(Diario Tribuna, Los Angeles). Se trata de un conjunto de reglas que definen los estándares de una gestión responsable de proyectos de inversión que se localicen en tierras y Áreas de Desarrollo Indígenas (ADIs). Su contenido se encuentra en elaboración y consulta y permitirá respetar los derechos indígenas contenidos en el Convenio 169 de la OIT y dar certidumbre a las inversiones privadas.
Cabe mencionar que la zona de Alto Bío Bío fue declarada Área de Desarrollo Indígena.
El comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, calificó como “muy positiva” la discusión que se ha suscitado en torno al borrador del “Código de Conducta Responsable para inversiones en tierras indígenas y Áreas de Desarrollo Indígena” que el Gobierno ha presentado a distintos actores y estamentos de la sociedad para recibir sus aportes y observaciones.
En efecto, Egaña informó que se han realizado encuentros con representantes gubernamentales, de la empresa privada, de centros de pensamiento, de las universidades, y con dirigentes indígenas del norte y sur del país. “El objetivo de ello es presentar el borrador y las ideas generales que hemos esbozado para recoger sus inquietudes, observaciones y propuestas”. “Si no aprobamos normas y reglamentamos para aplicar el Convenio 169 el riesgo es que los derechos de los pueblos indígenas no estén suficientemente garantizados según la norma exigible por el propio Convenio 169, y esto podría traducirse en conflictos de distinta naturaleza entre actores públicos y privados”, señaló el comisionado presidencial, quien se encuentra coordinando este proceso.
CÓDIGO DE CONDUCTA RESPONSABLE
La propuesta de Código de Conducta Responsable corresponde a un conjunto de reglas que definen los estándares mínimos de una gestión responsable de proyectos de inversión que se localicen en tierras y Áreas de Desarrollo Indígenas.
Las normas del Código se refieren a los derechos indígenas que se busca proteger y a los procesos bajo los cuales el proyecto se diseña e implementa, el mismo que debe considerar la participación de las comunidades, bajo el principio del respeto mutuo y la buena fe.
El Código supone un proceso de certificación de cumplimiento. Para que una inversión pueda certificarse, los titulares de los proyectos deberán demostrar que cuentan con un adecuado plan de manejo de los impactos económicos, sociales y culturales en las comunidades indígenas afectadas.
Del mismo modo, se establece un procedimiento especial para desarrollar los procesos de Consulta, de conformidad a lo establecido en el Convenio Nº 169 de la OIT.
Los estándares mínimos que deben cumplir los proyectos de inversión están definidos por nueve ámbitos de protección, que son: Tierras, territorios y recursos naturales; patrimonio cultural material e inmaterial; protección de los recursos genéticos y los conocimientos y prácticas asociadas; salud y seguridad de la comunidad; educación; trabajo y condiciones laborales; participación en los beneficios y transparencia y prevención de la corrupción.
Así, los proyectos que cumplan con esos estándares serán certificados por un Consejo Nacional de Certificación autónomo con independencia del Gobierno en la adopción de sus decisiones y dotada de facultades y recursos efectivos para el desempeño de sus funciones. El Consejo tendría seis integrantes y un presidente, provenientes de distintos estamentos de la sociedad.
ITINERARIO
Después del proceso de ponderación e incorporación de observaciones al Código que está desarrollando el comisionado presidencial, y como manda el Convenio 169 de la OIT que entrará en vigencia en septiembre próximo, se procederá a una Consulta Nacional Indígena.
Luego, se presentará al Consejo de la Conadi y al Consejo Ministerial para Asuntos Indígenas, el cual deberá entregar una propuesta a la Presidenta de la República quien, si así estima conveniente, emitirá un Instructivo Presidencial.
En una primera instancia el Instructivo será obligatorio para la inversión pública y voluntario para la inversión privada y, luego de que se apruebe una Ley sobre este tema, se establecerá un sistema obligatorio para todos. Algo similar al proceso que se desarrolló para aprobar la legislación ambiental.
Gobernador: “Se debe cumplir con los parámetros internacionales”
El gobernador Esteban Krause descartó que el futuro “Código Indígena”, pueda trabar la inversión privada en tierras y áreas de desarrollo indígena, como el Alto Bío Bío.
Recordó que cuando se firmó el Acuerdo 169 de la OIT, el que fue firmado en el Congreso por todos los parlamentarios se contemplan una serie de obligaciones para el estado de Chile, y en tal sentido los proyectos de inversión deberán cumplir con las necesarias etapas, teniendo en cuenta que nuestro país debe hacer cumplir esos compromisos internacionales.
Chile quiere insertarse en el mundo global, agregó, y como tal debe cumplir con los parámetros, indicadores y obligaciones en comparación a otros paises desarrollados y como tal, la legislación debe estar en el marco de las obligaciones que tiene el estado hacia los pueblos originarios, ya sea legales, ambientales, judiciales, etc. y esto se genera a través de este acuerdo con la OIT, y que viene a ser parte de las obligaciones del Estado.
“Las inversiones requieren hoy de mayores desafíos, que años atrás”, explicó la autoridad, “sin embargo, eso ha permitido que las empresas puedan hoy exportar sus productos, porque la legislación chilena está cumpliendo con esos parámetros internacionales”.
Preocupación en el mundo empresarial
Aunque han aclarado que el tema aún no está resuelto y que quedan etapas por solucionar antes de llegar a un texto definitivo, el Código de Conducta Responsable ha despertado preocupación del mundo privado.
Es que el CCR a contar de septiembre (inicialmente en forma voluntaria para el sector privado, para luego transformarse en ley general) generará normas de protección para la comunidad indígena de Chile, basado en el Convenio 169 de la OIT, el que fue suscrito por el país en 2000 y ratificado por el Congreso a inicios de 2007. Y aunque el código aún no está concluido, ya se conoce que éste tendrá injerencia en un terreno de 9.448.630 hectáreas repartido entre Arica y Magallanes.
Esto porque el CCR -que entre otras cosas busca que las iniciativas privadas compartan sus beneficios con el mundo indígena o que los proyectos sean evaluados por un consejo especial para la materia, con participación activa de comuneros indígenas- afectará las Áreas de Desarrollo (ADIs) y terrenos indígenas.
Uno de los temas por resolver es la forma de aplicar la normativa en terrenos de las ADIs, dado que en estas zonas no sólo hay territorios pertenecientes a indígenas, sino que también de particulares y sociedades, sobre los cuáles tendría injerencia el nuevo estamento.
Cabe mencionar que la zona de Alto Bío Bío fue declarada Área de Desarrollo Indígena.
FUENTE
http://www.diariolatribuna.cl/noticias.php?p_id=16196
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