El Código Irresponsable

VIERA GALLO explica por qué ni el Código ni el Convenio 169 son anatemas a la inversión.
A su juicio, "en lo sustancial el Convenio 169 ya está recepcionado en la Ley Indígena", agregando que de acuerdo con el Tribunal Constitucional, todos los artículos del Convenio 169, salvo el 6° (consulta a los pueblos indígenas) "son programáticos, no son autoejecutables (que se apliquen de inmediato como si fuera ley interna), sino son principios generales del derecho a los cuales el Estado debe ir adecuándose, pero sin plazo perentorio".

Si llega el 15 de septiembre y no hay nada, tampoco pasa mucho. "La OIT no sanciona, pero, además, gran parte del contenido del Convenio 169 ya está contenida en la ley chilena"

Domingo 7 de junio de 2009

El 5 de mayo empezó a conocerse el texto del código que pretende aplicar las normas del Convenio 169 de la OIT, cuya elaboración estuvo a cargo de Rodrigo Egaña. Los empresarios y el equipo económico del Ejecutivo se pusieron en alterta ante el temor de que ello frene inversiones en áreas indígenas. Hoy La Moneda intenta retroceder, modera su discurso y señala que el polémico texto puede terminar siendo solo un instructivo para el sector público.

La Presidenta Bachelet y los empresarios habían retomado un buen diálogo. La amenaza de un proyecto de negociación colectiva parecía haber quedado atrás y el sector privado aplaudía, algunos con más énfasis, otros con menos, el manejo del Ejecutivo en la crisis. Pero la calma duró poco: el llamado Código Indígena elaborado por el comisionado presidencial ad hoc Rodrigo Egaña encendió la alarma, ya que tiene efecto en 8,6 millones de hectáreas y establece, entre otras cosas, una suerte de "certificación indígena" que sería previa a la evaluación ambiental. Pero ahora La Moneda salió a contener los daños, bajar los niveles de tensión y asegurar al mundo privado que el texto no afectará inversiones, como muchos temen.

Según profesionales del gobierno, tras lanzar el texto el Ejecutivo optó por retroceder ante la molestia de su propio equipo económico -en especial de Obras Públicas, Hacienda y Energía- por las consecuencias que ello tendría en las expectativas del sector privado y en las inversiones, así como la preocupación del empresariado. Tras la queja, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, pone paños fríos. Afirma que "el Código de Conducta Responsable (llamado Código Indígena) es un borrador de pautas y buenas prácticas que se pueden traducir en muchas cosas: puede dar origen a un instructivo presidencial para el sector público o un documento de trabajo que se someta a la consideración del sector privado" y por lo mismo "no debiera significar paralización de inversiones ni fuga de capitales".

BOMBA RACIMO

Cuando se empezó a conocer el Código Indígena, cundió la preocupación en el ámbito público y privado. Egaña había trabajado el documento con varios asesores, uno de ellos la ex subsecretaria de Cultura María Eliana Arntz, hoy miembro clave del comando de Frei.

El 28 de abril Egaña les presentó el proyecto a algunos empresarios. Después, el 5 de mayo, el Ministerio de Minería recibió el borrador del texto, cuenta el titular de esta cartera, Santiago González. En la misma fecha les llegó a Hacienda, Energía, Economía y Obras Públicas, quienes pusieron a trabajar a sus equipos técnicos en el texto. Esta semana empezaron a llegarle a Egaña observaciones a su propuesta desde las distintas instancias gubernamentales. Según cuentan en Teatinos 120, son "toneladas" de acotaciones, observaciones y otras discrepancias.

A ellas se suman los reparos del sector privado. Porque los gremios y algunas importantes empresas recibieron el Código durante la segunda semana de mayo, con la idea de hacer sus comentarios en los días siguientes, previos al 21 de mayo. Ahí subió varios peldaños la inquietud. "Hay aspectos como la definición de territorio y la retroactividad de la norma que nos preocupan", explica el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Alfredo Ovalle. Este gremio pidió un informe en derecho al ex subsecretario de Interior Jorge Correa Sutil y al menos Sonami tiene agendada ya una cita con Rodrigo Egaña para este jueves a las 12 horas.

Entre las forestales -Angelini y Matte- también hay inquietud. Hay esta semana reunión en el gremio Corma y la idea es discutir con Viera-Gallo o el ministro del Interior Pérez Yoma, debido al carácter político del tema.

NADA QUE TEMER

Viera-Gallo insiste en tranquilizar los ánimos y en explicar por qué ni el Código ni el Convenio 169 son anatemas a la inversión.

A su juicio, "en lo sustancial el Convenio 169 ya está recepcionado en la Ley Indígena", agregando que de acuerdo con el Tribunal Constitucional, todos los artículos del Convenio 169, salvo el 6° (consulta a los pueblos indígenas) "son programáticos, no son autoejecutables (que se apliquen de inmediato como si fuera ley interna), sino son principios generales del derecho a los cuales el Estado debe ir adecuándose, pero sin plazo perentorio"

"No hay nada definitivo, el texto es un borrador y como tal está sujeto a perfeccionamientos", enfatiza. ¿Y la inquietud privada? El titular de la Segpres la explica por la "hipersensibilidad que en Chile hay en materia de inversiones", aunque también hace un mea culpa: "No fue bueno poner Código a un documento que es un borrador, porque dio la idea de que era ya una norma, algo definitivo".

Si llega el 15 de septiembre y no hay nada, tampoco pasa mucho. "La OIT no sanciona, pero, además, gran parte del contenido del Convenio 169 ya está contenida en la ley chilena". Aun así, el ministro sostiene que "probablemente habría algo hacia el 15 de septiembre, pero que se enmarque en el orden jurídico existente".

El mismo discurso emana de Egaña. "Hemos recibido de varias instituciones públicas -y también de otros sectores de la sociedad- observaciones muy valiosas que ahora estamos ponderando para elaborar una nueva versión del Código", señala. Este mensaje ya ha sido enviado por La Moneda al timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio, Rafael Guilisasti, quien se comunicó en la semana con Palacio y ahí le dieron garantías de que el texto no implica un cambio en las reglas del juego.

¿En qué quedará todo esto? "No va a pasar mucho. Posiblemente habrá un instructivo presidencial sólo para el sector público y de ahí la campaña presidencial se "comerá" el tema. El problema quedará para el próximo gobierno", pronostica una ex autoridad que hoy asesora al Ejecutivo. Y en el mismo gobierno no están del todo convencidos del texto. La Moneda encargó estudios en Derecho a las universidades Diego Portales, De Chile, Católica de Valparaíso, Católica de Santiago y De Concepción.

En el gobierno se señala que este "retroceso" de La Moneda se explica por dos razones. Una, que efectivamente comprendieron que una iniciativa así en tiempos de crisis no ayudaba a la reactivación de la economía. Y que el texto fue elaborado por los sectores más pro-indígenas y no fue adecuadamente moderado.

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