Un texto de 27 páginas, firmado por 34 diputados, cuestiona en el fondo y la forma la nueva ley. Los parlamentarios reclaman que se privatice un bien nacional de uso público, permitiendo su hipoteca para respaldar deudas privadas. La presentación podría retrasar la promulgación de la legislación.


En 27 páginas, 34 diputados enumeraron reparos de fondo y forma a la nueva ley salmonera, despachada por el Congreso hace dos semanas y próxima a su promulgación. El texto es un requerimiento interpuesto ayer en el Tribunal Constitucional que solicita la anulación de la legislación.


La iniciativa fue articulada por el senador PPD Guido Girardi, pero fue presentada por un grupo amplio de diputados, ya que en la Cámara Baja se reunieron las adhesiones suficientes para la presentación. La ley exige un mínimo de 10 senadores o 30 diputados para una presentación de este tipo. El TC deberá ahora decidir si admite a tramitación la presentación, en cuyo caso, la promulgación de la legislación clave para el sector salmonero podría verse retrasada durante un tiempo indeterminado.


El abogado Lorenzo Soto, patrocinador de la presentación, explica el requerimiento en argumentos de fondo y forma.


Entre los primeros, Soto menciona la virtual privatización, dice, de recursos y bienes nacionales de uso público, como son las aguas interiores y el mar territoriral chileno concedidos en las concesiones acuícolas. "Hoy son un título que te entrega el Estado para un uso limitado y restringido de ciertas actividades. Con esta ley, eso se puede hipotecar. Los que tienen esos permisos administrativos, hoy tienen un activo financiero que pueden hipotecar a los bancos para hacer frente a las deudas", sostiene el abogado.


En segundo lugar, dice el abogado, la ley es inconstitucional, porque discrimina al resto de la sociedad en favor de la industria.


"El común de los chilenos que no puede ir al Legislativo a pedir que dicten una ley para que le salven de un entuerto económico. Hay una discriminación arbitraria", sostiene.


Por último, alega un vicio de forma: la ley entregó atribuciones a los tribunales, lo que debió ir con consulta a la Corte Suprema, además de requerir una ley de quórum especial de cuatro séptimos. El cambio legal fue tramitado como ley simple, dice Soto.


El requerimiento fue suscrito por 27 diputados de la Concertación, como Pepe Auth, Juan Luis Castro y Osvaldo Andrade, los PC Guillermo Teillier, Hugo Gutiérrez y Lautaro Carmona, la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, del PRI, y tres parlamentarios independientes.


FUENTE


http://diario.latercera.com/2010/03/23/01/contenido/10_27257_9.shtml


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