Nota de la editora: Seguimos con la entrega de las columnas preparadas por los nuestros alumnos de la Clínica Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Este curso es dirigido por María Nora González y participan en él los académicos Lorena Lorca, Luis Cordero, Daniella Ramírez, Ruth Israel, y Valentina Durán, quien está a cargo del módulo "El conflicto ambiental".

Andreína Gutiérrez Nieto, la autora de la columna de hoy. Ella fue alumna del curso en el segundo semestre de 2010 año.
Las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, en palabras del Tribunal Constitucional, tienen un carácter “programático”, reflejan disposiciones que no son autoejecutables, sino que le corresponde al Estado dictar la legislación nacional o adecuar la existente para que estos derechos sean exigibles [1]. La pregunta es ¿cuánto adecuamos o cuánto reformamos?

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A dias de vencimiento del plazo para la presentación de la Memoria detallada de aplicación del Convenio 169, visita Chile la directora del Departamento de Normas de la Oficina Internacional del Trabajo, Cleopatra Doumbia-Henry.

La visita de la serora Cleopatra Doumbia-Henry es una buena ocasión para que las organizaciones de los pueblos indígenas solciten un pronunciamiento de respaldo a las acertadas sentencias que han emitido las cortes de Puerto Montt, Valdivia; Temuco y Concepción aplicando el Convenio 169.

La edición de El Diario Austral de Temuco del dia 14 de agosto publica una nota plagada información falsa y tendenciosa respecto a la visita de la funcionaria.

Se afirma en la nota que la funcionaria vendria a "revisar" el convenio 169. Y reproduce declaraciones erradas del Diputado Estay en que sostiene que el Convenio 1609 no es vinculante para Chile con lo que revela la ignorancia del parlamentario.

Al respecto cabe La funcionaria de la OIT que visita Chile NO tiene facultales para "revisar" los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. El Convenio 169 es unn tratado internacional aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo y ratificado por Chile e integra su bloque de constitucionalidad.

Se reproduce a continuacion la nota de prensa de El Diario Austral

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La reunión se realizó con el objetivo de ajustar ciertas interpretaciones a la normativa vigente en el caso de la llegada de inversionistas extranjeros que, muchas veces, se topan con la existencia de pueblos originarios en zonas de su interés productivo.

En la reunión expuso  el Encargado de Asuntos Indígenas de la Secretaría General de la Presidencia, Sebastián Donoso, para explicar los lineamientos de Gobierno.

 

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El Director General de Gestión Socio Ambiental, Omar Quiroga, del Ministerio de Hidrocarburos y Energía explicó que el proceso de Consulta y Participación a pueblos indígenas originario y comunidades campesinas en el ámbito hidrocarburífero no debe ser confundida con la Consulta Pública.

Quiroga explicó que en muchas ocasiones, se confunde la Consulta y Participación con la Consulta Pública, cuando son aspectos totalmente distintos.

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Gastón Bilder* - Recientemente el portal HidrocarburosBolivia.com  reprodujo algunos anuncios realizados por el Ministerio de Hidrocarburos sobre la posible modificación del Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas que está vigente desde el año 2007 y que (valga la aclaración) ya fue previamente complementado y modificado mediante dos reglamentos. Este artículo no pretende discutir sobre la necesidad de modificar el reglamento anteriormente mencionado, toda vez que el mismo nunca se ajustó a la dinámica social ni a la realidad de la industria hidrocarburífera boliviana.

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La Paz, 28 Jun (Erbol).- El secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Roberto Coraite, señaló que la propuesta indígena de la consulta vinculante debe ser sometida a un referendo para no afectar los intereses de desarrollo del sector campesino.

“La consulta es importante, pero la aprobación de la consulta tiene que ser sometida a referendo, porque en un determinado territorio no sólo vive un sector que puede disponer de los recursos”, dijo.

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Entrevista de Paulo Vilca

Bartolomé Clavero, abogado y constitucionalista español, catedrático de la Universidad de Sevilla y Miembro del Foro Permanente Para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, opina para Noticias SER sobre las observaciones hechas a la Ley de Consulta.

¿Qué opinión le merece las observaciones dadas por el Ejecutivo a la Ley de Consulta?
Las observaciones van directamente contra un convenio internacional. Además, en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional éste ha manifestado que no hay un vacío normativo en el Perú respecto a la consulta indígena y por tanto, ésta debe cumplirse. El gobierno ha estado obligado desde el año 1994, cuando se ratificó el Convenio 169 de la OIT, a efectuar las consultas con los pueblos indígenas.

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Bartolomé Clavero
Vicepresidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

En Perú, se han sucedido en un cortísimo espacio de tiempo una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho vigente respecto a los derechos de los pueblos indígenas y las Observaciones del Gobierno con las que devuelve al Congreso la Ley de Consulta. Las segundas hacen caso omiso de la jurisprudencia sentada por el primero.

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Organismos se pronuncian ante  inconstitucionalidad de las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo

Tras las observaciones hechas por el presidente Alan García a la Ley de Consulta Previa, aprobada por el Congreso de la República el 19 de mayo pasado, las  mismas que han sido consideradas por los pueblos indígenas como racistas y autoritarias, sin fundamento jurídico e inconstitucionales, la responsabilidad de aprobar la ley sin observaciones recae nuevamente en el Congreso de la República.

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Por Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)

24 de junio, 2010.- Otra vez, el gobierno se pone formal y materialmente por fuera y contra lo que proclama defender: el Estado de Derecho, en la Observación que formula el gobierno contra la “Ley del derecho de consulta reconocido en el Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. Como se ilustra abajo, el gobierno se pronuncia en contra del texto expreso del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el cual es vinculante para el Estado peruano y hace parte del Bloque de Constitucionalidad.

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