En los últimos días se han efectuado cuestionamientos públicos por gastos efectuados por el gobierno anterior, tales como transferencias a fundaciones, y por una sobreejecución que habría existido en los dos primeros meses de este año.

También se ha discutido sobre la necesidad de que, dada la envergadura de los recursos involucrados, se conozca con claridad y precisión si los gastos que está realizando el actual gobierno en la reconstrucción están bien justificados y respaldados en el marco presupuestario.


En uno y otro caso, por lo montos en cuestión y el imperativo de que exista total transparencia en el uso de fondos públicos, deben entregarse los antecedentes que permitan despejar toda duda al respecto. No debería haber diferencias entre oposición y gobierno en este punto.

Sin embargo, al hacer un análisis más a fondo sobre la procedencia del gasto público en estos y otros casos, se hace muy difícil determinar con exactitud si ellos son procedentes, porque sucesivas administraciones han aplicado una flexibilidad mal entendida que ha transformado a la Ley de Presupuestos en una mera referencia, que no cumple con el rol que le cabe en una democracia bien organizada. Por ello, su reforma es urgente.

Teóricamente, esa ley debería establecer una estimación de los ingresos, autorizar en qué fines se pueden gastar los recursos públicos y fijar un límite máximo para los gastos del ejercicio. Sin embargo, estas finalidades no resultan cumplidas adecuadamente, siendo ilustrativo que el artículo 1° de esa ley establezca un "cálculo de ingresos y una estimación de los gastos", invirtiendo los conceptos que deben regir unos y otros.

Un efecto práctico de esto es que, en un presupuesto que superará este año los 42 mil millones de dólares, el Ejecutivo puede reasignar fondos libremente entre las partidas, en la medida que no supere el límite total de gasto. Pero incluso puede gastar más allá de ese límite, siempre que lo haga con cargo a recursos provenientes de la enajenación de activos financieros, entre otras fuentes. Eso significa que podría aumentar los aportes a fundaciones, o el gasto en jardines, o los honorarios en cifras de miles de millones de dólares por un simple decreto.

Esto lleva a la conclusión inequívoca de que la Ley de Presupuestos es hoy sólo una referencia y no un límite de gasto máximo por partidas, como debería ser. Es evidente que todo gobierno requiere un cierto margen de flexibilidad que evite que el gasto constituya un impedimento a la eficacia de la gestión gubernativa, pero esa flexibilidad no puede privar a la democracia de la herramienta de control del ejercicio del poder que representa la Ley de Presupuestos.

Un segundo aspecto sobre el que conviene también llamar la atención es la falta de claridad en los roles que les corresponden a los diversos órganos públicos en esta materia. En especial, se hace necesario rescatar y fortalecer la función que toca al Congreso autorizando el límite de gastos y luego fiscalizándolo en detalle. En el caso de la ejecución -cuyo control previo de legalidad corresponde a la Contraloría y el de mérito a la Dirección de Presupuestos- convendría precisar la responsabilidad que toca a una y otra entidad, sobre todo porque al formar la Dipres parte del Ministerio de Hacienda,  tienden a  confundirse en la práctica los  roles de evaluación, control y ejecución.

Una de las críticas que los partidos del actual gobierno realizaron reiteradamente a las administraciones concertacionistas fue que ésta no respetaba el espíritu del marco legal del gasto público. Ahora es previsible que esa misma crítica la formule la Concertación y que el gobierno defienda por su parte la flexibilidad.

Por esa razón, parece urgente estudiar una reforma profunda en el régimen de administración presupuestaria existente, con los consensos necesarios, y ajustarlo a los estándares de transparencia y asignación clara de responsabilidades que son propios de una democracia moderna.

10/04/2010

http://diario.latercera.com/2010/04/10/01/contenido/21_23566_9.shtml

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