Categoría: Perú

Entrevista de Paulo Vilca

Bartolomé Clavero, abogado y constitucionalista español, catedrático de la Universidad de Sevilla y Miembro del Foro Permanente Para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, opina para Noticias SER sobre las observaciones hechas a la Ley de Consulta.

¿Qué opinión le merece las observaciones dadas por el Ejecutivo a la Ley de Consulta?
Las observaciones van directamente contra un convenio internacional. Además, en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional éste ha manifestado que no hay un vacío normativo en el Perú respecto a la consulta indígena y por tanto, ésta debe cumplirse. El gobierno ha estado obligado desde el año 1994, cuando se ratificó el Convenio 169 de la OIT, a efectuar las consultas con los pueblos indígenas.

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Bartolomé Clavero
Vicepresidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

En Perú, se han sucedido en un cortísimo espacio de tiempo una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho vigente respecto a los derechos de los pueblos indígenas y las Observaciones del Gobierno con las que devuelve al Congreso la Ley de Consulta. Las segundas hacen caso omiso de la jurisprudencia sentada por el primero.

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Organismos se pronuncian ante  inconstitucionalidad de las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo

Tras las observaciones hechas por el presidente Alan García a la Ley de Consulta Previa, aprobada por el Congreso de la República el 19 de mayo pasado, las  mismas que han sido consideradas por los pueblos indígenas como racistas y autoritarias, sin fundamento jurídico e inconstitucionales, la responsabilidad de aprobar la ley sin observaciones recae nuevamente en el Congreso de la República.

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Por Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)

24 de junio, 2010.- Otra vez, el gobierno se pone formal y materialmente por fuera y contra lo que proclama defender: el Estado de Derecho, en la Observación que formula el gobierno contra la “Ley del derecho de consulta reconocido en el Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. Como se ilustra abajo, el gobierno se pronuncia en contra del texto expreso del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el cual es vinculante para el Estado peruano y hace parte del Bloque de Constitucionalidad.

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· Raquel Yrigoyen Fajardo señala que el Estado nunca puede privilegiar intereses sobre derechos.
· Convenio 169 establece la participación como derecho más amplio que la consulta misma.
· Precisa que Convenio 169 se aplica también a comunidades campesinas andinas y costeñas.
· Indica que hay casos en los que el derecho internacional sí exige el consentimiento.

 

“La participación es un derecho de mayor entidad que la consulta porque involucra la presencia de pueblos indígenas con capacidad de codecisión con el Estado. Es decir, para el Convenio 169, los pueblos no sólo deben ser consultados antes de una decisión estatal, sino que tienen el derecho de participar en la toma de decisiones cuando se formulan, aplican y evalúan los planes, programas y proyectos de desarrollo. Cuando el Ejecutivo cuestiona que se someta a consulta los planes, programas y proyectos de desarrollo, tras señalar que el Convenio no lo dice, lo que busca es eliminar esa mínima forma de participación que es la consulta. En realidad,  la ley debería garantizar algo más que la consulta previa, debería garantizar la participación indígena antes (formulación), durante (aplicación) y después (evaluación) de los planes, programas y proyectos de desarrollo

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Las organizaciones amazónicas y andinas de los pueblos indígenas a nivel nacional y quienes suscribimos el presente, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar nuestra indignación y rechazo frente a la decisión del Poder Ejecutivo de observar la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas que fuera aprobada por el Congreso de la República.

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Wuille Ruiz Figueroa

El Ejecutivo ha observado la autógrafa de la ley de consulta a los pueblos indígenas aprobado por el Congreso de la República el pasado 19 de mayo. Los argumentos señalados para no promulgar la ley carecen de sustento suficiente, tal como brevemente paso a desarrollar.

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El Programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal ante la reciente observación del Poder Ejecutivo a la Ley de la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, aprobada por el Congreso, considera necesario manifestar lo siguiente:

  1. Cuestionar las observaciones hechas a la autógrafa de la Ley de Consulta Previa por parte del Poder Ejecutivo. Ello implica en los hechos dilatar y postergar aún más el cumplimiento efectivo de uno de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas y Originarios, contenidos en el Convenio 169 de la OIT. No podemos olvidar que este cuerpo normativo entró en vigencia en el Perú el 2 de febrero del año 1995.

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El Poder Ejecutivo expresa un miedo infundado detrás de las observaciones que planteó a la Ley del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas, porque piensa que con su puesta en vigencia, no habrá inversión privada o se generará ingobernabilidad, sostuvo Juan Carlos Ruiz, integrante del Área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

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El Poder Ejecutivo observó la Ley de Consulta Previa en su último día de plazo, devolviéndola al Congreso el día de ayer pasadas las 19 horas de la noche y exacerbando así a los pueblos indígenas del Perú que se mantenían a la espera de su promulgación.

Mario Palacios, representante de CONACAMI y vocero de los pueblos, manifestó que recibieron esta noticia con desagrado y que la misma “sólo demuestra autoritarismo, el racismo y la discriminación” que tiene Alan García hacia los pueblos indígenas.

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