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19.10.08

Paula Quintana y la aprobación del Convenio 169 “No teníamos el consentimiento de la derecha”

Categorías: Varios

Por Beatriz Michell / La Nación Domingo

Después de 18 años de sacarle la vuelta en el Congreso, con parlamentarios tirando y otros aflojando, el acuerdo internacional más anhelado por los pueblos indígenas fue promulgado sin limitantes. Ahora hay que modificar leyes y costumbres para cambiarle las reglas del juego a empresarios y al Estado.

Si usted, empresario, quiere instalar una central hidroeléctrica en territorio habitado por pueblos indígenas, ahora tendrá que lograr que ellos aprueben su proyecto y, además, tendrá que compartir una parte de sus ganancias con las comunidades.

Acceso a tierras, derecho a decidir sobre su salud, educación y formas de vida son algunos de los derechos que consagra el Convenio 169 de la OIT, que fue publicado en el "Diario Oficial" el martes recién pasado, tras una larguísima y tortuosa tramitación parlamentaria.

El Estado tiene hasta el 15 de septiembre de 2009 para adecuar sus leyes y políticas, y un año más tarde, tres días antes del bicentenario, tendrá que dar una cuenta sobre los avances en su implementación.

El cronómetro está corriendo y algunos no están tan felices. La ministra de Planificación, Paula Quintana, explica los alcances de esta modificación legislativa.

-La ratificación plena del Convenio 169 exigirá modificaciones a la legislación chilena. ¿Cuáles serán las principales?

-El Convenio 169 va a tener implicancia para nuestra legislación y para nuestras políticas públicas. Preparándonos desde esta perspectiva, el plan Re-conocer contempla medidas orientadas a adaptar la legislación chilena al convenio, y metodologías para canalizar la participación y consulta a los pueblos indígenas. En el 169 se establecen derechos políticos, consuetudinarios, a la tierra, los recursos naturales, la educación, la salud, el empleo y la seguridad social. Bajo estos títulos se identifican una serie de acciones. Uno que es transversal es el derecho a ser consultados.

-¿Cómo se va a materializar el derecho a consulta?

-Doy un ejemplo. En un territorio indígena donde se proyecte implementar algún proyecto de inversión, por ejemplo una central hidroeléctrica, una minera o una empresa forestal, el Estado tiene la obligación de garantizar que las comunidades que habitan en esos territorios sean consultadas. La consulta asegura que exista una opinión favorable para que se implemente ese proyecto y que haya participación de los beneficios del proyecto.

-¿Incluso si esto provoca un conflicto con empresarios o agricultores?

-Se va a estimular a los privados para que cuenten con una certificación de calidad en base a la participación de los pueblos indígenas, que hoy día constituye un valor reconocido internacionalmente no sólo por organismos de derechos humanos, sino también por el mercado. En el Re-conocer se establece un código de prácticas responsables y una certificación de los proyectos que cuenten con la participación y el consentimiento del mundo indígena en la opinión y en las ganancias. En un principio va a obligar a pasar por esta metodología a todo el sector público y voluntariamente al sector privado.

-Los cambios legales tienen que estar listos el 15 de septiembre de 2009. ¿Cómo se logrará esto en un año de elecciones, más aún si hay un sector del Parlamento que no está de acuerdo con el convenio?

-Tenemos un año para hacer los ajustes, pero hay que tener en cuenta que el Convenio 169 se encuentra entre nuestra Constitución y las leyes orgánicas. Cuando se produzcan inquietudes, o distintas interpretaciones, habrá que tener en cuenta que el convenio prevalece sobre las leyes ordinarias.

-¿Cuáles fueron las principales vallas para lograr esta ratificación?

-No fue algo fácil, de hecho, llevó 18 años en el Parlamento. Después de que sale la votación, surgieron cartas donde se solicitó la opinión de la OIT respecto al planteamiento de algunos parlamentarios. La OIT responde que las interpretaciones que se estaban haciendo no tenían mayor alcance en el convenio. Entonces se sentaron todas las bases para que el decreto fuera promulgado íntegramente.

-¿Quiénes pusieron las principales vallas?

-Yo creo que está claro.

-¿Hubo presiones de algunos sectores, como de la Alianza por Chile o parte del empresariado?

-Toda la discusión se dio en el marco de la institucionalidad democrática.

-Fuimos casi el último país en Latinoamérica en ratificar el convenio. ¿A qué se debió?

-No se ratificó antes porque no hubo acuerdo político en el Parlamento. No habíamos tenido el consentimiento de los partidos de la derecha, lo que obstaculizó un acuerdo para que el Estado de Chile pudiera ratificar el convenio.

-¿Cuáles serán los mayores problemas para la implementación?

-Adaptar la institucionalidad, las políticas públicas y los programas. La Presidenta ya constituyó un consejo de ministros, coordinado por este ministerio, para observar qué ajustes tenemos que desarrollar y cómo los ministerios están cumpliendo las políticas indígenas. También contamos con unidades indígenas en los ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales. El paso siguiente es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas relacionado a los recursos naturales y derechos inalienables.

-El reconocimiento constitucional está dormido en el Congreso y hay mucha reticencia de las comunidades indígenas a como está planteado el proyecto. ¿Cómo se va a lograr la aprobación de los parlamentarios y de los pueblos indígenas?

-Los proyectos de reconocimiento constitucional han sido rechazados por la oposición. Consideramos que con un Convenio 169 aprobado se puede dar un paso más y en ese marco hemos recogido varios de los planteamientos entregados por dirigentes y comunidades. Los aspectos más críticos son el reconocimiento de los pueblos y la relación que entre la condición indígena y los recursos naturales. La tierra y el agua son aspectos esenciales del reconocimiento a los pueblos indígenas y representa una demanda de reivindicación de las comunidades.

-¿El Gobierno va a apoyar cambios de acuerdo a lo que piden las comunidades?

-Sí, claramente.

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FUENTE
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081018/pags/20081018205024.html

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