Señor Director:

Siendo aludida la institución que dirijo, me corresponde precisar los dichos de la señora Sara Larraín en su carta publicada el día de ayer en este diario, pues no es efectivo que el Instituto Libertad se oponga a la aplicación del Convenio Nº 169 de la OIT, como se señala.

Muy por el contrario, consideramos positivo avanzar en la consulta que plantea el tratado internacional aludido, pues es necesario favorecer el desarrollo del país en diálogo permanente con los pueblos originarios, de manera de incluirlos en el desarrollo nacional y de una buena vez superar sus índices de pobreza, que los convierten en los más pobres entre los pobres. Sin embargo, no por ello debemos concordar con la manera en que el Gobierno ha decidido implementar dicha consulta en su propuesta de Código de Conducta Responsable.

Dicho código, en vez de institucionalizar un proceso que entregue certidumbre a las partes involucradas, contiene aún conceptos y procedimientos difusos e incentivos mal planteados, que no guardan ninguna relación ni coordinación con la institucionalidad hoy existente, lo que al final de cuentas será ponderado en las decisiones de inversión como un riesgo latente de cambio de normativa aplicable. El desarrollo del país debe garantizarse, al mismo tiempo que el respeto y la participación de los pueblos indígenas en él. Sin embargo, suponer que el Convenio 169 establece un derecho de veto a los proyectos de inversión, como en la práctica incentiva el esquema propuesto por el texto del Gobierno, escapa por completo a la letra y al espíritu de dicho instrumento.

El Convenio 169 en su artículo 15 Nº 2, que dispone la consulta en cuestión para la extracción de minerales u otros recursos en tierras de propiedad de indígenas, es una disposición programática, entendida como tal por el Tribunal Constitucional, por lo demás. Ello, si bien supone la obligación de establecer un mecanismo de consulta, no desarrolla sus características, pues es resorte de los estados su implementación, de manera tal que es falso que por la vía específica de este convenio se esté cumpliendo con el "estándar de la OIT", como se ha señalado en algunas oportunidades. Bienvenido sea el debate sobre el proceso de consulta a aplicar, pero creemos que siempre bajo la premisa de avanzar todos juntos en el desarrollo nacional, y no excluyéndonos o aislándonos unos de otros.

MARÍA LUISA BRAHM B.
Directora Ejecutiva
Instituto Libertad

FUENTE
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2009/06/04/aplicacion-del-convenio-n-169.asp

PRESENTACION

Blog que recopila el artificial debate inducido en Chile por la propuesta de un supuesto  "Código de Conducta Responsable para Inversiones", que postula endosar a los privados  los deberes del Estado establecidos en el Convenio 169.

El "Código de Conducta" no existe en el Convenio 169.
Su planteamiento ha sido un acto irresponsable, que alienta una reacción empresarial anti-indígena. Su objetivo es limitar los alcances e implementación del Convenio 169 de la OIT .

Entrando a la cancha:

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