Etiquetas: ley de consulta peru

Bartolomé Clavero
Vicepresidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

En Perú, se han sucedido en un cortísimo espacio de tiempo una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho vigente respecto a los derechos de los pueblos indígenas y las Observaciones del Gobierno con las que devuelve al Congreso la Ley de Consulta. Las segundas hacen caso omiso de la jurisprudencia sentada por el primero.

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Por Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)

24 de junio, 2010.- Otra vez, el gobierno se pone formal y materialmente por fuera y contra lo que proclama defender: el Estado de Derecho, en la Observación que formula el gobierno contra la “Ley del derecho de consulta reconocido en el Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. Como se ilustra abajo, el gobierno se pronuncia en contra del texto expreso del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el cual es vinculante para el Estado peruano y hace parte del Bloque de Constitucionalidad.

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· Raquel Yrigoyen Fajardo señala que el Estado nunca puede privilegiar intereses sobre derechos.
· Convenio 169 establece la participación como derecho más amplio que la consulta misma.
· Precisa que Convenio 169 se aplica también a comunidades campesinas andinas y costeñas.
· Indica que hay casos en los que el derecho internacional sí exige el consentimiento.

 

“La participación es un derecho de mayor entidad que la consulta porque involucra la presencia de pueblos indígenas con capacidad de codecisión con el Estado. Es decir, para el Convenio 169, los pueblos no sólo deben ser consultados antes de una decisión estatal, sino que tienen el derecho de participar en la toma de decisiones cuando se formulan, aplican y evalúan los planes, programas y proyectos de desarrollo. Cuando el Ejecutivo cuestiona que se someta a consulta los planes, programas y proyectos de desarrollo, tras señalar que el Convenio no lo dice, lo que busca es eliminar esa mínima forma de participación que es la consulta. En realidad,  la ley debería garantizar algo más que la consulta previa, debería garantizar la participación indígena antes (formulación), durante (aplicación) y después (evaluación) de los planes, programas y proyectos de desarrollo

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Wuille Ruiz Figueroa

El Ejecutivo ha observado la autógrafa de la ley de consulta a los pueblos indígenas aprobado por el Congreso de la República el pasado 19 de mayo. Los argumentos señalados para no promulgar la ley carecen de sustento suficiente, tal como brevemente paso a desarrollar.

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El Programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal ante la reciente observación del Poder Ejecutivo a la Ley de la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, aprobada por el Congreso, considera necesario manifestar lo siguiente:

  1. Cuestionar las observaciones hechas a la autógrafa de la Ley de Consulta Previa por parte del Poder Ejecutivo. Ello implica en los hechos dilatar y postergar aún más el cumplimiento efectivo de uno de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas y Originarios, contenidos en el Convenio 169 de la OIT. No podemos olvidar que este cuerpo normativo entró en vigencia en el Perú el 2 de febrero del año 1995.

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El Poder Ejecutivo observó la Ley de Consulta Previa en su último día de plazo, devolviéndola al Congreso el día de ayer pasadas las 19 horas de la noche y exacerbando así a los pueblos indígenas del Perú que se mantenían a la espera de su promulgación.

Mario Palacios, representante de CONACAMI y vocero de los pueblos, manifestó que recibieron esta noticia con desagrado y que la misma “sólo demuestra autoritarismo, el racismo y la discriminación” que tiene Alan García hacia los pueblos indígenas.

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Nota: Reproducimos articulos de prensa peruana que exponen una nueva e insólita argumentación contra la consulta previa y el Convenio 169. Si Ud creía que lo habia escuchado todo vea aqui:

“Ley de Consulta Previa menoscaba la autoridad del Estado peruano”.Norma debería ser observada por el Ejecutivo, de lo contrario inversiones en minería se frenarán.
La Ley de Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Pleno del Congreso de la república, menoscaba la autoridad del Estado ya que les brinda la posibilidad de vetar cualquier proyecto que no deseen en sus jurisdicciones, advirtió Jurgen Golte, antropólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

“La palabra consentimiento incluida en el artículo 3 de la ley da a entender que la población tiene que aceptar o rechazar determinada consulta, ese es el meollo del problema porque da mucho poder a las comunidades indígenas cuando es el Estado quien tiene la supremacía en todas las decisiones que se adopten en cuanto a inversiones y claro de las riquezas naturales existentes en el subsuelo”, manifestó a EXPRESO.

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La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó al presidente Alan García a promulgar rápidamente la Ley de Consulta Previa, aprobada el 19 de mayo por el Congreso.

Ese mismo grupo de trabajo demandó al Poder Ejecutivo que, además de garantizar que la nueva ley sea firmada y puesta en práctica, proporcione informaciones completas que permitan la evaluación del cumplimiento de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, firmado por el Perú.

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Perú es el único país  que ha sido conminado a brindar explicaciones sobre la implementación del Convenio 169. en el marco de la Conferencia internacional del Trabajo 2010.

El Estado peruano deberá comparecer ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, órgano supremo de la OIT. Esta presentación se realizaría el próximo 10 de junio.

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Por: Handersson Bady Casafranca Valencia*

Desde algunos años atrás –primero en la empresa privada, luego desde las organizaciones indígenas y finalmente en el Poder Legislativo-, he venido trabajando aspectos relacionados al derecho de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas. A través de informes, demandas judiciales, talleres, seminarios, cursos, etc., hemos ido encontrando características especiales de este derecho, que lo hacen diferente de otros derechos individuales y colectivos, características que creemos importante compartirlas, con el único propósito de que la Ley de Consulta –aprobada recientemente por el Pleno del Congreso de la República (1)-, resulte una norma eficaz que contribuya a la gobernabilidad y a la paz social.

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