Categoría: Ecuador

En el Salón del Ex-Senado de la Asamblea Nacional, este día miércoles 23 de junio,  se llevo a efecto el taller sobre la aplicación del Convenio 169 de la OIT, organizado por la Comisión de Derechos Colectivos, con la finalidad de proporcionar a los y las Legisladoras, asesores, organizaciones indígenas, pueblo montubio, pueblo  afroecuatoriano y estudiantes de las facultades de Derechos de diferentes universidade los insumos necesarios para una mejor comprensión y aplicación de las normas internacionales.

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La Constitución reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la posibilidad de exigir, como parte de sus derechos colectivos, dos tipos de consultas: una, denominada previa, que deberá realizarse cuando se trate de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras, y otra, sin ningún apellido, que deberá efectuarse antes de adoptar una medida legislativa que pueda afectar a esos conglomerados humanos.

Hay una tercera clase de consulta, que la Constitución también califica como previa, referida “a la comunidad” y no solo a los pueblos indígenas, que tiene que ver con “toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente”.

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La Corte Constitucional dictó reglas y procedimientos que la Asamblea Nacional deberá aplicar para realizar las consultas prelegislativas.

Estas consultas prelegislativas tienen que realizarse antes de que se expida leyes y que estén directamente relacionadas con las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias.

Según la Corte la consulta pre-legislativa constituye un derecho constitucional de carácter colectivo.El Artículo 398 de la Constitución Política señala que: “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente.”

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Un proyecto de reformas a la ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) fue presentado en la Asamblea. Por medio de esta propuesta se establece un procedimiento para la consulta pre-legislativa.

Este planteamiento consta en el numeral 17, del artículo 57 de la Constitución vigente. Propuesta que no podría ser aplicable para la consulta que se debe cumplir en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
María Soledad Vela (PAIS) dijo que la propuesta se sustenta en la Carta Política, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la sentencia de la Corte Constitucional,  y determina que  el organismo para llevar adelante la consulta pre-legislativa es la Asamblea Nacional a través de la Comisión Especializada que este tratando la ley respectiva.

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En 1998 el Ecuador ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el que se reconoce el derecho a la Consulta previa, libre e informada y de buena fe, como parte de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Una vez ratificado este Convenio,  el país asumió un compromiso internacional de cumplirlo y garantizarlo, en todas las decisiones estatales y las políticas gubernamentales.

En la práctica esto no se ha cumplido. Los gobiernos de turno han hecho caso omiso a este principio. La Consulta previa, libre e informada y de buena fe, se ha transformado más bien en un instrumento de manipulación política de los gobiernos de turno, incluido Alianza País.

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El accidentado trámite de la nueva Ley de Recursos Hídricos (Ley del Agua) en la Asamblea Legislativa del Ecuador ha tomado un nuevo giro.

El Presidente de la Asamblea, presionado de un lado por la movilización indígena que tras quince días de protestas aparecía cada vez más fuerte y del otro lado, por una posición inflexible del Presidente de la República que a voz en cuello anunciaba que si la Asamblea cedía a los planteamientos indígenas la ley sería vetada y los asambleístas caerían de la gracia del régimen, decidió suspender la votación definitiva del proyecto de ley hasta que se realice la consulta pre legislativa prevista en la Constitución a favor de las nacionalidades y pueblos indígenas.

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El presidente Rafael Correa defendió ayer la realización de la consulta prelegislativa sobre la Ley de Recursos Hídricos, que propuso el titular de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), y que fue negada por el Legislativo en moción previa el jueves pasado.

“La consulta prelegislativa tiene que ir o se nulita la ley, es un mandato constitucional, una sentencia del Tribunal Constitucional que acaba de salir publicada (en el Registro Oficial) hace pocos días (…)”, declaró el Mandatario en una entrevista en la radio Fasayñan.

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La Comisión de Derechos Colectivos de Interculturalidad de la Asamblea pidió para el próximo miércoles la comparecencia del presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño, para que explique una supuesta abrogación de funciones en el momento de fijar las reglas de juego de la consulta prelegislativa, cuando esa atribución es de la Asamblea Nacional.

Esa fue la primera reacción desde la Asamblea luego de que  su presidente,  Fernando Cordero (PAIS), ordenó el traslado de la sentencia de la Corte (adoptada el pasado 12 de marzo) al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para que realice la consulta.

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14/05/2010. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró en un medio local que la moción que fue rechazada este jueves por el pleno del Parlamento e introducida por el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, es constitucional. Indicó que la resolución fue publica en el Registro Oficial, por lo que no se trata de una estrategia política. Por su parte, la Conaie señaló que aceptaría la consulta si tiene carácter vinculante.

El jefe de Estado de Ecuador, Rafael Correa, aseguró este viernes que la consulta prelegislativa sobre la Ley de Recursos Hídricos o Ley de Aguas, que propuso la víspera el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, "es un mandato constitucional" y por ende "hay que cumplirla".

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“Esta es una decisión y una sentencia que tiene que cumplirse. No es objeto de análisis, interpretación o de aplicación parcial”, afirmó a el presidente de la Corte, Patricio Pazmiño

La Corte Constitucional de Ecuador ordenó a la Asamblea Nacional que acate la sentencia en la que le obliga consultar a los indígenas sobre la Ley Agua, a la que ellos se oponen. “Esta es una decisión y una sentencia que tiene que cumplirse. No es objeto de análisis, interpretación o de aplicación parcial”, afirmó a el presidente de la Corte, Patricio Pazmiño.

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