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08.05.09

Informe de Chile ante el Examen Periódico del Consejo de Derechos Humanos

Categorías: Politica de DDHH, EPU
Etiquetas: epu

Presentación del Informe de Chile realizada por el Ministro José Antonio Viera Gallo, durante el Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de DDHH de Naciones Unidas. Ginebra, 8 de mayo 2009

El Ministro Secretario General de La Presidencia, José Antonio Viera Gallo, expresó desde Ginebra que hubo reconocimiento y valoración a lo que hace Chile y el Gobierno en materia de Derechos Humanos, después de haber expuesto ante 54 países participantes en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La unanimidad de los asistentes coincidieron en destacar la calidad y rigurosidad del Informe presentado por Chile, donde se destacaron los avances que se han logrado en distintas áreas vinculadas a los derechos humanos.

El Ministro Viera Gallo dijo que respondió los cuestionamientos, entre otros temas, por la amplitud de la competencia de la justicia militar por uso excesivo de la policía en algunas circunstancias. “Dimos respuesta a varias de estas inquietudes y en otras dijimos que estamos avanzando, por ejemplo y en particular, respecto de la situación Mapuche”.

En relación al contexto de Chile en el Tribunal Penal Internacional, adelantó que la próxima semana el Senado podría aprobar la Reforma Constitucional que habilita al Estado de Chile para ratificar el Estatuto de Roma. “Cuando la Presidenta viaje a Holanda a fines de este mes ya debiera estar aprobado por Chile, lo cual sería muy bien recibido en Europa y en los países de América Latina”, afirmó el Ministro Viera Gallo.

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA DELEGACION DE CHILE, SEÑOR MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, JOSE ANTONIO VIERA-GALLO, CON OCASIÓN DEL EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL, (EPU) GINEBRA, 8 DE MAYO.

Señor Presidente:

Presentamos nuestro Informe Nacional ante el Consejo de Derechos Humanos conscientes de la importancia de este examen. Es una ocasión privilegiada para dar cuenta de lo realizado y renovar nuestro compromiso con los desafíos pendientes en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Chile tiene una clara visión del papel decisivo de la comunidad internacional en esta tarea. Fue gracias a la intervención de muchos países, organismos internacionales, Iglesias y ONGs que en los tiempos de la dictadura pudieron salvarse muchas vidas.

Hoy nos presentamos ante este Consejo con la conciencia de los logros alcanzados y de lo que aún nos falta como país para mejorar nuestras normas legales y nuestras instituciones en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Este Informe fue elaborado gracias a un trabajo exhaustivo, de diversos Ministerios y organismos de la Administración Pública tomando en consideración las observaciones de las organizaciones no gubernamentales, centros académicos y sociedad civil.

Estamos seguros que un intercambio franco y constructivo contribuirá a una más eficaz implementación de nuestros compromisos internacionales de derechos humanos.

Señor Presidente:

A partir de 1990, Chile inició un camino destinado a reconstruir un sistema democrático fundado en el respeto de las libertades fundamentales y de los derechos humanos - civiles, políticos, económicos, sociales y culturales-, valorizando su universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Consecuente con ello, emprendió una política que procuró armonizar el crecimiento económico con el desarrollo humano, apartándose de fórmulas consabidas y procurando un equilibrio fructífero entre mercado y Estado.
Al mismo tiempo, Chile ha buscado verdad, justicia y reparación respecto de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante una dictadura que duró 17 años.
No se trata de proclamar derechos en abstracto, sino de crear condiciones económicas y sociales para que esos derechos puedan ejercerse efectivamente y reclamarse con eficacia. En el plano de los derechos económicos, sociales y culturales hemos impulsado un sistema de protección social, que ha permitido mejorar sustancialmente nuestros indicadores en educación, salud, y vivienda, entre otros rubros importantes, especialmente para los más vulnerables, sin afectar con ello el dinamismo de la economía.
Cuando se acercan los 200 años de vida independiente, en septiembre del 2010, Chile se encuentra comprometido en alcanzar mejores estándares en derechos humanos. Ese es precisamente nuestro gran desafío.

Señor Presidente:

En casi dos décadas que cubre nuestra presentación, podemos afirmar que, desde un punto de vista político-institucional, hemos dado pasos decisivos para restablecer nuestras tradiciones democráticas y profundizarlas. Las sucesivas reformas constitucionales han permitido fortalecer las instituciones democráticas y el ejercicio de los derechos humanos.

En primer término, en 1989 se consagró constitucionalmente el principio que el Estado y sus órganos deberían promover y respetar los derechos humanos que surgen de los tratados internacionales ratificados por Chile.

Luego vinieron sucesivas reformas hasta que se lograron eliminar los “enclaves autoritarios”: se puso término al carácter resolutivo de las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional; se eliminaron los senadores designados y vitalicios; se restituyó la facultad del Presidente de la República para llamar a retiro a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al General Director de Carabineros; y se restringieron las facultades que se otorgaban al Poder Ejecutivo en los estados de emergencia.

Ha habido otras importantes reformas, como la del sistema de enjuiciamiento penal; el reconocimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres; la consagración de 12 años de enseñanza obligatoria y gratuita; el establecimiento del deber del Estado de promover la educación parvularia y garantizar su acceso gratuito; la eliminación de la censura cinematográfica; la democratización de los municipios y la creación de los Consejos Regionales; la modernización del Tribunal Constitucional; el establecimiento de los principios de publicidad, transparencia y probidad de los actos del Estado.

Señor Presidente

Se ha realizado una profunda modernización del sistema judicial de manera de adecuarlo a los principios del estado de derecho y a los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.

La reforma procesal penal cambió el modelo inquisitivo, vigente en nuestro país desde inicios del siglo XIX, por un sistema acusatorio, oral y transparente, en el que la investigación y acusación de los hechos constitutivos de delitos y la defensa de aquellas personas a quienes se les hayan imputado un delito se encuentran a cargo organismos independientes que buscan combinar en forma adecuada los intereses sociales de perseguir eficazmente el delito con el de garantizar el derecho de los ciudadanos a un juicio justo cuando son objeto de persecución penal.

En el proceso de modernización de la justicia, relevamos también la reforma a la justicia penal para los adolescentes, la reforma de los tribunales de familia, y la reforma a la justicia laboral, todas ellas con el mismo objetivo de mejorar el respeto de los derechos fundamentales de las partes involucradas.

Quedan como tareas pendientes, la elaboración de un nuevo Código Penal, que sea capaz de abordar la criminalidad contemporánea, y el establecimiento de un procedimiento que regule judicialmente la fase de ejecución de las penas, iniciativas que deberán ingresar a trámite legislativa durante los próximos meses.

La situación carcelaria ha sido y es motivo de preocupación para nuestro país. Como señalamos en nuestro Informe Nacional, para combatir la sobrepoblación y mejorar las condiciones de aquellos que se encuentren privados de libertad y asegurar su reinserción social, se ha venido ejecutando un ambicioso programa de inversiones en infraestructura, que nos ha permitido elevar nuestros estándares. Estamos conscientes que aún falta mucho por hacer, y reflejo de ello han sido hechos recientes, que incluso han involucrado la pérdida lamentable de vidas humanas, producto de la violencia que aún persiste en algunos recintos. Las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes están en curso.

También debemos reformar la justicia militar en tiempo de paz, de manera de adecuarla a los estándares contemporáneos reconocidos internacionalmente. Hay un proyecto de ley en el Parlamento destinado a restringir la jurisdicción militar únicamente al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar. Queda por dilucidar la situación de la policía tratándose de delitos que impiden su accionar. Y está en preparación un proyecto de nuevo Código de Justicia Militar que enfrenta el problema en su integridad.

Señor Presidente

A través de las reformas expuestas, Chile ha puesto en el centro de su preocupación institucional la efectiva garantía de los derechos humanos.

Con todo, quiero relevar otros hitos legislativos significativos como la eliminación de la pena de muerte en el Código Penal y en las normas del Código de Justicia Militar en tiempo de paz; la consolidación de las normas sobre la libertad de expresión, la nueva ley de culto que garantiza la libertad religiosa e iguala en derecho a todas las organizaciones religiosas y las normas sobre transparencia en la gestión pública de la ley sobre acceso a la información pública con la consiguiente creación del Consejo para la Transparencia como órgano autónomo del Gobierno destinado a velar por su correcta aplicación. Hoy está al alcance de cualquier ciudadano conocer, entre otros antecedentes, las remuneraciones de todos los funcionarios públicos, las compras públicas, así como la lista de los beneficiarios de subsidios estatales.

En el ámbito del derecho de familia, destacamos el nuevo estatuto jurídico en materia de filiación, que otorga igualdad de derechos a los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio; la nueva ley de matrimonio civil que introduce el divorcio vincular; la sanción a la violencia intrafamiliar; reformas en la tipificación de los delitos sexuales; la implementación de los Juzgados de Familia en todo el país; la nueva ley de adopción y la discusión en el Congreso Nacional del proyecto de ley contra la discriminación, especialmente hacia los grupos más vulnerables, que contempla un eficaz recurso judicial de reclamación e indemnización.

Señor Presidente:

Como consta en el informe, Chile es parte de los principales tratados de derechos humanos. Nuestro compromiso es lograr su plena implementación interna, como lo estamos haciendo con el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, recientemente ratificado.

Esta semana se aprobó la tipificación el genocidio, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra para proceder a reformar la Constitución y luego ratificar el Estatuto de Roma, lo que esperamos que pueda concluir próximamente. Está también muy avanzada la aprobación por el Parlamento de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Mi país ha mantenido una permanente cooperación con los mecanismos de supervisión del derecho internacional de los derechos humanos, presentando periódicamente sus informes a los órganos correspondientes. Hace tres días presentamos nuestro 5° Informe al Comité contra la Tortura y en agosto próximo presentaremos nuestro Informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Los respectivos Comités han podido constatar cómo Chile va adaptando su legislación, va modificando sus prácticas administrativas y, lo que es más importante aún, va incorporando el enfoque de derechos humanos en la agenda pública.

Estos cambios han podido comprobarse por los diferentes relatores que han visitado Chile y recientemente por el “Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas”, Profesor Anaya, quien, en su visita a Chile, se entrevistó con los representantes de todos los poderes públicos, instituciones policiales y con todas las organizaciones indígenas.

Señor Presidente:

El reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación respecto de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas por diecisiete años en nuestro país ha constituido una preocupación constante del Gobierno. Se ha buscado incesantemente y, pese a todas las dificultades que es dable imaginar en estos casos, investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Así, los principales jerarcas de los aparatos de seguridad y ejecutores connotados de graves violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, se encuentran cumpliendo fuertes condenas de cárcel o se encuentran detenidos mientras son procesados, demostrando claramente nuestro rechazo a la impunidad.

En abril de 1990 se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, integrada por personalidades de distintas orientaciones políticas y filosóficas, cuyo objetivo fue indagar la situación de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante el régimen militar. En su informe final registró 3.195 víctimas. Esta Comisión recomendó la creación de una Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, la cual, una vez creada, estableció, entre otras acciones, un completo plan de reparaciones para los familiares de las víctimas. En el plano de la salud, se creó un programa especial de atención para ellos.

El 2003, se creó la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. Esa Comisión recibió el testimonio de 35.868 personas, de las cuales 28.459 fueron reconocidas como víctimas con derecho a reparación.
Se han dictado leyes e implementado medidas de reparación a las víctimas, entre ellos los retornados y los exonerados políticos. El esfuerzo realizado por el Estado de Chile ha sido considerable. Se han dedicado recursos cuantiosos para atender a las víctimas y sus familiares, vía pensiones de gracia, pensiones de reparación, restitución de inmuebles confiscados, créditos, becas de estudios, y programas de salud. En suma, estos esfuerzos superan el valor de 1.600 millones de dólares.

Cabe resaltar que la política de reparación reseñada y los pasos dados por el Estado de Chile en aras de la reconciliación nacional ha sido celebrada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que además ha resaltado el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Especial relevancia se ha otorgado a las reparaciones simbólicas, para lo cual han sido levantados a lo largo de Chile numerosos memoriales en homenaje a las víctimas. Esta política de reparación moral tendrá una mayor expresión con la inauguración a fines de este año, del Museo de la Memoria, iniciativa promovida personalmente por la Presidenta Michelle Bachelet, que tiene, entre sus objetivos, además de reivindicar la memoria de las víctimas, educar para la paz convocando a la ciudadanía a la reflexión sobre las consecuencias de la intolerancia y la necesidad de una cultura de inclusión, resolución pacífica de conflictos, respeto por la diversidad, solidaridad y valoración de la vida.

En el complejo camino de conseguir justicia, el actuar de los Tribunales ha ido variando. Desde 1998 existe una reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de no aplicar el Decreto Ley de Amnistía que cubre el periodo 1973-1978. A partir del año 2001, el nombramiento de jueces especiales, ha reactivado y agilizado los procesos judiciales sobre derechos humanos. Existe un Programa especial del Ministerio del Interior que sigue esos procesos.

Señor Presidente:

El Gobierno se encuentra empeñado en la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos, basado en los Principios de París, propuesta que se discute en el Congreso y que se encuentra en su etapa final. Es voluntad de la Presidenta Bachelet no terminar su mandato sin la creación de dicho instituto. La misma voluntad existe respecto de la reforma constitucional, en actual tramitación legislativa, por la que se crea una Defensoría de las Personas y respecto de la cual todo indica que existe el acuerdo parlamentario suficiente.
En cumplimiento a nuestras obligaciones internacionales, estamos elaborando un Plan Nacional de Derechos Humanos, que contempla en su metodología una amplia consulta con la sociedad civil antes de su lanzamiento.

Señor Presidente:

Queremos valorar especialmente la contribución de nuestros pueblos originarios en la formación de la sociedad chilena. Los gobiernos democráticos han desplegado esfuerzos orientados a profundizar el reconocimiento de sus derechos y a promover su identidad, estableciendo la verdad histórica sobre su aporte al desarrollo nacional y a superar el injusto tratamiento que recibieron durante siglos. El gobierno de Chile reitera su voluntad política de lograr el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, proceso que se ha iniciado en el Congreso y que se encuentra en una etapa de amplia consulta nacional con las comunidades indígenas.

En el marco de los compromisos asumidos por el Estado en las últimas décadas, el actual Gobierno ha iniciado una nueva etapa en la relación con los pueblos indígenas, mediante un Pacto Social por la Multiculturalidad, denominado “Re-conocer”, cuya implementación significará el cumplimiento de las obligaciones que derivan de la reciente ratificación del Convenio 169 de la OIT. Esta tarea requiere de la plena participación de los pueblos indígenas y, ciertamente, de todos los ciudadanos.

En el marco de estos objetivos, hay un proceso de restitución de tierras en el que se han entregado más de 500 mil hectáreas a las comunidades indígenas, beneficiando a 22 mil familias. En estos años se dictó la ley sobre los derechos de las comunidades indígenas en el borde costero. Y está en pleno debate el estatuto especial para la Isla de Pascua que favorecerá al pueblo Rapa Nui.

Insistimos que para el logro de estos propósitos, la única vía posible será siempre el diálogo.

Señor Presidente:

Chile muestra progresos legales, políticos y culturales en los temas de género. A fin de avanzar en la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se creó el Servicio Nacional de la Mujer. En estos años, se ha incrementado su tasa de participación laboral, la que por primera vez ha superado el 40% de la fuerza de trabajo; se ha aumentado considerablemente su participación en cargos públicos y por primera vez en la historia, una mujer ejerce el cargo de Jefa de Estado y de Gobierno.

Chile reitera su compromiso con la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y el femicidio que hemos enfrentado a través de medidas tales como campañas educativas y de comunicación masiva, legislación que sanciona esas prácticas y delitos; establecimiento de casas de acogida para mujeres maltratadas y asistencia sicológica y legal.

Señor Presidente:

Como señalé en un comienzo, la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales se ha abordado desde los inicios de la década de los 90, con la aplicación de un modelo de desarrollo que combina crecimiento económico con equidad social.

Las políticas aplicadas para combatir la pobreza dejaron de lado una perspectiva meramente asistencial, privilegiando un enfoque de derechos en aras del desarrollo humano. Durante los últimos años, Chile ha avanzado en la construcción de un Sistema de Protección Social que acompaña a las personas a lo largo de su vida.

Como resultado la pobreza disminuyó, de un 38.6 % en 1990 a un 13.7 % en 2006 y la población en situación de indigencia se redujo de un 13% en 1990 a tan sólo un 3.2% en 2006. Estas cifras son elocuentes y reflejan el progreso de las familias chilenas.

Este Sistema de Protección Social ha permitido enfrentar la actual crisis económica y financiera, en forma solidaria. Al respecto, la Presidenta Bachelet expresamente se ha comprometido en mantener e incrementar los recursos destinados a este sistema. Leyes como la que aumenta el seguro de desempleo y la que incentiva la contratación de jóvenes con un subsidio especial son una buena prueba de lo que estamos diciendo.

La responsabilidad en el manejo macro económico, ha permitido al Gobierno implementar un programa anti-cíclico de estímulo a la demanda, al crédito y al crecimiento y de protección a los más afectados por la actual crisis.

Sr. Presidente:

Reitero que durante las últimas dos décadas Chile ha progresado significativamente en la consolidación de su democracia y en la expansión de las libertades públicas, al tiempo que ha alcanzado logros concretos en la protección de los derechos civiles, políticos, económicos , sociales y culturales de todas las personas.

Sin embargo, y con franqueza, reconocemos que quedan importantes desafíos pendientes. Estamos seguros que este ejercicio y las recomendaciones que de él se deriven, nos ayudarán en el logro de una sociedad más justa, más inclusiva y más tolerante.

Con este mismo propósito, me complace anunciar, finalmente, la decisión de Chile de formular una invitación abierta y permanente a todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para que visiten nuestro país.

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