La Corte Constitucional dictó reglas y procedimientos que la Asamblea Nacional deberá aplicar para realizar las consultas prelegislativas.

Estas consultas prelegislativas tienen que realizarse antes de que se expida leyes y que estén directamente relacionadas con las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias.

Según la Corte la consulta pre-legislativa constituye un derecho constitucional de carácter colectivo.El Artículo 398 de la Constitución Política señala que: “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente.”

Según el artículo 57 de la Constitución se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

-La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.

-Participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada se procederá conforma a la Constitución y la ley.

-Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

REGLAS Y PROCEDIMIENTOS

La Corte determinó tres reglas y procedimientos mínimos que deberá llevar a cabo la Asamblea Nacional en la expedición de normas que impliquen derechos colectivos, o que eventualmente puedan ser afectados.

Estas reglas son:

- Organizar e implementar la consulta prelegislativa, de manera exclusiva a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos, sin perjuicio de que se consulte a otros sectores de la población.

- La consulta previa prelegislativa, en tanto derecho colectivo, no puede equipararse bajo ninguna circunstancia con la consulta previa, libre e informada contemplada en el artículo 57, numeral 7, ni con la consulta ambiental prevista en el artículo 398 de la Constitución.

- Que los pronunciamientos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades se refieran a los aspectos que puedan afectar de manera objetiva a alguno de sus derechos colectivos.

Estas reglas deberán aplicarse para todos aquellos casos similares que encuentren relación con el ejercicio de derechos colectivos de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades del Ecuador, entiéndase indígenas, afroecuatorianos y montubios, hasta que la Asamblea Nacional emita el acto normativo definitivo.

La Corte establece que la consulta prelegislativa, en tanto derecho colectivo, está dirigida única y exclusivamente a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios que puedan verse afectados en sus derechos colectivos, de manera práctica y real, por efectos de la aplicación de una ley.

RESPETO A DECISIONES

La consulta prelegislativa respetará los procesos de deliberación interna de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, de conformidad con su cultura, costumbres y prácticas vigentes. Admitirá que los resultados de la consulta se expresen en los idiomas propios de cada entidad consultada.

La Asamblea Nacional identificará, previamente, a las entidades a ser consultadas, para lo cual requerirá el apoyo técnico del CODENPE o la entidad que haga sus veces, sin perjuicio de que pueda requerir el apoyo técnico de otras instituciones públicas, según el caso.

El resultado de la consulta estará suscrito por los representantes legítimos de las entidades consultadas, sin desmedro de que se adjunten listados de participantes en el proceso de deliberación interna, de conformidad con sus costumbres, tradiciones y procedimientos propios.

RESPONSABILIDAD DE LA ASAMBLEA

Según la Corte, la Asamblea Nacional es el órgano constitucional responsable de llevar a cabo la consulta, para lo cual podrá disponer la colaboración de distintas instancias estatales como el Consejo Nacional Electoral, CODENPE o la entidad que haga sus veces, y otras instancias gubernamentales que considere pertinentes para un cabal cumplimiento de la consulta.

Además establece que la consulta prelegislativa se desarrollará en las siguientes fases: preparación; convocatoria pública; registro, información y ejecución; análisis de resultados y cierre del proceso. En todas estas fases se observará el principio de interculturalidad, y en tal virtud, la consulta se realizará en castellano, pudiendo receptarse pronunciamientos en los idiomas propios de los pueblos y nacionalidades consultados.

En la preparación de la consulta prelegislativa la Asamblea Nacional establecerá,mediante acto administrativo, la agenda de consulta con identificación de los temas sustantivos a ser consultados, el procedimiento de consulta, los tiempos de la consulta y el procedimiento de dialogo y toma de decisiones.

Así mismo definirá, conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral, los documentos necesarios para la consulta que contendrá una papeleta de resultados y un sobre de seguridad.

Le corresponde a la Asamblea Nacional ,mediante convocatoria pública, abrir oficialmente la consulta prelegislativa a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, que hubieren sido previamente identificados por el organismo público técnico especializado como posibles afectados en sus derechos colectivos.

Deberá abrir una oficina central de información y recepción de los documentos de la consulta, en la ciudad de Quito y en las provincias que correspondan, para lo cual el Consejo Nacional Electoral brindará apoyo logístico y operativo.

En cinco días laborables, contados desde la fecha de la convocatoria pública a la consulta, el Consejo Nacional Electoral receptará la inscripción de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias que participarán en el acto ciudadano.

De otro lado la Asamblea Nacional garantizará:

- La entrega oficial de la norma consultada que se realizará en el acto de inscripción de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades participantes en la consulta prelegislativa.

- La entrega de los documentos para la realización de la consulta.

- La entrega de las normas que rigen la consulta prelegislativa, con información sobre los tiempos de realización del proceso.

- Las oficinas de información y recepción ofrecerán información acerca de la norma consultada, las reglas de la consulta y toda información que facilite y estimule la deliberación interna de las entidades consultadas.

- En veinte días laborables, a partir de la fecha de cierre de las inscripciones, las oficinas de consulta receptarán los documentos de la consulta debidamente sellados. En estos, a más de la papeleta oficial de resultados, se podrá adjuntar el listado de participantes en los procesos de deliberación interna de las entidades consultadas, así como las respectivas actas de reuniones o asambleas comunitarias. Ladiscusión interna en los distintos niveles de organización de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que participen, se realizará en base a sus costumbres, tradiciones y procedimientos internos de deliberación y toma de decisiones, sin que ninguna instancia ajena a éstas intervenga en el proceso interno. No obstante, las entidades participantes de la consulta podrán recabar opiniones técnicas y especializadas, si así lo requieren.

Le corresponde a la Asamblea el análisis de resultados y cierre de la consulta y además garantizará:

- La instalación de una mesa de diálogo conformada, por un lado, por delegados de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades consultadas, previamente inscritos; y por otro lado, por una comisión legislativa ad-hoc conformada por el CAL. Esta mesa de diálogo tendrá una duración de veinte días laborables, contados a partir de la finalización de la tercera fase de consulta. No obstante, la Asamblea Nacional podrá extender este plazo a su consideración, si las circunstancias así lo exigen.

- La discusión pública de los resultados de la consulta y de las posiciones de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades respecto de las afectaciones objetivas de la ley a sus derechos colectivos.

- La suscripción de consensos, para lo cual será fundamental la buena fe de las partes, y de no llegarse a éstos, sobre uno o varios puntos, la Asamblea Nacional los pondrá de manifiesto de manera explícita y motivada.

- Una vez cerrada la identificación de los consensos y las discrepancias, el Presidente de la Asamblea Nacional hará la declaración oficial de la terminación del proceso, presentando los resultados de la consulta.

La consulta prelegislativa es de carácter sustancial y no formal,dice la Corte Constitucional.

FUENTE

http://radioequinoccio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1835:corte-constitucional-de-ecuador-dicta-reglas-para-consultas-prelegislativas&catid=36:ultimas-noticias&Itemid=53

 

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Aprueban Ley general sobre el Derecho a la Consulta

Servindi, 19 de mayo de 2010.- El Congreso de la República aprobó hoy por 62 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones el dictamen sustitutorio de la Comisión de Constitución y Reglamento sobre la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Mario Palacios, dirigente nacional de CONACAMI, a nombre de las organizaciones indígenas consideró que la aprobación del dictamen -con los cambios efectuados- es un enorme avance legislativo e invocó al Presidente Alan García su pronta promulgación y aplicación.

La congresista quechua Juana Huancahuari saludó a las organizaciones amazónicas y campesinas, las cuales ahora poseen una nueva norma que dispone el cumplimiento de sus derechos a ser consultados.

Huancahuari precisó que, no obstante, la tarea más importante será cambiar la actitud del Estado respecto de la visión y las formas de entender el desarrollo de los pueblos indígenas que no siempre es el mismo que pretende el Estado.

La Comisión de Constitución y Reglamento cedió frente a las duras críticas formuladas por un párrafo que hacía expresa mención a que los pueblos indígenas “no tienen derecho a veto”. Este párrafo que fue calificado por conresistas de diversas bancadas como algo innecesario y provocador fue finalmente eliminado.

De la misma manera se incorporó que la finalidad de la consulta no es solo llegar a un acuerdo sino además obtener el consentimiento de los pueblos consultados, tal como lo habían exigido las organizaciones indígenas en una conferencia de prensa realizada ayer.

El congresista nacionalista Víctor Mayorga emplazó a la bancada aprista por su intención inicial de querer dilatar la aprobación del dictamen de Consulta tal como se hizo poco antes con otro dictamen que fue devuelto a comisiones.

La mayoría de parlamentarios resaltó la actuación del congresista Edgar Reymundo, quien sustentó el dictamen de Constitución, al recoger sabiamente las propuestas que fluyeron del debate y que se centraban en incluir el término “consentimiento” y retirar la oración sobre el no derecho a veto del artículo tres.

Reymundo Mercado, Vicepresidente de la Comisión de Constitución, representó a la Comisión en ausencia de su titular Mercedes Cabanillas.

Asimismo, fueron destacadas las intervenciones de congresistas de diversas bancadas como Johny Lescano (Acción Popular), Marisol Espinoza, Isaac Serna, entre otros que influyeron positivamente en la construcción de un nuevo y superior consenso.

Una sorpresa fue la enfática intervención del economista tacneño Juan Pari Choquecota (Partido Nacionalista), quién recientemente se ha incorporado al Congreso de la República como accesitario del desaparecido congresista Juvenal Ordóñez.

Los miembros de la Comisión de Pueblos, presidida por la congresista Elizabeth León, fue también un factor muy influyente en el debate debido a que tenían un dictamen aprobado con mayor consenso de las organizaciones indígenas.

Fue igualmente un factor decisivo que las bancadas parlamentarias de Unidad Nacional y Fujimorista no hayan secundado cualquier intento de postergar la aprobación de la norma como lo intentó el congresista aprista Javier Valle Riestra.

Un rol que no se puede soslayar es el desempeñado por la Defensoría del Pueblo que acompañó el proceso de diálogo promovido por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y formuló un proyecto que fue recogido casi en su totalidad por la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos.

Contenidos de la Consulta

La norma reconoce como sujeto de derechos a los pueblos indígenas u originarios y señala que la consulta se aplica no solo a las medidas legislativas o administrativas sino también a los planes, programas o proyectos de desarrollo nacional o regional que afecten sus derechos colectivos.

La iniciativa aprobada establece como principios del proceso de consulta los siguientes: Oportunidad, Interculturalidad, Buena fe, Flexibilidad, Plazo razonable y Ausencia de coacción o condicionamiento, Información oportuna.

El dictamen también define siete estapas procedimentales para aplicar el derecho a la consulta y que coinciden con las formuladas por el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos.

Las etapas son: a) Identificación de las medidas legislativas o administrativas objeto de consulta, b) Identificación de los pueblos a ser consultados, c) Publicidad de la medida, d) Información sobre la medida, e) Evaluación interna en las organizaciones de los pueblos, f) Proceso de diálogo entre Estado y pueblos indígenas u originarios y g) Decisión.

Temas pendientes

Entre los temas pendientes quedó el precisar cuál será el organismo especializado en materia indígena encargado de la consulta. En el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos se precisaba que era el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano (Indepa), quién tendría la función de asesorar y supervisar los procesos de consulta.

Del mismo modo, falta adecuar el Reglamento del Congreso para que se cree una Comisión Multipartidaria del Congreso que se encargue de realizar consultas a los pueblos indígenas cada vez que se prevea adoptar una ley que pudiera afectarlos directamente.

FUENTE

http://www.servindi.org/actualidad/25894#more-25894

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