Elaborando un informe sobre el impacto de la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los reparos al inicial borrador sobre código indígena hecho por el Comisionado Presidencial, se encuentra por estos días el ex ministro de Agricultura de la administración de Ricardo Lagos, Jaime Campos.
El jurista y académico fue reclutado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para realizar el documento que el empresariado presentará durante las próximas semanas al Gobierno para expresar sus aprensiones frente a un tema que ha revuelto las aguas en el sector privado, debido a su impacto en las inversiones.
De hecho, a tan sólo días de que el comisionado Rodrigo Egaña expusiera los lineamientos del señalado borrador, los gremios manifestaron su preocupación por el enfoque de éste, lo que los llevó a solicitar una asesoría, que finalmente recayó en Campos. Este tiene una crítica visión respecto de la forma en que el gobierno ha abordado el tema y cuenta con una serie de argumentos que plantean que actualmente existe una legislación en materia indígena, por lo que no se requiere de nuevas normas.
De hecho, el ex secretario de Estado afirma que “Chile ha venido legislando para los pueblos indígenas desde hace muchos años. Por lo tanto, no es que a raíz de este Convenio 169 de la OIT el país recién se preocupe por este tipo de materias”.
Es por ello, que Campos critica el enfoque del borrador del Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas. “Lo peor es presentar este tema prácticamente como una novedad, ya que además se generan muchas expectativas en los pueblos originarios, que al final no serán cumplidas”.
Más en detalle, afirma que el señalado texto “fue mucho más allá del Convenio 169, ya que planteaba imperativos y regulaba aspectos que no son regulables”.
En esta misma línea, sostiene que “se ha dado a entender que el país tiene que hacer algo antes del 15 de septiembre, día en que entra en vigencia el señalado convenio, pero la verdad es que Chile perfectamente podría decir que ya está cumpliendo. Ahora, si se quiere avanzar ¡perfecto! pero no es una obligación”.
Impacto en el sector privado
Por otra parte, Campos asegura que si bien la OIT establece obligaciones, éstas rigen para el Estado, no para particulares.
Al respecto, el ex ministro es categórico: “El Convenio 169 no establece deberes imperativos que el Estado de Chile deba cumplir o hacer a partir del 15 de septiembre, puesto que la mayoría de sus disposiciones son declaraciones de principios que ya están acogidas en nuestra legislación y en el quehacer del ejecutivo”.
Ahora bien, agrega que “si hubiese un deber, ése es del Poder Ejecutivo, los que normalmente se expresan por medio de iniciativas legales o actos propios de la Potestad Reglamentaria, pero en ningún caso por medio de meros instructivos presidenciales, que son simples actos de administración”.
Es más, Campos puntualiza que “para afectar los derechos de los particulares se requiere de una ley y su proceso de generación está sometido a todos los controles de constitucionalidad que establece nuestro Código Político”.
Silvana Celedón Porzio
FUENTE
Diario Financiero Lunes 22 de junio 2009
http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20090622/cont_115383.html
Feeds XML