El Código de Conducta Responsable Empresarial en Áreas de Desarrollo Indígenas, es hoy la piedra de tope antes de que entre en vigencia el Convenio 169 de la OIT que protege a los pueblos indígenas.
El sector empresarial está en alerta. La razón no está relacionada con la crisis económica, sino que tiene otro nombre: las nuevas normas de protección a los pueblos indígenas, que comenzarán a regir en septiembre.
El tema despertó una fuerte preocupación en las grandes empresas y encendió las alarmas en el principal gremio empresarial: la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Fuentes del empresariado señalaron que ya se analizó el tema en el comité ejecutivo de la CPC y en las próximas semanas, la entidad constituirá una comisión especial que integrarán economistas y juristas para discutir esa materia y dfinir una postura.
Las empresas estiman que la nueva normativa tendrá alcances complejos para las compañías mineras, forestales, agrícolas y eléctricas. Los privados temen que se replique una dinámica y nivel de debate similar al que ha alcanzado el tema ambiental, con fuerte presencia de ONG y recursos extranjeros.
Para enfrentar la discusión con el gobierno, los privados decidieron canalizar todas las inquietudes a través de la CPC. "La Confederación es el interlocutor ante el gobierno para tratar este delicado tema", dice un dirigente empresarial.
CONVENIO 169 Y EL BORRADOR
A mediados de septiembre comenzará a regir en Chile el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que el Parlamento chileno ratificó en marzo de 2008. Entre otras cosas, este marco legal garantiza la relación de estos pueblos con las tierras que ocupan o que ocuparon sus ancestros.
Eso abrió un foco de preocupación para los privados. "La norma no acota la definición de territorio indígena, que puede ser muy amplio, y eso es complicado, porque las comunidades pueden reclamar derechos sobre tierras que consideran que les pertenecen por historia y tradición", dice un empresario. Por eso, agrega un dirigente, este marco legal podría afectar las inversiones que se desarrollan en zonas que son propiedad de las comunidades indígenas.
Como una manera de dar respuesta al convenio internacional, el Ejecutivo elaboró un Código de Conducta Responsable Empresarial en Áreas de Desarrollo Indígenas.
El 28 de abril, los empresarios recibieron del gobierno un borrador de ese documento. El texto busca normar las inversiones en zonas que son propiedad de comunidades indígenas, permite que éstas puedan incidir en el desarrollo del proyecto, decidir sobre la conveniencia de estos emprendimientos y compensar los impactos.
Los privados consideran que el texto aumenta la incertidumbre y se traducirá en trabas para la inversión, porque las comunidades podrán condicionar los proyectos. "Implicará que los proyectos quedarán sujetos a su discrecionalidad, se encarecerán en demasía o, simplemente, no podrán ejecutarse", dice un empresario.
El código fue elaborado por consultores externos por mandato de la autoridad que está a cargo del tema indígena en La Moneda: Rodrigo Egaña, el comisionado presidencial para Asuntos Indígenas. Antes de ser dado a conocer a los privados, la autoridad le hizo consultas al mundo académico. En el sector privado indican que el código aún está sujeto a cambios y que Egaña ha estado dispuesto a recibir observaciones.
Por eso, los privados creen que hay espacios para modificar algunos aspectos del contenido. En esa línea, la CPC está trabajando en la elaboración de una propuesta propia sobre esta materia, que planea presentar en las próximas semanas al Ejecutivo.
por Jessica Marticorena - 22/05/2009 - 08:37
FUENTE
http://www.latercera.com/contenido/745_129669_9.shtml
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