Por Pedro Cayuqueo, Azkintuwe.

Por más que la propia presidenta Michelle Bachelet argumente que el Código busca dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, uno de los instrumentos más avanzados en materia de reconocimiento de derechos indígenas, lo cierto es que el entusiasmo de Egaña y la alarma de los empresarios no pasan de ser un espejismo. Si lo planteado por la presidenta fuera efectivo, el Código debería considerar algunos de los derechos reconocidos a los Pueblos Indígenas en el citado 169.

Puesto así el debate, que a usted le inunden con una represa la tumba de sus padres no sería reprochable. Si lo sería y materia de escándalo que no le pagen lo justo por ello. O que no lo contraten de obrero en las faenas. O que no le consulten a cuantos metros bajo al agua los prefiere. Caraduras totales.

Tanto Eduardo Frei como Sebastián Piñera decidieron conmemorar el Día de los Pueblos Originarios con ceremonias en que estuvieron rodeados de representantes del mundo indígena.

En el candidatura de Eduardo Frei“no hay todavía una postura oficial en el comando respecto del tema indígena”, reveló el PPD Domingo Namuncura.
En tanto Sebastián Piñera dijo que “Chile suscribió el Convenio 169 y, por lo tanto, lo vamos a cumplir”.

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"El Convenio 169 tiene sólo dos artículos que son autoejecutables: estos son el artículo 6 y el 7. Se refieren principalmente a consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos adecuados, las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente, lo cual se debe hacer libremente y de buena fe con el objetivo de lograr acuerdos acerca de las medidas propuestas (Art. 6)."

"Aquellas normas del Convenio que no son autoejecutables requerirán de modificaciones legales y no está claro si existe la voluntad política del Ejecutivo para hacer estos cambios. Hay que considerar que se ha mencionado en las últimas declaraciones que esto será tarea del futuro Gobierno."

Informe del Instituto Libertad y Desarrollo, el think tank neoliberal chileno.

Refuta interpretaciones del convenio OIT sobre pueblos originarios.

“Se genera la interpretación y se da a entender que Chile debe cambiar la legislación de aquí al 15 de septiembre por imperativo de la convención. Pero he revisado el convenio al revés y al derecho y no es así, Chile no está obligado a hacer nada, e incluso podría argumentar que está dando cumplimiento hace tiempo”, indicó.

"Nadie puede sostener que los pueblos originarios no tienen los mismos derechos que el resto de la población chilena.Eso está en la ley desde la Constitución de 1925; no es que recién se le está ocurriendo a Chile con motivo de la aprobación del Convenio 169 aprobado por la OIT en 1989."

“Uno de los lugares que se verá afectado es el volcán Tacora, en la provincia de Parinacota, donde vive gente de la comunidad tacora, y el gobierno está promoviendo directamente una licitación en esa tierra”, dice Hidalgo, representante de comunidades aymaras.

Elaborando un informe sobre el impacto de la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los reparos al inicial borrador sobre código indígena hecho por el Comisionado Presidencial, se encuentra por estos días el ex ministro de Agricultura de la administración de Ricardo Lagos, Jaime Campos.

El jurista y académico fue reclutado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para realizar el documento que el empresariado presentará durante las próximas semanas al Gobierno para expresar sus aprensiones frente a un tema que ha revuelto las aguas en el sector privado, debido a su impacto en las inversiones.

A pesar de que el gobierno decidió dar un giro radical en la polémica generada por el borrador del código de conducta responsable para pueblos indígenas, al acotar los alcances de la señalada normativa, el tema sigue siendo complejo para el sector empresarial.

Tanto en el gobierno como en el empresariado están claros que la iniciativa inicial pasó a mejor vida, pero los segundos esperan con preocupación la “pauta” que anticipó el ministro José Antonio Viera-Gallo en el último comité ejecutivo de la CPC, realizado el martes pasado.

Y es que temen que una vez que el Convenio 169 de la OIT se implemente en el país el 15 de septiembre, se produzca una judicialización de los casos.