"Luego de las señales del gobierno hacia el empresariado, cabe una urgente señal de transparencia, para saber si la voluntad política es avanzar en el reconocimiento y respeto de los pueblos originarios o instalar certificaciones voluntarias para blanquear la situación de los indígenas y sus territorios en Chile."
Los datos ya publicados del borrador del Código Indígena, referido a la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas, y las declaraciones y reuniones con las cuales el gobierno recibió el “temor” de la Sofofa y de la CPC por la operacionalización de dicho Convenio, dan señales lamentables sobre cómo entiende la autoridad los alcances de este instrumento."
Así, el gobierno parece haber absorbido la estrategia de entender este instrumento como una suerte de mecanismo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), pues su cumplimiento sería ‘voluntario’ para los privados; el Estado asumiría sólo un rol de garante de la negociación entre empresas e indígenas para delegar su responsabilidad de intereses públicos (derechos indígenas y protección del ambiente).
Además, el derecho a participación en los beneficios de la explotación (Artículo 15 del Convenio 169) sería “participación de los trabajadores en beneficios de la empresa” y se fijaría caso a caso en negociación privada entre las partes. Esto obviaría la garantía de participación en los beneficios económicos que deriven de la explotación, para asegurar la sustentabilidad económica y social de los pueblos que vean amenazados sus sistemas productivos tradicionales como consecuencia de emprendimientos extractivos.
Luego de las señales del gobierno hacia el empresariado, cabe una urgente señal de transparencia, para saber si la voluntad política es avanzar en el reconocimiento y respeto de los pueblos originarios o instalar certificaciones voluntarias para blanquear la situación de los indígenas y sus territorios en Chile.
Sara Larraín
Directora del Programa Chile Sustentable
CARTA EN DIARIO FINANCIERO
Convenio OIT
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