacional realizado en el año 2000, en el país hay aproximadamente 63 000 habitantes indígenas, lo cual representa el 1.7% de la población nacional.



Precisamente un dato tan básico como éste es desconocido, no sólo por la mayoría de la sociedad costarricense, sino también por los Poderes y Autoridades Públicas del país, lo cual sin duda alguna, es la principal limitación para que las personas indígenas realicen un ejercicio pleno de sus derechos y, por tanto, puedan gozar de las condiciones de Seguridad Humana.

De la experiencia institucional en la atención de esta población, se pueden extraer algunas situaciones manifestadas por las mismas personas indígenas y que pueden ejemplificar lo anterior:

Los pueblos indígenas viven en niveles de pobreza significativamente más altos que los de la población no indígena; conviene aquí precisar que los pueblos indígenas conceptualizan la pobreza más allá de la carencia de recursos económicos, la relacionan con la falta de acceso a la tierra y a servicios públicos, con la incapacidad de producción de alimentos, y con el daño ambiental.

1. El discriminatorio rezago del Estado: Un irrespeto a los derechos indígenas

La Defensoría ha constatado diferentes acciones y omisiones de parte de las instancias públicas, de las que se derivan lesiones a los derechos de los pueblos y personas indígenas, ocasionando inseguridad humana, en los siguientes aspectos:

- Persiste la inseguridad jurídica y el irrespeto a la legislación vigente en relación con la tenencia de la tierra. El Estado ha incumplido su deber de garantizar a las comunidades indígenas la propiedad sobre los Territorios Indígenas legalmente constituidos y hoy siguen siendo ocupados en un alto porcentaje por población no indígena.
- Para muchas comunidades indígenas los servicios públicos básicos (agua potable, electricidad, telefonía) son un privilegio inalcanzable. Para un alto porcentaje de la población es común tener que tomar agua de un río, caminar varias horas para llegar hasta el único teléfono público de una comunidad vecina y alumbrarse con candelas. Lamentablemente en algunos círculos persiste la egoísta creencia de que el acceso a tales servicios rompe el statu quo de los pueblos indígenas afectando el mantenimiento y la reproducción de su cultura.

- El modelo estatal de atención en salud hacia los pueblos indígenas es fuertemente criticado por ellos mismos; el acceso es limitado, predomina un modelo de atención tipo urbano y por tanto, carente de la especificidad indígena, irrespetuoso de la medicina tradicional y de las autoridades médicas indígenas y persisten tratos discriminatorios por parte del personal médico y administrativo hacia esta población. La salud como derecho fundamental debe contemplar el entorno donde se desarrolla y las características de la población hacia la que se dirige.

- El respeto y la promoción de la cultura indígena debería encontrar su mayor desarrollo en las aulas, sin embargo, no existe un programa curricular indígena que incluya la enseñanza de las lenguas indígenas ni de la cultura. Además, en aras de ofrecer una educación de mejor calidad, asegurando al menos, equiparar las condiciones del proceso educativo a los niveles de los demás centros educativos del país, respetando siempre la identidad cultural, el Ministerio de Educación Pública enfrenta grandes desafíos: mejorar y ampliar la infraestructura y los servicios básicos de los centros educativos, brindar de forma efectiva el servicio de comedores escolares, asegurar el transporte para escolares, crear albergues de estudio para la población de comunidades alejadas, garantizar el acceso a las becas escolares, establecer programas de educación para personas adultas indígenas y facilitar el acceso a la educación superior. Asimismo y en atención al Decreto que crea el Subsistema de Educación Indígena, el cual se encuentra vigente desde 1993, es primordial fortalecer el proceso de capacitación de las y los docentes que laboran en territorios indígenas y promover la profesionalización de las personas indígenas.

- Los programas de vivienda diseñados y ejecutados sin la participación indígena no han sido del todo satisfactorios; asimismo, resulta no solo inconcebible sino a todas luces ilegal que las instituciones públicas encargadas de la asignación de bonos de vivienda, no estén fiscalizando adecuadamente la entrega de estos, permitiendo la asignación de dichos  beneficios a personas no indígenas dentro de los territorios. Es primordial entonces, el impulso de proyectos coordinados con las comunidades indígenas en los que se tome en cuenta las tradiciones arquitectónicas propias y las necesidades específicas que suplen las viviendas indígenas tradicionales.

- Poco interés y atención han prestado las autoridades públicas a los diversos sistemas tradicionales de producción y desarrollo agrícola, por lo que es común conocer sobre las dificultades que enfrentan las personas y organizaciones indígenas para producir y comercializar sus productos. Ello acentuado por las habituales condiciones deplorables de la infraestructura vial que comunica a los territorios con los centros poblacionales.

- Siendo la Justicia más que un servicio público, un derecho en sí y ante las serias deficiencias actuales, resulta necesario que el Poder Judicial garantice el acceso efectivo de las personas indígenas. Ello incluye contar con un número adecuado y calificado de intérpretes de lenguas indígenas para todas las etapas procesales, personal capacitado, formas de organización y prestación del servicio adecuada a las características de estas comunidades y, el acceso a criterios sociológicos y antropológicos que permitan considerar sus particularidades culturales, al momento de impartir Justicia.

Lo anterior permite concluir, sin mayor análisis, que el modelo de atención a los pueblos indígenas que se aplica aún no es el adecuado. El gobierno central, los gobiernos locales así como las instituciones autónomas no han reconocido la verdadera realidad en la que viven las personas indígenas en Costa Rica, quienes no son una estadística para índices económicos o para reportes a organismos internacionales, sino sujetos titulares de derechos que demandan su observancia, respeto y garantía.

El ex relator de la Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, profesor Rodolfo Stavenhagen considera que una clave para entender el impacto limitado que han tenido las políticas de desarrollo, radica en que estas no han atacado las causas estructurales de marginación de los pueblos indígenas, causas que están directamente vinculadas a la falta de reconocimiento, protección, garantías de cumplimiento de sus derechos humanos, individuales y colectivos.

Precisamente por ello, la Defensoría de los Habitantes ha asumido un papel proactivo en la promoción de un abordaje adecuado por parte de las autoridades del sector público y ha participado continuamente en actividades de sensibilización y capacitación en torno al reconocimiento de su especificidad, observando que a través de ellos se puede permear poco a poco en el colectivo y así lograr una real voluntad política e institucional para implementar acciones sostenidas desde y para los Pueblos Indígenas.


2. Un grano que no es de oro

Tal y como se ha informado en periodos anteriores, Costa Rica recibe, año con año a un importante número de familias indígenas ngöbes panameñas que vienen a laborar en la recolecta del café.

Los empresarios cafetaleros reconocen en las personas indígenas una gran virtud para recoger el grano sin causar daños a la planta, pero además señalan que son responsables, laboriosos y entregados. No obstante, este reconocimiento no se hace efectivo en la definición de las desgastantes jornadas laborales, en las precarias condiciones de las covachas, en la insegura manera en que son trasladados a las fincas, en el monto que se paga por cajuela recolectada, y menos aún en gestiones para lograr un modelo de aseguramiento justo.

En la tramitación de varios expedientes relacionados con este asunto, la Defensoría de los Habitantes ha comprobado que las condiciones culturales, laborales y habitacionales de su estancia en las zonas de trabajo en Costa Rica, violentan sus derechos fundamentales y menoscaban su calidad de vida; siendo precisamente la necesidad de encontrar una mejor calidad de vida, la razón principal de su movilidad.

En el Informe de Labores 2007-2008, se advirtió sobre la forma de intervención que recientemente venía coordinando la Defensoría de los Habitantes a través de una Comisión Interinstitucional en la que participan las instituciones públicas competentes y organismos internacionales vinculados, entre otros.

Durante el 2008 se realizaron cuatro reuniones nacionales y una binacional, lo que permitió crear un espacio de diálogo y socialización de la necesaria atención particularizada a esta población, se definieron acciones a corto y mediano plazo y se implementaron atenciones conjuntas o coordinadas tendientes a potenciar sus efectos y a maximizar la utilidad de los recursos.

Es menester reconocer que ha habido avances significativos en las coordinaciones interinstitucionales y en el abordaje local; no obstante, persisten situaciones que generan inseguridad humana y que deben ser elevadas a nivel jerárquico para la adopción de las políticas que permitan llegar a soluciones permanentes. Por ejemplo, el ICAFE sostiene que la recolección del café no constituye una relación laboral, mientras que el Ministerio de Trabajo asegura que sí; por lo que corresponde a la Procuraduría General de la República develar esta controversia de criterios.

Resulta por tanto primordial insistir ante las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre la necesidad de definir, lo antes posible, un modelo de aseguramiento para estas y estos trabajadores; ante el Ministerio de Trabajo para que formule un programa permanente de inspección laboral en la fincas cafetaleras y que en conjunto con el Ministerio de Salud verifiquen que los hospedajes cumplan con los requisitos de sanidad y salubridad establecidos por ley. Además, conviene reiterarle al Registro Civil que el reconocimiento de la cédula de identidad panameña, en el caso de este grupo, resulta de suma importancia para todos los trámites registrales.

Finalmente, no está demás insistir en la capital importancia que tiene para la economía y el desarrollo nacional el trabajo que realiza este grupo poblacional y por ello, mientras persistan situaciones que menoscaben sus derechos y les generen inseguridad jurídica, laboral, económica y social, no será posible referirse al café como nuestro grano de oro.



3- Una quinceañera en el Parlamento

En el período legislativo 1994-1998 se presentó el proyecto de ley sobre el Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, con la idea de renovar el marco legal que regulaba a las comunidades indígenas. No nos detendremos a explicar el tortuoso camino que ha tenido esta iniciativa ni esbozaremos teorías del por qué sus pasos han sido como de tortuga, nos limitaremos a reiterar las razones que motivan a esta Defensoría a insistir en la necesidad de su discusión y votación.

La ley se constituye en una oportunidad para el mejoramiento de la calidad de vida de los Pueblos Indígenas y para la reivindicación de sus derechos; la necesaria actualización de la legislación nacional que regula la temática indígena y su adecuación a los preceptos y principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT, ha sido señalada reiteradamente en los informes de labores que la Defensoría de los Habitantes presenta anualmente ante la Asamblea Legislativa.

Asimismo, la inobservancia de los derechos reconocidos a los pueblos y personas indígenas ha motivado diversos llamados de atención al Estado costarricense por parte de Organismos Internacionales de Derechos Humanos. Hace casi cinco años, la Defensoría de los Habitantes en el Informe Anual de Labores 2004-2005 informó a la Asamblea Legislativa y a las demás instancias de la Administración Pública costarricense, sobre el llamado de atención que la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) hizo al país en relación con la situación de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas.

Además, es menester resaltar que el proceso de consulta de este proyecto a los pueblos indígenas costarricenses se destaca como el más significativo que se ha realizado en el país, el cual satisfizo los estándares mínimos establecidos por el Convenio 169 de la OIT.

Por todo lo anterior, la Defensoría de los Habitantes reitera a las señoras y señores diputados que resulta impostergable la creación de un marco jurídico interno que dé vigencia a los derechos que les han sido reconocidos en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente en el Convenio 169 y con ello, otorgarles a las personas indígenas la seguridad jurídica que tanto han esperado.

 

FUENTE

http://www.dhr.go.cr/menu_inicio/indigenas.html

Wide Blog Theme

 

Archivo de prensa - CEPPDI -  www.politicaspublicas.net