Por Pedro Cayuqueo, Azkintuwe.

Por más que la propia presidenta Michelle Bachelet argumente que el Código busca dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, uno de los instrumentos más avanzados en materia de reconocimiento de derechos indígenas, lo cierto es que el entusiasmo de Egaña y la alarma de los empresarios no pasan de ser un espejismo. Si lo planteado por la presidenta fuera efectivo, el Código debería considerar algunos de los derechos reconocidos a los Pueblos Indígenas en el citado 169.

Puesto así el debate, que a usted le inunden con una represa la tumba de sus padres no sería reprochable. Si lo sería y materia de escándalo que no le pagen lo justo por ello. O que no lo contraten de obrero en las faenas. O que no le consulten a cuantos metros bajo al agua los prefiere. Caraduras totales.

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Propuesta LYD: " La solución para una mejor representación y participación es la creación de un Consejo de los Pueblos Indígenas de carácter consultivo" El "consejo de pueblos indígenas"

"El Convenio 169 tiene sólo dos artículos que son autoejecutables: estos son el artículo 6 y el 7. Se refieren principalmente a consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos adecuados, las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente, lo cual se debe hacer libremente y de buena fe con el objetivo de lograr acuerdos acerca de las medidas propuestas (Art. 6)."

"Aquellas normas del Convenio que no son autoejecutables requerirán de modificaciones legales y no está claro si existe la voluntad política del Ejecutivo para hacer estos cambios. Hay que considerar que se ha mencionado en las últimas declaraciones que esto será tarea del futuro Gobierno."


Informe del Instituto Libertad y Desarrollo, el think tank neoliberal chileno.

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La “consulta indígena” está deslegitimada. A medida que se cumplen los plazos y, aunque no les guste a los paladines del “nuevo trato”, el justificado malestar indígena tarde o temprano pondrá en jaque (mate) los resultados de la apuesta gubernamental para “consensuar” un proyecto de reforma constitucional coherente con las exigencias que plantea el convenio de la OIT.

La consulta ha sido un chiste y que eso no nos asombre. Los publicitados encuentros con comunidades, especialmente en el caso del pueblo mapuche, han sido ‘dedocráticamente’ celebradas por la Conadi.

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Refuta interpretaciones del convenio OIT sobre pueblos originarios.

“Se genera la interpretación y se da a entender que Chile debe cambiar la legislación de aquí al 15 de septiembre por imperativo de la convención. Pero he revisado el convenio al revés y al derecho y no es así, Chile no está obligado a hacer nada, e incluso podría argumentar que está dando cumplimiento hace tiempo”, indicó.

"Nadie puede sostener que los pueblos originarios no tienen los mismos derechos que el resto de la población chilena.Eso está en la ley desde la Constitución de 1925; no es que recién se le está ocurriendo a Chile con motivo de la aprobación del Convenio 169 aprobado por la OIT en 1989."

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En la zona norte, el Consejo Autónomo Aymara, elaboró un listado con las zonas que son afectadas por la licitación geotérmica que el Ministerio de Minería lanzó a comienzos de junio. Hortencia Hidalgo afirma que hay 12 áreas entre la XV y II Región que se verán directamente afectadas si se llevan a cabo proyectos geotérmicos.

Uno de los lugares que se verá afectado es el volcán Tacora, en la provincia de Parinacota, donde vive gente de la comunidad tacora, y el gobierno está promoviendo directamente una licitación en esa tierra”, dice Hidalgo, representante de comunidades aymaras.

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Elaborando un informe sobre el impacto de la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los reparos al inicial borrador sobre código indígena hecho por el Comisionado Presidencial, se encuentra por estos días el ex ministro de Agricultura de la administración de Ricardo Lagos, Jaime Campos.

El jurista y académico fue reclutado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para realizar el documento que el empresariado presentará durante las próximas semanas al Gobierno para expresar sus aprensiones frente a un tema que ha revuelto las aguas en el sector privado, debido a su impacto en las inversiones.

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A pesar de que el gobierno decidió dar un giro radical en la polémica generada por el borrador del código de conducta responsable para pueblos indígenas, al acotar los alcances de la señalada normativa, el tema sigue siendo complejo para el sector empresarial.

Tanto en el gobierno como en el empresariado están claros que la iniciativa inicial pasó a mejor vida, pero los segundos esperan con preocupación la “pauta” que anticipó el ministro José Antonio Viera-Gallo en el último comité ejecutivo de la CPC, realizado el martes pasado.

Y es que temen que una vez que el Convenio 169 de la OIT se implemente en el país el 15 de septiembre, se produzca una judicialización de los casos.

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Las comunidades mapuche del territorio de Villarrica, agrupadas en el Consejo Territorial Mapuche Mallolafken, con respecto al tema y borrador de los “Principios normativos, distinciones conceptuales y metodológicas, y lineamientos generales para el diseño y la implementación del código de conducta responsable para inversiones en tierras y áreas de desarrollo indígena”.

Manifiesta la siguiente opinión:

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El próximo 15 de septiembre entrará en vigencia el Código de Conducta Responsable. Se trata de una compleja normativa, más conocida como Código Indígena, que preocupa al mundo empresarial, incluido el sector minero porque incorpora normas de protección para las comunidades indígenas en el territorio nacional, a partir del Convenio 169 de la OIT que ratificó el Congreso hace dos años.

El gobierno, a través del comité de ministros -entre los que se incluye Interior, Minería y Energía- estudiará el próximo mes la manera en que Chile implementará el Convenio, para abordar el tema indígena.
[Nota: esta noticia publicada el 22 de junio en Radio Universidad de Chile, es extemporánea]

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Hubo de parte de autoridades de gobierno una actitud poco prolija y no acorde con las complejas implicancias de una iniciativa de esta naturaleza. Es de esperar que el tratamiento de este tema, en adelante, tenga en cuenta esta experiencia.

La propuesta de un Código Indígena presentada recientemente por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia generó reparos y cuestionamientos tanto desde el mundo privado como incluso de varios ministerios.

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Por Cecilia Valdés
Después de 15 años alojado en el Congreso, Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT, acerca de los pueblos y comunidades indígenas y tribales. Sin embargo, aunque esto haya ocurrido y el Estado tenga la obligación de ponerlo en marcha el próximo 15 de septiembre, es innegable que la discusión sólo ha mostrado un punto de inicio y no puntos de acuerdo.

Y es que el tema en nuestro país tiende a ideologizarse, sobre todo cuando existen variados intereses de por medio.

“Una Mesa de Diálogo Indígena permitiría desprejuiciar el tema y desideologizarlo”

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Viera-gallo se reunió con el comité ejecutivo de la CPC. Un giro "radical" experimentó la polémica generada por el borrador del código de conducta responsable para pueblos indígenas. Esto, porque el gobierno cerró definitivamente las puertas a una nueva normativa legal.

De hecho, según altas fuentes del Ejecutivo está descartado crear una nueva legislación que regule las inversiones en territorios originarios, porque “ya existen normativas vigentes”.

Esta nueva postura del Ejecutivo quedó ayer de manifiesto en la exposición que hizo el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera- Gallo ante el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

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Tras desechar la creación de un Código de Conducta Responsable (CCR) para septiembre: Consejo de ministros definirá en julio plan de trabajo por norma indígena. Ejecutivo partirá implementando dos artículos del convenio 169 de la OIT, que no requieren cambio legal. Lo demás quedará abierto a un debate que incluirá al Parlamento y universidades.

[Nota: La nueva estrategia incumple, nuevamente, el Convenio 169: ]
Gobierno a través del comité de ministros (entre los que se incluye Interior, Minería y la inclusión de Energía, entre otros) estudiará el próximo mes la manera en que Chile implementará el Convenio 169 de la OIT, para abordar el tema indígena.

En esa fecha sólo el artículo sexto y parte del séptimo tomarán forma concreta. Esto es por una parte la creación de un consejo consultivo que represente al pueblo indígena frente a proyectos de inversión que se hagan en sus tierras, opinión que no tendrá derecho a veto.

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El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, aseguró que la finalidad del Código Indígena, que comenzará a regir el próximo 15 de septiembre, es mejorar los sistemas de consulta antes de las decisiones de inversión en tierras y áreas de desarrollo indígena.

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Guilisasti agradeció una reunión muy sincera, sobre la implementación del convenio 169 de la OIT "saben que es un convenio que si bien entra en vigencia el 15 de septiembre, es bastante antiguo, de 1989 y hemos coincidido que hay muchos elementos ya contenidos en nuestra legislación, por lo tanto no hay que hacer algo completamente nuevo sobre esta materia".

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El texto anda por estos días circulando de mano en mano entre los empresarios, y ya ha provocado fuertes reacciones en el sector. Por su parte, las comunidades indígenas que en un primer momento se mostraron satisfechas, pese a que no tuvieron acceso a él, hoy desconfían del resultado final pues piensan que quedará sólo en un manual voluntario de buenas intenciones.

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Propuesta del Gobierno tiene enfrentados a empresarios y pueblos indígenas. Apenas el empresariado conoció el borrador se encendió la alarma. No le gustó la fórmula que elaboró el comisionado de La Moneda para implementar el Convenio 169 de la OIT, que entrará en vigencia en Chile el 15 de septiembre. Las comunidades indígenas tampoco ven con buenos ojos la idea. El futuro de esta propuesta es incierto.

EXTRACTO DE ENTREVISTA A PEREZ YOMA:

-Entonces, la aplicación del convenio será con o sin código.

-Para la aplicación del convenio no es necesario tener un código, aparentemente.

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La cuenta regresiva esta en marcha. En algo mas de tres meses entra en vigencia el polémico Código Indígena, la expresión local aterrizada del Convenio 169 de la OIT, que –hay que decirlo- solo 20 países han ratificado. Su aplicación despierta suspicacias en el sector privado, pero también están los que confían en las relaciones ya construidas con el mundo indígena.

Capital buscó casos de éxito, dignos de ser imitados y sin necesidad de engrosar las normativas al empresariado.

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Carta de Sara Larraín en La Tercera
14/06/2009 - 13:40

Señor director:
Asistimos a dichos y desdichos del gobierno a propósito de la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas. De las declaraciones de la autoridad, tras las críticas de la CPC y Sofofa, se desprende que el gobierno ve dicho convenio como una suerte de compromiso de Responsabilidad Social Empresarial.

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El ministro de Minería Santiago González, la subsecretaria Verónica Baraona junto al presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Alfredo Ovalle y el presidente del Consejo Minero Francisco Costabal, sostuvieron una reunión de trabajo para expresar opiniones respecto de la propuesta preliminar y lineamientos generales para el diseño e implementación del Código de Conducta Responsable para Inversiones en Tierras y áreas de Desarrollo Indígena.

En la ocasión, el secretario de Estado señaló "que esta reunión corresponde al inicio de una serie de contactos que mantendremos con el sector privado, para conocer la opinión sobre este Código de Conducta Responsable. Creemos que el trabajo mancomunado nos permitirá avanzar en un documento que tenga aplicabilidad cierta, para todos los sectores", puntualizó.

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El ministro de Minería, Santiago González, acompañado de la subsecretaria, Verónica Baraona, sostuvo una reunión de trabajo con las directivas de SONAMI y Consejo Minero, para analizar el denominado “código indígena” en Chile.

Hasta el gabinete del Secretario de Estado concurrieron el presidente y vicepresidente de SONAMI, Alfredo Ovalle y Alberto Salas, respectivamente, y el titular del Consejo Minero, Francisco Costabal.

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Al igual que todos los empresarios, los mineros están preocupados por la nueva normativa que otorga mayor protección a las comunidades indígenas. Por ello están estudiando los antecedentes y el borrador del reglamento antes de emitir un juicio, punto por punto.

Código de Conducta Responsable. Ese fue el tema que trataron en casi una hora de reunión el ministro de Minería, Santiago González, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alfredo Ovalle y el titular del Consejo Minero, Francisco Costabal. Durante casi una hora estuvieron intercambiando ideas e inquietudes.

El ministro de Minería, Santiago González, (al centro) se reunió por casi una hora con el presidente de Sonami, Alfredo Ovalle (a la izquierda) y el máximo representante del Consejo Minero, Francisco Costabal. Foto UPI

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Ministro del ramo se reunió con representantes privados del sector.

El ministro de Minería, Santiago González, dijo ayer que en el sector existe cierta preocupación respecto del Código de Conducta Responsable para pueblos indígenas (CCR).

"La preocupación nuestra es que no se generen expectativas (en las comunidades indígenas) que vayan más allá de lo que corresponde", dijo González en una reunión que sostuvo ayer con altas autoridades de la Sociedad Nacional de Minería y el Consejo Minero.

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Señor director:

Es interesante destacar las posturas contrapuestas que se pueden ver estos días en torno al Código Indígena que, en síntesis, busca proteger tierras indígenas frente a potenciales impactos económicos, sociales y culturales que puedan tener proyectos de inversión públicos y privados.

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Al pretender que este instrumento sea 'voluntario' para los privados, el gobierno de Bachelet desoye el estatus en derecho del Convenio sobre derechos indígenas.

A partir de la filtración del borrador de los datos del ‘Código Indígena’, con el cual el gobierno pretende operacionalizar el Convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas, y sobre todo al considerar las reuniones y dichos de la autoridad ante las aprehensiones de la CPC y la Sofofa, entre otras patronales, queda patente que dicho Código emula los mecanismos de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), lo cual dista mucho del estatus en derecho del Convenio.

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El Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas, entra en vigencia el 15 de septiembre, pero el Gobierno de Bachelet declara que en principio será ’voluntario’ para las empresas privadas.

En días recientes hemos asistido a dichos y desdichos del gobierno a propósito de la pronta entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos indígenas. De las declaraciones de la autoridad, tras las críticas de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), se desprende que el gobierno ve dicho Convenio como una suerte de compromiso de Responsabilidad Social Empresarial.

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Mineros miran con 'preocupación' Código Indígena

SANTIAGO, junio 12. En una reunión de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), con el Consejo Minero y el Ministerio de Minería, se discutió de varios temas, entre ellos, el llamado Código Indígena .


"Estamos preocupados del tema y hay un acuerdo de las diferentes ramas de la Confederación de la Producción el Comercio (CPC) de tratar esto a través de Rafael Guilisasti, presidente de la CPC.
Este Convenio 169 afectada a toda la industria, a las empresas eléctricas, agrícolas y a la minería", señaló el presidente de la Sonami, Alfredo Ovalle.

 

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"Luego de las señales del gobierno hacia el empresariado, cabe una urgente señal de transparencia, para saber si la voluntad política es avanzar en el reconocimiento y respeto de los pueblos originarios o instalar certificaciones voluntarias para blanquear la situación de los indígenas y sus territorios en Chile."

Los datos ya publicados del borrador del Código Indígena, referido a la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas, y las declaraciones y reuniones con las cuales el gobierno recibió el “temor” de la Sofofa y de la CPC por la operacionalización de dicho Convenio, dan señales lamentables sobre cómo entiende la autoridad los alcances de este instrumento."

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Pese a que la pérdida de competitividad de Chile en materia de exploraciones mineras ya era un tema que preocupaba a la industria local, en los últimos días la alarma se ha intensificado a raíz del impacto adicional que el denominado Código Indígena tendría sobre la búsqueda de nuevos recursos de mineral.

Hay que explorar para saber lo que realmente hay y muchas veces resulta que lo que se encuentra no da pie para desarrollar un proyecto y si este trabajo se vuelve más caro por las compensaciones a las comunidades indígenas, obviamente que las exploraciones se complican”, comentó un ejecutivo del sector.

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Rodrigo egaña espera reunirse con la CPC.
Durante las próximas semanas, el comisionado presidencial se reunirá con otros sectores productivos, entre los que se encuentra también el forestal, y la Comisión de Medioambiente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) aunque estos encuentros aún no han sido agendados. Según se informó desde el gobierno el cronograma de trabajo respecto a la normativa no ha variado, es decir, la redacción final será presentada a la Presidenta, Michelle Bachelet, en septiembre.

Por otra parte, las compañías mineras contrataron una asesoría legal externa, a cargo del ex subsecretario del Interior, jorge Correa Sutil, quien hará un análisis constitucional del código y sus efectos

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El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios fue ratificado casi por unanimidad en el Congreso, probablemente como un gesto hacia los descendientes de aquéllos, que en muchos aspectos se encuentran en desventaja, por múltiples errores de enfoque de las políticas correspondientes.

Dicho convenio no contiene normas vinculantes para los países que lo reconocen, sino que es un conjunto de principios y solicitudes a los gobiernos que lo ratifican; éstos son los responsables de proponer los cambios que puedan darle eficacia. Naturalmente, la manera como ello se materialice es ampliamente debatible, y a menudo requiere de cambios legales.

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Por Daniel Loewe*
"Se parte del supuesto de que el Código es necesario para cumplir las exigencias de la OIT (un punto ciertamente dudoso), y de que éste es una buena articulación de los documentos directrices de las relaciones internacionales (escogidos siempre ad hoc). Por otra parte, simplemente se supone que los resultados de la aplicación del Código serán los deseables."

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Javier Fuenzalida A, Profesor,
Universidad Finis Terrae [Legionarios de Cristo]

"La empresa Agrícola Palermo tenía un plan forestal en Padre de las Casas aprobado por CONAF y acogida al DL 701, sin embargo la Corte de Apelaciones de Temuco acogió una querella de una machi porque Palermo no le permitiría vivir como lo deseaba, alegando que el Convenio 169 le otorga un derecho preferente por estar en una ADI. O sea el 169, restringiendo el derecho de propiedad y creando discriminaciones arbitrarias, pasa por encima de nuestra legalidad."

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Ejecutivo modificaría nombre de futura normativa
Tras semanas de encendido debate entre el comisionado presidencial para Asuntos Indígenas y el empresariado por el borrador del código de conducta responsable para inversiones en territorios indígenas, el gobierno fijó reuniones con el sector privado.

De hecho, este mediodía el gremio Empresas Eléctricas A.G, que agrupa a las distribuidoras y empresas de transmisión llegará a La Moneda para reunirse con Rodrigo Egaña, quien intentará poner paños fríos a la polémica.

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Debido a la iniciativa del Gobierno respecto al Código de Conductas Responsables (CCR), que busca proteger los intereses de las comunidades indígenas aledañas, en el norte del país las centrales que esperan generar energía a través de la geotermia serán una de las iniciativas que estarán en conflicto, según dijo el coordinador de la red para la participación indígena, Eduardo Choque.

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El Observatorio Ciudadano dirigido por los abogados José Aylwin -hijo del ex Presidente Patricio Aylwin- y Nancy Yánez, levanta una serie de objeciones y cuestionamientos sobre el Código de Conducta Responsable (CCR) con que se busca introducir en Chile algunos de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT que comienza a regir en septiembre próximo.

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Mientras el senador Alberto Espina considera que el documento tiene un sesgo negativo para la inversión, el senador Roberto Muñoz Barra cree que es una buena señal hacia los pueblos indígenas.

Divergencias en cuanto a las críticas que ha recibido el borrador del Código de Conducta Responsable para inversiones en tierras indígenas y áreas de desarrollo indígena, manifestaron los senadores de la Región de La Araucanía, Alberto Espina y Roberto Muñoz Barra.

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VALPARAíSO, Chile, Jun 8 (UPI) -- El senador Roberto Muñoz Barra (PPD) valoró como una "positiva señal" el documento que presentó el Ejecutivo a distintas entidades del país para recoger sus inquietudes, observaciones y propuestas respecto al Código Indígena o de Conducta Responsable.

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"No hablemos más de código, porque la palabra es inapropiada, ése es el nombre del borrador. En una reunión interna consideramos que era un mal nombre porque código implica que va a haber una reforma legal y no se está pensando en una cosa de ese tipo, se trata más bien de un programa de trabajo. Lo que ha hecho el Comisionado Presidencial es ir buscando y pidiendo opiniones respecto de esto y el borrador está siendo modificado día a día, recogiendo distintas visiones y seguiremos en ese proceso."

- ¿La discusión es a largo plazo?

- Esto será una discusión larguísima.

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Señor Director:

El convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas entrará en vigencia el 15 de septiembre. La idea es dar una solución a los conflictos entre comunidades indígenas y nuevos proyectos de inversión.
En esa línea, el gobierno ha desarrollado un Código de Conducta Responsable. Este proyecto crea confusión respecto de los derechos de propiedad sobre recursos naturales, lo que afecta su eficiencia de uso.

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Por Axel Buchheister (*) (I. Libertad y Desarrollo)
jun. 07 , 2009

El convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas, ha comenzado a preocupar a variados sectores. Nadie puede desconocer la situación de postergación en que se encuentran vastos sectores indígenas, pero la pregunta es si amarrarse a un convenio internacional es la solución y si un exceso de protección no puede terminar causando más daño a los propios sectores indígenas y, de paso, al resto de la comunidad nacional, por la inseguridad jurídica y desincentivos a la inversión que puede provocar una política de esas características.

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Empresarios temen que el sistema en discusión frene proyectos por más de US$ 2.600 millones:

Chile sería el primero de los que han firmado el Convenio 169 en instaurar un organismo exclusivo para autorizar negocios en tierras indígenas.

Mientras los países que hace años son parte del acuerdo 169 de la OIT no cuentan con ninguna institución exclusiva para autorizar inversiones en tierras indígenas, Chile -donde aún no entra en vigencia este convenio- ya tiene un borrador sobre el tema.

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VIERA GALLO explica por qué ni el Código ni el Convenio 169 son anatemas a la inversión.
A su juicio, "en lo sustancial el Convenio 169 ya está recepcionado en la Ley Indígena", agregando que de acuerdo con el Tribunal Constitucional, todos los artículos del Convenio 169, salvo el 6° (consulta a los pueblos indígenas) "son programáticos, no son autoejecutables (que se apliquen de inmediato como si fuera ley interna), sino son principios generales del derecho a los cuales el Estado debe ir adecuándose, pero sin plazo perentorio".

Si llega el 15 de septiembre y no hay nada, tampoco pasa mucho. "La OIT no sanciona, pero, además, gran parte del contenido del Convenio 169 ya está contenida en la ley chilena"

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Ex subsecretario del Interior hará informe constitucional sobre los efectos en la territorialidad, el derecho a veto de las comunidades y la retroactividad de la norma.

La Tercera.- A poco más de un mes desde que recibieron del gobierno el borrador del nuevo código de protección a los pueblos indígenas, las compañías mineras comenzaron a mover sus piezas para tener un análisis a fondo sobre los alcances reales que tendrá la aplicación de la norma.

El camino escogido fue la contratación de una asesoría legal externa que hará un análisis constitucional sobre el Código y sus efectos.

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Opinión de Sara Larraín
Directora del Programa Chile Sustentable
Publicada en Diario Financiero

Dentro de las variables para emprender, el financiamiento es una fundamental. Según La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el Instituto Libertad y el sector empresarial reunido en el Centro de Estudios Públicos (CEP) están reticentes a la aplicación -en septiembre próximo- del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y “alertan” sobre posibles obstáculos a las inversiones.
Sin embargo, la ratificación del Convenio actualiza a Chile en el respeto de los derechos indígenas, y por lo mismo es plausible que el gobierno diseñe un “Código de Conducta Responsable” para fijar mecanismos y procedimientos de cumplimiento local y acreditar su cumplimiento a nivel internacional.

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Al término de una reunión almuerzo con los dirigentes de la Confederación de la Producción y el Comercio, el titular de la Cámara Alta afirmó que "los gobiernos no están para hacer recomendaciones, sino para dictar leyes".

En el almuerzo estuvieron presentes los presidentes de la CPC, Rafael Guilisasti, de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Luis Mayol, de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Jorquiera, de la Sociedad Nacional de Minería, Alfredo Ovalle, de la Cámara Chilena de la Construcción, Lorenzo Constans y el ex timonel de la Sofofa, Bruno Philippi.

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FRENTE AL CÓDIGO DE “CONDUCTA RESPONSABLE…” PARA MEGAPROYECTOS (INVERSIONES) EN TERRITORIO MAPUCHE COMUNICAMOS:

Tal como lo hemos señalado como organización, en el proceso preparatorio y seguramente en la proceso de implementación del Convenio 169 en Chile, el Gobierno chileno solo se "autoevalúa" y no se somete a una evaluación "objetiva" con instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación levantados y/o consensuados con las organizaciones mapuche. En ese contexto, en el último tiempo se ha dedicado a manipular y a distorsionar los alcances del citado Convenio.

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“Nosotros con el gobierno tenemos un diálogo permanente, hablaremos personalmente sobre esta materia, con un diálogo abierto, en el marco de lo que ha sido hace bastante tiempo el diseño de la relación de la CPC con el gobierno, caracterizada por la colaboración público privada, lo cual no quita que pueda haber disensos”. Señaló que la primera inquietud tiene que ver con qué es lo que se determina como territorio indígena.

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Rodrigo Egaña anticipa alcances del nuevo Código de Conducta Responsable (CCR)

"El código será obligatorio para proyectos públicos, porque el gobierno tiene la posibilidad de autoimponerse estándares. Será voluntario para los privados, porque la única forma de hacer exigibles sus estándares a toda la sociedad es que se convierta en una ley. Este gobierno sólo tendrá tiempo para elaborar el proyecto y enviarlo al Parlamento, pero su discusión y aprobación serán responsabilidad de la siguiente gestión"

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SANTIAGO, jun (IPS) - Aunque aún se encuentra en elaboración, ya genera resistencias. Se trata del Código de Conducta Responsable impulsado por el gobierno chileno de Michelle Bachelet para regular las inversiones públicas y privadas en los territorios donde habitan indígenas.

"El Código es un mecanismo inadecuado, porque no resuelve el problema de fondo que es efectuar una gestión sustentable de los recursos naturales que hay en Chile, con pleno respeto a los derechos ambientales y a los derechos de la ciudadanía, particularmente de los pueblos indígenas", dijo a IPS Nancy Yánez, codirectora del no gubernamental Observatorio Ciudadano.

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Presidente del gremio, alfredo ovalle, mostró su preocupación.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alfredo Ovalle, manifestó estar “preocupado” por el impacto que podría tener sobre las inversiones futuras de la industria minera en Chile la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para la protección de zonas de desarrollo indígena en nuestro país, también conocido como Código Indígena.

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Código de Conducta Responsable. El ex líder del Agro y de la Confederación de la Producción y del Comercio cuestiona la iniciativa.

Ricardo Ariztía cree que futura norma indígena causaría daño patrimonial

El ex timonel de la SNA y de la CPC afirmó que la discusión por el código de conducta responsable no ha sido bien conducida por el Gobierno.

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Señor Director:

Siendo aludida la institución que dirijo, me corresponde precisar los dichos de la señora Sara Larraín en su carta publicada el día de ayer en este diario, pues no es efectivo que el Instituto Libertad se oponga a la aplicación del Convenio Nº 169 de la OIT, como se señala.

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Texto sostiene que la fuga de proyectos podría acentuar los niveles de pobreza y de desempleo de La Araucanía.

Ya se dijo que el Código de Conducta Responsable podría alejar las inversiones. Sólo había que ponerle números y eso es lo que hizo un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD).

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(Diario Tribuna, Los Angeles). Se trata de un conjunto de reglas que definen los estándares de una gestión responsable de proyectos de inversión que se localicen en tierras y Áreas de Desarrollo Indígenas (ADIs). Su contenido se encuentra en elaboración y consulta y permitirá respetar los derechos indígenas contenidos en el Convenio 169 de la OIT y dar certidumbre a las inversiones privadas.
Cabe mencionar que la zona de Alto Bío Bío fue declarada Área de Desarrollo Indígena.

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Mediante una carta enviada al diario El Mercurio, la directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, criticó la posición de las patronales del país y de sus centros de estudios.

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Falta de claridad en conceptos y compensaciones además podrían profundizar el conflicto mapuche.

La aplicación del Código de Conducta Responsable no sólo podría alejar la inversión de la región. También podría utilizarse para profundizar el conflicto mapuche. Esa es la visión que Mirtha Casas (quien ha asesorado a Mideplan y a organizaciones internacionales sobre temas indígenas) tiene sobre el documento que elabora el gobierno a raíz del Convenio 169 de la OIT que entrará en vigencia en septiembre de 2009.

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Según Libertad y Desarrollo.
Tal como está hasta hoy concebida la iniciativa, 95 proyectos de inversión en 41 comunas deberán someterse a un doble proceso de certificación que podría afectar la decisión de los inversionistas.

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Derechos de pueblos indígenas
02/06/2009 - 04:00
Señor director:
Respecto de su editorial del domingo pasado sobre el "Código de Conducta Responsable para inversiones en tierras indígenas y Areas de Desarrollo Indígenas (ADI)" quisiera hacer algunas precisiones.

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Borrador entrega “señales preocupantes”, señaló luis mayol
Una fuerte preocupación por los alcances del borrador del gobierno para definir el nuevo Código de Conducta Responsable en Tierras Indígenas expresaron ayer los presidentes de la Sociedad Nacional de la Agricultura (SNA), Luis Mayol, y de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Carlos Eugenio Jorquiera.

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El destacado jurista Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas analiza el "Código de Conducta" presentado por el Comisionado Presidencial Rodrigo Egaña. La conclusión es contundente: el "Codigo de conducta" es la pieza que redondea la operación de negación de derechos de los pueblos indígenas en Chile, y complementa una reforma constitucional que, como la que está en marcha, no reconoce derechos de los pueblos indígenas, sino tan sólo derechos de las comunidades.

"El futuro que el 'Código de Conducta' contempla para las comunidades indígenas es el de reservas de fuerza trabajo para las empresas que se introducen en sus territorios. "

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"- No existe en el código ninguna relación con el Sistema de Impacto Ambiental (SEIA). Entonces, la doble regulación del proyecto es un factor que obviamente va a pesar a la hora de decidir inversiones.

Ahora sí creo que la consulta que plantea a los pueblos originarios - el Convenio 169- es válida que se recoja y que exista una consulta que recoja la especificidad del bien protegido que en este caso son los pueblos indígenas. Pero podría abordarse de una manera más eficiente en un mecanismo que hoy ya exista y me refiero al SIA."

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- ¿Qué le parece el rechazo de los empresarios al código de conducta?

- Nos parece que la discusión es positiva y relevante porque nos permitirá construir un mejor y más sólido código de conducta responsable. Éste es un conjunto de normas que definen los estándares de una gestión responsable de proyectos de inversión en tierras indígenas.

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Es una guía que estamos analizando con mucho detalle y que hay que estudiar y creemos que se debe hacer una aproximación con el gobierno y las instituciones participantes, de modo de evitar posibles conflictos. En todo caso, no creo que esto pueda tener implicancias sobre la inversión minera, ya que las empresas involucradas en el negocio tienen bastante experiencia con este tema”, explicó el dirigente, en el marco de la cena de la Asociación de Industriales de Antofagasta.

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(Editorial de La Tercera)
Parece estar implícito el reconocimiento a los grupos indígenas de una suerte de soberanía sobre las tierras que han ocupado tradicionalmente, algo que es incompatible con el ordenamiento jurídico constitucional.

Las iniciativas sugeridas, por su radicalidad, bien pueden exacerbar expectativas que, si no son recogidas, podrían causar frustración y alimentar resentimientos, sobre todo en algunas zonas de alta conflictividad.

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Código indígena: "Constituimos un grupo en la CPC para estudiar en conjunto con las otras ramas esta propuesta. Nos preocupa.

Nos interesa dilucidar si este instrumento va a traer inversionistas o los va repeler".

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Diseñar una correcta política indígena es muy difícil. Debe permitir que se viva y exprese la particularidad de ciertas personas y grupos, un modo casi privilegiado de pluralismo, que abra la diversidad y que, también, salde algunas cuentas con el pasado.

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El parlamentario comparte que las empresas consideren la contratación de personal de las comunidades aledañas a los proyectos.
Las consecuencias que tendrá el convenio 169 de la OIT darán que hablar al menos hasta septiembre, cuando entre en vigencia.

Sobre el código, Espina plantea que por ahora no tiene peso legal y para que rija tiene que convertirse en Ley. "Jamás van a haber votos para que se establezcan normas que perjudiquen la inversión en la región considerando que nuestro principal drama es el desempleo", opina el parlamentario.

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Hábil montaje comunicacional del Comisionado Egaña pretende hacer creer que el cumplimiento del Convenio 169 depende de un "Código de Conducta Empresarial" voluntario. Un engendro hecho a la medida de SN Power, Colbún y CELC0.

El Código de Conducta es una burla al Convenio 169 y elude la obligación estatal de consultar y obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, y "privatiza" la consulta. Intensa campaña de desinformación en medios de derecha aparentando escándalo empresarial, pero las declaraciones de SN Power deja todo claro: las empresas están felices con el "código", ahora tendrán quien les autorice.

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'Nuevo código indígena afectará proyectos mineros, forestales y eléctricos'.
Aucan Huilcamán, máximo representante de los pueblos indígenas, asegura que la norma abrirá negociaciones directas con los empresarios para exigirles compensaciones.

El tema abrió un flanco de polémica en las grandes empresas. Las nuevas normas de protección al pueblo indígena, que comenzarán a regir en Chile en septiembre a través del Convenio 169 de la OIT, encendieron las alarmas de los privados, a tal punto que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en los próximos días creará una comisión especial para debatir el tema.

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Analizando el Código Indígena se encuentran por estos días las grandes mineras privadas, agrupadas en el Consejo Minero, quienes entregarán sus dudas y reparos al ministro del ramo, Santiago González.

El presidente del Consejo Minero, Francisco Costabal , afirmó que “estamos en conversaciones con el ministro y nuestros asociados. En todo caso, el mundo avanza en esa línea, y tenemos que encontrar una solución adecuada, porque el país necesita crecer y desarrollarse para avanzar hacia el justo equilibrio”.

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“Me parece positiva y relevante” esta discusión dice el experto
El comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, catalogó de “positiva y relevante” las reacciones que ha provocado en el sector privado la presentación del borrador del Código de Conducta Responsable elaborado por el gobierno para normar los proyectos de inversión en territorios indígenas.

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Es compleja y se presta a muchas dudas la redacción del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales -ratificado por Chile y que entrará en vigencia el próximo 15 de septiembre-. No es casual, sino decidor que sólo lo hayan ratificado 20 países, entre los que no se cuentan Australia, Canadá ni Nueva Zelandia, con una tradición de políticas hacia pueblos originarios relativamente bien valorada.

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Significa que la comunidad se sentará a la mesa a negociar con el empresario, y será caso a caso, y cada tres años deberá entrar en un proceso de certificación de nuevo. La certeza es bastante baja. Puede pasar también que una empresa que produce un impacto ambiental fuerte negocie un buen acuerdo monetario.

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Hidroeléctrica Trayenko proyecta construir complejo en la décima región

Ejecutivo de SN Power precisó que en la firma siempre tuvieron en cuenta la posibilidad de que los términos de la relación entre los inversionistas y las comunidades indígenas fuera regulada y que, en ese sentido, ven como algo positivo pues permitirá contar con “un rayado de cancha bien claro y esperamos que con una entidad con representantes que en el fondo sean autorizados y actúen como interlocutores válidos”.

Aucan prepara catastro de inversiones

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"Después de este proceso de ponderación se procederá a una "Consulta Nacional Indígena" para tener la opinión de los beneficiarios de esta política. Luego, el código se discutirá en el Consejo Ministerial para Asuntos Indígenas, el cual deberá presentar una propuesta a la Presidenta, quien, si lo estima conveniente, emitirá un instructivo presidencial. En una primera etapa, el documento sería obligatorio para la inversión pública y voluntario para la privada

El Código permitirá no sólo que Chile cumpla con sus obligaciones, sino que, sobre todo, otorgará certidumbres. Por una parte, a los indígenas, garantizando que los derechos que tienen sean respetados, y, por otra, a los empresarios, protegiendo sus futuras inversiones."

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La propuesta parte de la base de que el actual Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) no recoge ni protege adecuadamente los derechos indígenas. Sin embargo, carece de un análisis riguroso respecto de cuáles serían esas falencias y tampoco justifica por qué la adopción de esta normativa es la solución adecuada a las mismas.

Más aun, la propuesta implica una institucionalidad paralela al Seia sin dar luz alguna sobre cómo convivirán ambos sistemas.

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Cumplida la etapa de presentación del borrador de Código Indígena a los grupos involucrados —organismos públicos, empresarios, ONG, universidades, centros de estudio y dirigentes indígenas del país— que termina hoy, el Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas se dará un plazo de aproximadamente un mes para recoger observaciones, para elaborar después una nueva versión, que será presentada en una “Consulta Nacional Indígena”, según establece el Convenio 169 de la OIT que entra en vigencia el 15 de septiembre.

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En estos momentos cada una de las ramas se encuentra analizando borrador del gobierno

Contratar una asesoría externa para estudiar todas las aristas que implica el nuevo Código de Conducta para inversiones en territorios indígenas, es una de las opciones que baraja con mayor fuerza la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para enfrentar la discusión que por estos días se ha abierto en torno a la propuesta del gobierno sobre este tema.

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"Se dispone ya (sic) de una “Propuesta preliminar (..)del Código de Conducta Responsable para inversiones en tierras y áreas de desarrollo indígena”, que constituye el resultado de los trabajos encargados por el Gobierno (sic) para animar este debate. Para iniciar este proceso y perfeccionar esta propuesta preliminar, se ha resuelto (sic) realizar una primera ronda de consultas con la participación de dirigentes y representantes de las principales organizaciones indígenas del país.

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Los terrenos van desde la Región de Arica hasta la de Magallanes:

Aunque han aclarado que el tema aún no está resuelto y que quedan etapas por solucionar antes de llegar a un texto definitivo, el Código de Conducta Responsable (CCR) en el que se encuentra trabajando el Gobierno ha despertado preocupación del mundo privado.

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El sistema, que entrará en vigencia en septiembre, plantea a las empresas evaluar sus proyectos cada tres años y compartir sus beneficios con los indígenas que están en la zona donde se desarrolla la inversión.

Preocupados y llenos de dudas están las empresas agrícolas, forestales, eléctricas y mineras ante un nuevo sistema de certificación de proyectos que está creando el Gobierno para las iniciativas que se instalen en tierras indígenas.

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El Código de Conducta Responsable Empresarial en Áreas de Desarrollo Indígenas, es hoy la piedra de tope antes de que entre en vigencia el Convenio 169 de la OIT que protege a los pueblos indígenas.

El sector empresarial está en alerta. La razón no está relacionada con la crisis económica, sino que tiene otro nombre: las nuevas normas de protección a los pueblos indígenas, que comenzarán a regir en septiembre.

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El sector privado ha planteado su preocupación por el contenido de esta nueva legislación, dado que sólo se podrá invertir de manera regulada en las tierras reconocidas por la Corporación Nacional Indígena. De hecho, quienes participaron del seminario plantearon sus reparos dado que el código establece sólo obligaciones para las empresas, pero no para los indígenas.

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Norma de conducta responsable fue rechazada en sector forestal, minero y eléctrico

Una gran inquietud generó en el sector privado la presentación del borrador del Código de Conducta Responsable Empresarial que se aplicará en Áreas de Desarrollo Indígenas (ADIs) y en terrenos de propiedad de pueblos originarios.

Y es que los dirigentes temen que este nuevo mecanismo, como está siendo pensado, hasta puede paralizar los proyectos de inversión en dichos territorios.

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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
COMISIONADO PRESIDENCIAL PARA ASUNTOS INDÍGENAS

RESUMEN EJECUTIVO

DOCUMENTO DE DISCUSIÓN

PROPUESTA PRELIMINAR SOBRE PRINCIPIOS NORMATIVOS, DISTINCIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS, V LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA RESPONSABLE PARA INVERSIONES EN TIERRAS Y ÁREAS DE DESARROLLO INDÍGENA

Informe preparado por encargo del Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, para servir de insumo al proceso de consulta relativo al establecimiento de un Código de Conducta Responsable para inversiones públicas y privadas en tierras y territorios indígenas.

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Propuesta es parte de la nueva política para pueblos originarios
La inédita medida propone que los proyectos de inversión en áreas de desarrollo o tierras indígenas pasen por una certificación. El fin: acreditar la participación de las comunidades, que estas intervenciones no vulneren sus derechos y que existan medidas de mitigación y compensación.

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Ambas autoridades precisaron los lineamientos generales del documento "Re-conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad", dado a conocer por la Presidenta Michelle Bachelet.

Ministra de Planificación, Paula Quintana, junto al comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, entregaron detalles de la política anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet.

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PRESENTACION

Blog que recopila el artificial debate inducido en Chile por la propuesta de un supuesto  "Código de Conducta Responsable para Inversiones", que postula endosar a los privados  los deberes del Estado establecidos en el Convenio 169.

El "Código de Conducta" no existe en el Convenio 169.
Su planteamiento ha sido un acto irresponsable, que alienta una reacción empresarial anti-indígena. Su objetivo es limitar los alcances e implementación del Convenio 169 de la OIT .

Entrando a la cancha:

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