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En el marco del convenio 169 de la organización internacional del trabajo (oit) Un dictamen de la Corte Suprema, que falló respecto de un recurso de amparo solicitado por una comunidad indígena en contra del proyecto Piscicultura Palguín, cuyo titular es la sociedad agrícula Terratur Limitada, ratificó que los proyectos de inversión ubicados en zonas indígenas deben incluir un proceso de consulta para las comunidades, pero puso algunas consideraciones especiales.

De acuerdo con el fallo, emanado desde la Tercera Sala de la Corte Suprema, el actual proceso de participación ciudadana, considerado en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), constituye una instancia suficiente para cumplir con esta exigencia.

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El pasado 26 de abril se realizó ante la Corte Suprema la vista de la causa relativa a la apelación de la acción de protección interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Temuco [1], que, en primera instancia, anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) relativa al Proyecto de Piscicultura Palguín [2].

En su razonamiento, la Corte de Apelaciones de Temuco fundamentó la nulidad de la referida RCA sobre la base de no haberse cumplido con el “deber de consulta” establecido en el Convenio 169, sobre Protección de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169).

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