BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Justicia puso ayer en vigencia la Ley de Glaciares que protege los reservorios de agua y limita la actividad minera a cielo abierto, considerada contaminante, al dejar sin efecto medidas cautelares que frenaban su aplicación.

Rechazó las medidas cautelares en contra de la norma presentadas por firmas como Barrick Gold. La iniciativa prohíbe la minería a cielo abierto en cercanía de los campos de hielo.

El máximo tribunal dejó sin efecto medidas cautelares dictadas por la Justicia de San Juan, y despejó el camino para que se realice un inventario de los glaciares en todo el país.

Las medidas cautelares ahora revocadas habían sido pedidas por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentina SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, así como por el sindicato Asociación Obrera Minera Argentina, sobre el polémico emprendimiento de "Pascua Lama".

"Por unanimidad, los 46 legisladores votamos la adhesión a la ley 25517", que establece que "deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos mortales de aborígenes, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas", dijo Fernández a Télam. La legisladora, integrante del bloque Frente para la Victoria, fue quien presentó el proyecto a principios de año, tras una reunión del gobierno de la provincia con las comunidades originarias rionegrinas, con la presencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

La norma dictamina que mientras el sistema electivo del organismo no esté definido, se faculta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a designar a un delegado por cada una de las etnias del país, reconocidas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en un plazo de un año, prorrogable por 6 meses.

La Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, aprobó este martes el proyecto de Ley de Educación de los Pueblos indígenas; instrumento jurídico que tendrá como propósito establecer los lineamientos en materia de formación de niños y jóvenes provenientes de las comunidades originarias.

En este sentido, el diputado José Luis González, indicó que con la jornada de este miércoles concluye la primera fase de construcción de este instrumento jurídico, aprobado para beneficio de los pueblos indígenas.

"Si la OEA reunida en Bolivia, aprueba el informe elaborado por el secretario se reduciría la independencia de la Comisión al otorgarle a la Asamblea General poderes para redefinir lo que la Cidh y sus relatorías pueden o no hacer", advirtió José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW.

Realizarán inspección ocular en campos denunciados por Greenpeace
Así lo resolvió la titular del Juzgado Civil 6 de Resistencia, Iride Grillo, quién monitorea el cumplimiento de un amparo colectivo en favor comunidades indígenas de El Impenetrable. Además, recibirá a diputados del PJ el martes 5 de junio.  La titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia, Iride Isabel Grillo dispuso la realización de una inspección ocultar en las zonas de El Impenetrable en las cuales la organización ambientalista Greenpeace denunció >que se habrían practicado desmontes ilegales violatorios a la ley de Bosques Nativos.

La creciente demanda de atención a la salud por parte de las comunidades de población rural de Pampa del Indio se hace sentir en los pedidos de mayor respuesta y en un corto plazo a los Ministerios de Salud tanto de Nación como de Provincia.
Las comunidades Qom, representadas por el Lqataxac Nam Qompi, han hecho un esfuerzo para lograr y acompañar la formación de Enfermeros Bilingües Interculturales, para salvaguardar la salud de las familias de cada paraje rural, conforme a su cosmovisión y requerimientos.

La vicepresidenta de la Confeniae, Mónica Chuji, manifestó que el examen periódico universal de derechos humanos "recomienda el derecho de los pueblos indígenas a que sean respetados el derecho a la consulta libre, previa e informada y el consentimiento". (Ecuavisa)

"Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que se acate y no se cumple firmamos todos los acuerdos. El Ecuador es pionero en firmar todos los acuerdos internacionales, a la hora de cumplir no se cumplen. Creo que eso es una gran irresponsabilidad", acotó Chuji.

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La anterior afirmación se desprende de la exposición de Bartolomé Clavero, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla (España), quien a
invitación del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) compartió sus conocimientos con autoridades y personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acerca del derecho a la consulta a los pueblos indígenas.

Mientras el tema ambiental dificulta cada vez más la ejecución de nuevos proyectos hidrocarburíferos, las petroleras pidieron que la consulta y participación a los indígenas no esté ligada a la obtención de la licencia ambiental, porque arriesga el futuro de las inversiones en el sector.
Inversiones. Torre de perforación del pozo Incahuasi-2 en Santa Cruz.

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El Gobierno rechazó tres referentes a libertad de expresión y consulta previa.

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El reconocido antropólogo Ramón Pajuelo, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, consideró que la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, concebida como un mecanismo para tratar los conflictos sociales en el país, llegó tarde.

"Llegó tarde porque las organizaciones indígenas ya no poseían las mismas demandas cuando se abrieron las puertas para su implementación" aclaró Pajuelo.

PETICIÓN. Los representantes indígenas llegaron ayer hasta el Legislativo.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) solicitó ayer ante la Asamblea Nacional que se tramite "inmediatamente" la amnistía para 129 personas que han sido "criminalizadas" y acusadas de terrorismo, sabotaje y obstrucción de vías, después de la petición que fue entregada el 22 de marzo como resultado de la ‘Marcha por la Dignidad y la Vida'.

Humberto Cholango, presidente de la Conaie, y Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), entregaron carpetas con información sobre 23 casos que incluyen a todas estas personas, para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) pueda hacer el análisis caso por caso.

En primera vuelta, por unanimidad, la Cámara avaló hoy la adhesión de Río Negro a la ley nacional 25517 sobre "Restitución de Restos Humanos de los Pueblos Originarios".
La ley 25517 estableció que los restos mortales de aborígenes que formen parte de los museos y/o colecciones públicas o privadas, cualquiera fuera su característica étnica, deben ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que los reclamen.