Bogotá, 12 de abril de 2010. El Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes celebra la reciente publicación de la Sentencia T-769 de 2009, en la que la Corte Constitucional de Colombia sentó un precedente fundamental para la protección del derecho de los pueblos indígenas y las comunidades negras a ser consultadas antes del inicio de proyectos económicos y la adopción de medidas que los afecten.


En el fallo, la Corte ordenó suspender el proyecto minero Mandé Norte de la empresa Muriel Mining Corporation, que se desarrollaba en territorios ocupados tradicionalmente por pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en la región de Urabá (noroccidente colombiano). La Corte constató fallas graves en el proyecto, entre ellas la ausencia total de consulta a varias comunidades, la suplantación de autoridades indígenas y negras en algunas etapas de la consulta y la falta de divulgación adecuada de información sobre el proyecto. Por tanto, ordenó suspenderlo hasta que se obtenga el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades afectados, con las condiciones señaladas por la Corte.

El fallo es un precedente central, tanto para el derecho nacional como para el derecho comparado. En su parte motiva, recoge aportes de dos intervenciones ciudadanas presentadas por profesores y estudiantes del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, que intervino ante la Corte Suprema y la Corte Constitucional por invitación de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización que llevó el caso e impulsó el proceso de participación de las organizaciones de la sociedad civil.

La Sentencia dio pasos significativos en los siguientes aspectos:

•    Por primera vez la Corte Constitucional reconoce que en proyectos de gran escala que tengan mayor impacto en territorios indígenas o afrocolombianos (así como en planes de desarrollo), no basta la realización de una consulta previa, sino que se requiere el consentimiento libre, previo e informado de estos grupos. Para ello, toma elementos del derecho internacional, tales como como la Sentencia Saramaka vs. Surinam de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones del Relator Especial sobre la situación de Derechos Humanos y Libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas.

•    La consulta previa debe hacerse antes de la exploración preliminar de la viabilidad económica de un yacimiento de minerales, es decir, no debe esperar hasta el momento de la explotación misma del yacimiento.

•    El gobierno tiene obligaciones anteriores a la consulta. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial debe realizar un estudio detallado frente a los impactos de la exploración y explotación tanto sobre los derechos de los pueblos indígenas y comunidades negras como sobre el medio ambiente. Toda la información, incluyendo este estudio, debe ser entregada a las comunidades para que internamente valoren las ventajas y desventajas del proyecto.

•    Adicionalmente, se debe adelantar unproceso preconsultivo con las autoridades de las comunidades para definir las bases del procedimiento adecuado de la consulta previa.

•    En relación con el ingreso de fuerzas militares a territorios étnicos, la Corte recalca que “independientemente de que el impacto directo sobre las comunidades se considere positivo o negativo, cualquier acción que pueda afectarles directamente, debe ser consultada”.

fuente

http://www.justiciaglobal.info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&Itemid=140

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